Empresa
Alberto Barranco
El Universal
Jueves 26 de agosto de 2010
Encerrados a piedra y lodo para preparar “estrategias” para burlar recursos legales de empresas inconformes con el esquema en que se planteó la licitación 21 del espectro radioeléctrico de la banda de 1.7 GigaHercios para telefonía celular, los funcionarios han optado por la política del avestruz.
De hecho, el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, es decir el responsable de cuidar el sano desarrollo de la actividad aeronáutica, ha colocado el tema en calidad de tabú. No entrevistas. No pronunciamientos. No le muevan.
Del tamaño de la omisión habla la salida al ruedo de la tradicionalmente tímida secretaria de Turismo, Gloria Guevara, planteando la exigencia de que las líneas aéreas contraten un seguro que proteja a pasajeros contra eventuales quiebras.
La cerrazón de la dependencia contrasta con la rapidez con que reaccionó para bajar del aire a Aviacsa ante las primeras señales de deterioro financiero, a riesgo, incluso, de provocar un alud de problemas a pasajeros con boleto en mano.
Ahora que el espeso silencio de la SCT podría apuntar a evitar preguntas incómodas, por ejemplo, bajo qué bases se prorrogó el 17 de mayo pasado por 30 años la concesión en que opera Mexicana Click, en un escenario en que la Ley de Vías Generales de Comunicación obliga a calibrar en la fase previa la solvencia financiera no sólo de las líneas aéreas, sino del grupo al que pertenecen.
Más allá, por qué, como lo advertimos en este espacio y lo acaba de reiterar el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se permitió a los accionistas de Mexicana de Aviación debilitar a ésta para favorecer a sus filiales Click y Link, en la “estrategia” de sacarlas a flota cuando se hundiera el barco nodriza.
Y si le seguimos, sobre qué bases se otorgó una suerte de carta de buena conducta de la empresa aérea para avalar, primero, el préstamo de 965 millones de pesos que le otorgó el Banco Nacional de Comercio Exterior, y luego la posibilidad fallida de lanzar una emisión de deuda por 200 millones de dólares.
Adicionalmente, por qué Mexicana de Aviación no recibió la sanción que se le da en automático a otras empresas, es decir el corte de crédito, cuando se elevó al infinito su débito por concepto de combustibles o por operaciones de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
La deuda en este caso alcanza mil 300 millones de pesos.
Lo cierto es que hasta hoy la SCT ha sido omisa en responderle a las empresas que le embargaron nueve aviones a Mexicana de Aviación; a los bancos de Estados Unidos que le están aconsejando a sus empleados no volar por Mexicana de Aviación o Aeroméxico, dada, según ello, la precaria seguridad de sus aviones, o a las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos que pusieron en duda la solvencia del espacio aéreo mexicano.
El colmo del autismo de la dependencia, por más que desde Los Pinos se le haya dado la encomienda de mantener volando a Mexicana y sus filiales al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, llegó el omitir una opinión pública previa sobre la solvencia técnica de la llamada Tenedora K, es decir el grupo que adquirió a la firma en problemas.
¿Se trató de dejarle el paquete al espontáneo para permitirle todo el mérito… o toda la responsabilidad del escandaloso fracaso?
O qué, ¿la empresa descansa sólo en el sacrificio de los trabajadores? ¿No hay compromiso de los compradores? ¿No hay condiciones mínimas para garantizar una administración profesional?
Por lo pronto, más allá de la exigencia de la Tenedora K de despedir a todo el personal de la línea aérea para empezar de cero en materia de contrato colectivo de trabajo, está otra que solicita reducir a la mitad el débito con el gobierno, es decir el préstamo del Bancomext, las facturas por combustible y los servicios aeroportuarios, cuyo monto alcanza dos mil 100 millones de pesos.
¿Tampoco aquí va a opinar la SCT?
La política del avestruz.
Alberto Barranco
El Universal
Jueves 26 de agosto de 2010
Encerrados a piedra y lodo para preparar “estrategias” para burlar recursos legales de empresas inconformes con el esquema en que se planteó la licitación 21 del espectro radioeléctrico de la banda de 1.7 GigaHercios para telefonía celular, los funcionarios han optado por la política del avestruz.
De hecho, el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, es decir el responsable de cuidar el sano desarrollo de la actividad aeronáutica, ha colocado el tema en calidad de tabú. No entrevistas. No pronunciamientos. No le muevan.
Del tamaño de la omisión habla la salida al ruedo de la tradicionalmente tímida secretaria de Turismo, Gloria Guevara, planteando la exigencia de que las líneas aéreas contraten un seguro que proteja a pasajeros contra eventuales quiebras.
La cerrazón de la dependencia contrasta con la rapidez con que reaccionó para bajar del aire a Aviacsa ante las primeras señales de deterioro financiero, a riesgo, incluso, de provocar un alud de problemas a pasajeros con boleto en mano.
Ahora que el espeso silencio de la SCT podría apuntar a evitar preguntas incómodas, por ejemplo, bajo qué bases se prorrogó el 17 de mayo pasado por 30 años la concesión en que opera Mexicana Click, en un escenario en que la Ley de Vías Generales de Comunicación obliga a calibrar en la fase previa la solvencia financiera no sólo de las líneas aéreas, sino del grupo al que pertenecen.
Más allá, por qué, como lo advertimos en este espacio y lo acaba de reiterar el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se permitió a los accionistas de Mexicana de Aviación debilitar a ésta para favorecer a sus filiales Click y Link, en la “estrategia” de sacarlas a flota cuando se hundiera el barco nodriza.
Y si le seguimos, sobre qué bases se otorgó una suerte de carta de buena conducta de la empresa aérea para avalar, primero, el préstamo de 965 millones de pesos que le otorgó el Banco Nacional de Comercio Exterior, y luego la posibilidad fallida de lanzar una emisión de deuda por 200 millones de dólares.
Adicionalmente, por qué Mexicana de Aviación no recibió la sanción que se le da en automático a otras empresas, es decir el corte de crédito, cuando se elevó al infinito su débito por concepto de combustibles o por operaciones de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.
La deuda en este caso alcanza mil 300 millones de pesos.
Lo cierto es que hasta hoy la SCT ha sido omisa en responderle a las empresas que le embargaron nueve aviones a Mexicana de Aviación; a los bancos de Estados Unidos que le están aconsejando a sus empleados no volar por Mexicana de Aviación o Aeroméxico, dada, según ello, la precaria seguridad de sus aviones, o a las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos que pusieron en duda la solvencia del espacio aéreo mexicano.
El colmo del autismo de la dependencia, por más que desde Los Pinos se le haya dado la encomienda de mantener volando a Mexicana y sus filiales al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, llegó el omitir una opinión pública previa sobre la solvencia técnica de la llamada Tenedora K, es decir el grupo que adquirió a la firma en problemas.
¿Se trató de dejarle el paquete al espontáneo para permitirle todo el mérito… o toda la responsabilidad del escandaloso fracaso?
O qué, ¿la empresa descansa sólo en el sacrificio de los trabajadores? ¿No hay compromiso de los compradores? ¿No hay condiciones mínimas para garantizar una administración profesional?
Por lo pronto, más allá de la exigencia de la Tenedora K de despedir a todo el personal de la línea aérea para empezar de cero en materia de contrato colectivo de trabajo, está otra que solicita reducir a la mitad el débito con el gobierno, es decir el préstamo del Bancomext, las facturas por combustible y los servicios aeroportuarios, cuyo monto alcanza dos mil 100 millones de pesos.
¿Tampoco aquí va a opinar la SCT?
La política del avestruz.
