El día de ayer, los grupos parlamentarios del Congreso, se pronunciaron con respecto a la venta de Aeroméxico, así como lo que fue el remate de Cintra. Dentro del debate que se presentó, se centra la importancia que debiera tener la industria aeronáutica en nuestro país, así como la normatividad que sigue haciendo falta, en beneficio de los mexicanos que emplean ese medio de transporte del País.
Por supuesto que no podía faltar, el diputado que pretendió dejar la sensación, de que todo estaba bien, y de mayor risa, cuando expresó, "que gracias a ellos, se logró un mejor pago por Aeroméxico".
De verguenza francamente, que también se aventara a citar las reuniones que se celebraron en la legislatura 59, porque en esas reuniones se había publicado el punto No. 18, mediante el cual se asentaba, que no existirían modificaciones en las condiciones y derechos de los trabajadores, hecho, que hasta hoy, NADIE HA HECHO VALER.No en vano, en mayo del 2006, el Diputado González Schaml, presentó otro punto de acuerdo:
PUNTO DE ACUERDO:UNICO.- Se cite al Secretario del Trabajo, Licenciado Francisco Javier Salazar Sáenz en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para que responda acerca de su participación en la enajenación de Mexicana y la garantía de los derechos laborales de su personal, así como las acciones a seguir para la defensa de éstos derechos frente a la amenaza del Grupo Posadas; solicitándole además que rinda cuentas de la violación de los derechos a una pensión digna que dicha empresa está ejerciendo sobre las sobrecargos jubiladas.Palacio Legislativo a 29 de Mayo de 2006. Dip. Jesús González Schmal.
Si dieran calendarios, en el Congreso, por la cantidad de puntos de acuerdo que se tienen que presentar, por ese deporte nacional e incultura legal, de "irse por la libre", posiblemente Mexicana tendría problema de espacio, para colocar tantos, ¿ o no?
Me dicen que Tomás del Toro no era precisamente el mejor representante de los trabajadores en Aeroméxico, y que en sus tiempos, los trabajadores tuvieron que publicar varias gacetas, mediante las cuales, denunciaban la forma en qué se conducía, en perjuicio, del trabajador. En cuanto me compartan esa información, la publicaré en éste espacio, para ver el ayer y el hoy, del diputado que está de representante en la Cámara de Diputados.
Bien dejaré ahora, la versión estenográfica del tema de Aeroméxico, y el posicionamiento, de cada grupo político:
El siguiente punto del orden del día es: comentarios en relación en relación a la venta de Aeroméxico a Banamex.
Se han inscrito para participar en este tema: el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, el diputado Jacinto Gómez Pasilla, el diputado Pablo Arreola Ortega, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, el diputado Jesús Ramírez Stabros, el diputado Raymundo Cárdenas Hernández y el diputado Tomás Del Toro del Villar.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Consejo Coordinador Empresarial durante las elecciones presidenciales de 2006 encabezó una campaña sucia para enlodar al candidato Andrés Manuel López Obrador.Fue el Consejo Coordinador quién lanzó la consigna que Andrés Manuel era un peligro para México. Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y el club de ricos y dueño del país…
Le pagaron el favor a José Luis Barraza González, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el club de ricos y dueños del país, cediéndoles Aeroméxico en menos de la mitad de lo que nos costó rescatarlo.El gobierno ya nos pegó con el gasolinazo, está preparando la venta del petróleo y de la electricidad y ya nos dio otro golpe con nuestra mayor línea aérea. Para quienes no lo sabemos, con 70 aviones, 300 vuelos diarios, el 19.3 del total de vuelos nacionales e internacionales, servicios de carga, centros de capacitación y vuelos de bajo costo, resulta que Aeroméxico es la mayor aerolínea del país y era nuestra.
Muchos países conocen la importancia estratégica de mantener el control de su espacio aéreo, pero el gobierno, con una ligereza que da mucho qué pensar, entregó el patrimonio del pueblo de México al capital extranjero, pues como todos sabemos, Banamex no es más que una fachada.Las leyes del IPAB y del Mercado de Valores no pueden estar por encima de la Constitución y ésta impone un deber de cuidado a los gobernantes para no despilfarrar los recursos públicos. ¿Por qué en lugar de vender la compañía por medio de la Bolsa de Valores, no se siguió el procedimiento y se subastó públicamente? ¿Por qué no se licitó mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes?
La venta del consorcio Aeroméxico estuvo arreglada para beneficiar al grupo patrocinado por Banamex y al gobierno le urgía concretar la operación.Pero hay otras preguntas. ¿De dónde obtuvo recursos Banamex, si su matriz tiene serios problemas de cartera vencida en Estados Unidos? ¿Por qué se admitió la oferta de una institución que se benefició del rescate bancario?De acuerdo con la ley, la operación debió efectuarse mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes ya que el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del IPAB define que el lapso máximo de venta de los activos en poder del instituto es de cinco años. Este plazo venció en 2004. ¿Por qué vendió el IPAB?
Y, ¿por qué así? Nada más falta que el precio de Aeroméxico se esté pagando con dinero de ese rescate.Los funcionarios del gobierno del cambio se aprendieron bien la fórmula que nos aplicaron cuando se vendió Banamex y nos volvieron a hacer la misma jugada. El 18 de octubre se vendieron 586 millones 198 mil 208 títulos accionarios, lo que significó algo más de mil millones y medio de pesos.Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿saben cuánto se va a pagar de impuesto por esta operación? Ni un peso.
Es nuestro deber, compañeras diputadas y compañeros diputados, servir como verdaderos representantes populares y ser contrapeso al saqueo y al abuso del poder del Ejecutivo.Defendamos lo nuestro. Que se investigue el fondo de la venta de Aeroméxico. Muchas gracias, Presidenta.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la competencia suscitada entre particulares por el consorcio integrado por las empresas Aeroméxico, Aerolitoral, Aeromexpress, Seat, Alas de América y Sabre, generó diversas controversias en torno al proceso, condiciones y oferta de venta, así como el destino tanto de la operación de la empresa, como de sus trabajadores.
La importancia del caso reside en que, como todos sabemos, Aeroméxico es una de las compañías líderes en el mercado de la aviación mexicana, con amplia presencia internacional, por lo que no podía ni debía de ser ofertada a un precio por debajo de su valor real.Dado lo anterior, en el grupo parlamentario Nueva Alianza, como promotores de la libre y sana competencia, en su momento exhortamos a las autoridades competentes a que vigilaran el procedimiento de compra-venta de esta empresa, en especial en lo que respecta a las disposiciones relativas a la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Cabe resaltar que esta proposición fue asumida por la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara y aprobada por el pleno de la misma.Hoy, habiéndose concretado el proceso, reconocemos que se hayan respetado las disposiciones preventivas para la creación de monopolios, así como los derechos sindicales de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y que se haya avanzado en la transparencia del proceso a través de la información pública del mismo, aunque aún no es suficiente.
Sin embargo, reprobamos el precio final de venta. Basta decir —y sólo para efectos de comparación— que Gayosso, una empresa funeraria, se vendió en 67.9 millones de dólares más que Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, que fue vendida en 249.1 millones de dólares a Banamex y el grupo de compradores privados.Es por ello que a fin de garantizar su competitividad exhortamos a que los nuevos dueños garanticen la cobertura de rutas, procurando su ampliación, y la persistencia de Aeroméxico como una compañía representativa del interés nacional.
Las experiencias pasadas, como la venta de Mexicana de Aviación, han demostrado que no basta cubrir el precio de compra sino garantizar que se haga frente a la creciente competencia, las obligaciones laborales y los altos costos de combustibles, más ahora con el reciente incremento al diesel y a las gasolinas, evitando también que los adquirientes busquen posteriormente devoluciones de una parte de lo pagado.
Nueva Alianza exhorta al gobierno federal a que continúe, en el ámbito de sus atribuciones, vigilando el respeto a las condiciones laborales de los trabajadores de dicha aerolínea de las diversas organizaciones que los representan, así como garantizar la plena transparencia en futuras enajenaciones que pudieran darse por parte del gobierno federal. Agradezco su atención.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En días pasados se concretó la venta de la línea aérea Aeroméxico, a través del proceso de enajenación efectuado por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.La transacción fue realizada por la cantidad de 249 millones de dólares, siendo el grupo ganador el encabezado por el grupo financiero Banamex.
Hay muchas dudas respecto del proceso de enajenación de esta empresa.Es preciso recordar que cuando acudió a comparecer el titular del IPAB señalamos que en el proceso de venta de esta empresa se percibía que pudiera haber conductas constitutivas de tráfico de influencias y además también de corrupción, que nacen desde el momento mismo en que la Comisión Federal de Competencia aprobó la asignación para el Grupo Saba por un importe de 100 millones de pesos.
Dicha cifra a todas luces es notoriamente inferior al valor en libros de todas estas acciones y mucho menor al valor que tiene en el mercado. Las acciones tienen un valor en libros de cuatro pesos por cada una de ellas, dándonos un total de 330 millones de dólares, mientras que el Grupo Saba las iba a comprar a 1.10 pesos por acción, para dar un total de 100 millones de dólares. A simple vista había una diferencia no explicada de 230 millones de dólares.No hay duda de que el mencionado grupo empresarial iba a obtener una ganga que despertó la codicia y la ambición de otros grupos de inversionistas, entre ellos el liderado por Banamex, que de entrada ofreció 150 millones de dólares, todavía muy por debajo del valor de libros que maneja dicha empresa.
Al final de cuentas, la oferta ganadora no cubrió el valor en los libros de acciones. Esto es, se vendió por debajo de su valor.Como los mexicanos hemos atestiguado que el IPAB es especialista en malbaratar los activos que administra, como ocurrió con la venta que se dio de las viviendas a los hijos de Martha Sahagún, son comprensibles nuestras dudas de lo que pueda ocurrir en Aeroméxico.El desempeño del IPAB en la recuperación de activos deja mucho que desear.
Existen cifras oficiales que demuestran que del total de activos que administró el IPAB, no se recuperó ni el 10 por ciento de su valor. Ello demuestra que desde el inicio de la enajenación de los activos del IPAB, la tendencia es "la casa siempre pierde" con cargo al patrimonio de los mexicanos. Muy al contrario de lo que sucede en los casinos.Es necesario recordar que en esta licitación se detectan conductas sospechosas.
¿Cuáles son las que nosotros detectamos? Uno. La enajenación se da antes de que entre en vigor la reforma que grava el IETU, la enajenación de acciones. Lo que tratan de evadir es el pago de este impuesto.
Dos. Se vende a un banco cuyos dueños son extranjeros y que, además, fueron parte de las instituciones de crédito saneadas por el IPAB. Por ese simple hecho, las reglas de esta institución prohíben vender activos a quienes han caído en el esquema de insolvencia y de saneamiento.
Tres. Nunca entregó al despacho de Mackey, auditor del Fobaproa, toda la información de autopréstamos, créditos relacionados y créditos sin garantía que sus funcionarios se auto otorgaron. La Ley de Inversión Extranjera establece una participación al capital extranjero hasta del 25 por ciento en el capital de las empresas de esto tipo, y esto no se está cumpliendo y no se está respetando en esta transacción.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está en contra de que los activos de la nación sean privatizados, máxime cuando se trata de un área altamente sensible para la seguridad nacional.Solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación audite el proceso de venta de Aeroméxico.
Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario Convergencia.El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeros y compañeras, hace unos días pudimos presenciar un capítulo más de la extraña relación entre poder y dinero. Todos fuimos testigos de la venta de la aerolínea más importante —hasta entonces en manos del Estado— a favor de uno de los grupos con mayor poder económico. Aeroméxico fue vendida dejando en su operación una larga lista de interrogantes.
¿Por qué se vendió mediante oferta pública y no mediante subasta o licitación pública? ¿Por qué se vendió a Grupo Banamex, si estaba impedido por haber sido saneado con recursos públicos? ¿Por qué en un precio evidentemente muy por debajo del valor real de la aerolínea? ¿Por qué a José Luis Barraza, autor de la campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se trata de un pago de facturas? Lo anterior, no obstante que el consorcio Aeroméxico opera una flota de 70 aviones tipo Boeing y realiza cerca de 300 vuelos diarios; cuenta con una subsidiaria, Aerolitoral, y tiene una participación de 50 por ciento en una empresa de servicios terrestres con activos por 10 mil 713 millones de pesos —unos 980 millones de dólares.
La venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares es una transacción que ha despertado obviamente suspicacias ya que después de sucesivas ofertas —la penúltima oferta se presentó poco antes de que se cerrara el plazo y que la última se hizo llegar una vez fenecido el término, según se dijo, dos minutos después—, se entrega la línea aérea en un proceso poco transparente.La venta de Aeroméxico refleja la poca pulcritud observada en todo el proceso pues pasó de una devaluación planificada de los activos de Cintra, hasta la venta de Mexicana y Aeroméxico, que en conjunto —según dijo aquí el subsecretario Decker—, en aquel entonces valían unos 800 millones de dólares, a principios de 2005, y terminaron siendo rematadas en 165 millones, Mexicana, y 249 Aeroméxico; esto es, en aproximadamente la mitad de su valor real.
Ello constituye un quebranto mayúsculo al erario, que confirma la falta de transparencia con que ha operado el IPAB: rematando los bienes rescatados con dinero público por medio del Fobaproa.En conjunto sólo se ha recuperado 30 por ciento del valor de tales activos y ello no sólo ha representado una cuantiosa pérdida para las finanzas de la nación, sino también una oportunidad para la realización de negocios fáciles para los compradores.Las sospechosas condiciones de la venta deben ser revisadas a fondo por todas las instancias, incluyendo obviamente el Congreso de la Unión.
Tenemos una clara violación a la Ley del IPAB. Independientemente del monto que ofrecieron por el consorcio Aeroméxico, tanto la familia Saba como el Grupo Banamex estaban impedidos por la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, para adquirir mediante subasta —o cualquier otra forma— algún activo proveniente del rescate bancario.
Baste recordar que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer un Programa de Enajenación de Bienes con el cual se llevarían a cabo todas las operaciones de ventas de activos que realiza ese instituto, estableciendo que no podrán constituirse como oferentes y adquirientes las personas físicas que en su carácter de accionistas de una institución que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero, en términos del artículo séptimo transitorio de la ley, o implementados por el instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Como aquí se ha señalado también, hay un posible pago de facturas. Llama la atención que una gente que en su momento fue José Luis Barraza, promotor de una serie de spots de radio y televisión que costaron aproximadamente 130 millones de pesos en contra de López Obrador, haya resultado premiado con esta oferta.Otro elemento que ha motivado suspicacias es el relativo al anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informando que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos.
Ésta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles.Por lo anterior, en Convergencia tenemos claro que la operación de venta de Aeroméxico a Banamex violó el marco legal del IPAB y obviamente es impugnable jurisdiccionalmente.Representó pérdidas para las finanzas públicas; permitió un trato privilegiado a Banamex frente al universo de los contribuyentes; el costo para el Fobaproa e IPAB por saneamiento de Mexicana y Aeroméxico fue de más de 500 millones de dólares y después de casi ocho años se recuperaron sólo 350 millones de dólares; y favoreció a un grupo como posible pago de facturas por apoyos recibidos en el pasado proceso electoral.
En ese sentido, Convergencia aplaude la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos, y demanda que la Auditoría Superior de la Federación haga lo propio para investigar el manejo poco claro, que desde su constitución se hizo, de los recursos de Cintra; el proceso de venta de Aeroméxico; el posible menoscabo para las finanzas públicas, y en consecuencia, la cancelación de la licitación hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad de la operación de venta.Por su atención, muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la aeronáutica comercial en nuestro país se ha caracterizado por un avance muy lento en la transportación de personas y de carga en territorio nacional e internacional.Asimismo, debemos reconocer que la aviación comercial nacional padece un problema de estructura, así como un retraso en materia de concesiones y operación de las empresas.
En concreto, México carece de una verdadera política aeronáutica. Ante este panorama desolador debemos agregar la falta de transparencia en el ejercicio de la función pública, concretamente nos referimos al reciente proceso de venta de una empresa estratégica debido a que es la aerolínea mexicana más importante del país y la tercera de Latinoamérica.Compañeros legisladores, el proceso de venta de Aeroméxico se ha caracterizado por una falta de seriedad y aún cuando se ha manifestado que se dio estricto cumplimiento al procedimiento establecido en las leyes del Mercado de Valores y de Protección al Ahorro Bancario, quedan ciertas dudas que deberán ser esclarecidas por los titulares de las diversas secretarías involucradas en el proceso de venta.
Sabemos que diversos funcionarios del gobierno federal han manifestado que la venta de Aeroméxico al fideicomiso Banamex no deja lugar a dudas y que fue, incluso, hasta impecable; pero claro, qué podíamos esperar.Primero les perdonamos el pago de los impuestos en la compra-venta del banco, ahora se les dan todas las facilidades para que se queden con la línea aérea más importante de la nación.
Estaremos atentos a ver qué otro favorcito se les ofrece a los señores de Banamex.Sin embargo, quedan ciertas dudas que el pueblo de México demanda despejar, a fin de conocer los verdaderos alcances jurídicos, financieros y administrativos de esta operación.Compañeros diputados, no estamos en contra de que se creen las mejores condiciones para los usuarios mexicanos del servicio aéreo, ya que el país requiere de aerolíneas que trabajen reconociendo la necesidad de fortalecerse y trabajar en puntos del país que requieren más competencia y competitividad en transporte aéreo.
Lo anterior con el fin de establecer un mercado aeronáutico nacional abierto a la competitividad y con tarifas justas para los usuarios.Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista se manifiesta a favor del esclarecimiento y solicita a la Comisión de Vigilancia realice los trabajos para que se dé a conocer de manera detallada el proceso de venta de Aeroméxico, así como la nitidez de la intervención del gobierno federal. Por su atención, muchas gracias.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI. El diputado Jesús Ramírez Stabros: Compañeras y compañeros, mucho daño le han hecho a México los procesos de concesión y privatización de empresas públicas que quedaron marcados.Por la sospecha ante la creciente polémica que ha generado la venta de Aeroméxico, resulta de la mayor importancia conocer el proceso y los términos en que fue hecha la subasta.
Se cuestionan por esta venta, como lo hemos estado escuchando, una venta que debiese ser clara y tersa en el mandato que tiene el IPAB, se cuestionan incluso hasta las campañas presidenciales. Eso cuesta al país un debate y eso cuesta al país, en sospechas y en suspicacias de proceso, que no son claros.Una encuesta realizada y expresada en medios nacionales de comunicación el pasado 27 de octubre revela que 63 por ciento de los entrevistados piensa que en la venta de Aeroméxico hubo "mano negra" y 48 por ciento cree que la venta fue para pagar los spots en contra de un ex candidato a la presidencia.
Hablar del tema del sector aeronáutico del país, compañeras y compañeros, es sin duda hablar de la crisis estructural del mismo, del abandono y de la pérdida del potencial que nuestro país tiene y que es aprovechado por otros.La venta de Aeroméxico pone al descubierto la poca seriedad y hasta el desprecio que se tiene por la materia aeronáutica en este país, por los trabajadores que trabajan en la industria y por los usuarios.
Estimamos que el proceso que concluyó con la venta de la aerolínea más importante de este país tiene diversas cuestiones de omisión por parte de algunas dependencias del gobierno federal que se mantuvieron al margen del asunto, argumentando falta de atribuciones o falta de facultades, por lo que podrían estar incurriendo en omisiones.Me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la de la Función Pública, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la propia Comisión Federal de Competencia, por lo que pudiera estar actuando por omisión y en consecuencia incumpliendo el mandato del artículo 109 constitucional que es muy preciso en el sentido de que todas las autoridades deben de actuar en absoluta responsabilidad en los asuntos que le han sido encomendados.
Estamos de acuerdo que en el servicio de transporte aéreo de nuestro país es una concesión que se otorga por el Estado, para ser administrada por particulares. Sin embargo en éste como en otros casos, se presenta una serie de dudas que tendrán que ser aclaradas.Por esa razón nos ha sorprendido y preocupado el argumento de que se otorgó mandato a Nacional Financiera para que junto con el IPAB, llevar a cabo la enajenación de Aeroméxico. Lo que se vendió la semana pasada compañeros, no fue una tienda departamental, sino una concesión otorgada por el Estado Mexicano en términos de transporte público federal y que ocupa y opera el 40 por ciento de la aviación de este país.Las acciones que se pusieron a la venta no tienen ningún valor ni tendrían ningún valor si no fuera por la concesión que tiene y de que goza, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En otras palabras, es la concesión de Aeroméxico lo que vale y es responsabilidad ineludible de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.En este tema va a dar mucho de qué hablar y se trata de subir a la agenda nacional el asunto de la aviación nacional. Dentro de unos días nos van a anunciar también el asunto de la terminal dos y la inauguración pomposa que se va a hacer de la terminal dos del aeropuerto de la ciudad de México.Terminal que costó ocho mil millones de pesos al erario y esa terminal no resuelve los problemas aeronáuticos del país, como no resuelven los problemas aeronáuticas del país por haber puesto a subasta una empresa como Aeroméxico, sin consultar, sin especificar, sin darle una conducción de transporte público federal, sin darle una conducción de política pública aeronáutica.
Nadie en este recinto, nadie en el gobierno federal pueden garantizar que Aeroméxico va a poseer inversiones. Que Aeroméxico va a respetar las fuentes laborales. Que Aeroméxico va a dar la cara por el país hacia el futuro.La venta de Aeroméxico, por otro lado, en términos legales como ya lo mencionaron varios partidos aquí con el tema del decimotercero transitorio de la Ley del IPAB, que ya había vencido el fideicomiso más el 109 constitucional en términos de omisiones por parte de funcionarios y dependencias del gobierno, debe ser forzosamente aclarado en esta Cámara de Diputados.
Por ello, mi fracción parlamentaria pide a la Comisión de Vigilancia entre al tema, a través de la Auditoria Superior de la Federación, y genere a partir de esta situación, un proceso de transparencia para el país; pero sobre todo, que esta Cámara de Diputados ingrese al tema de la aeronáutica nacional, del proceso que México debe vivir de transformación de esta industria y que demos al país y a los usuarios, de este país, acceso, y demos al país competitividad, y demos al país posibilidades de crecer y de mantenerse en el contexto nacional con la aviación nacional.Señores, muchas gracias por su atención.
Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD. El diputado Pablo Trejo Pérez: Compañeras y compañeros, no es la primera vez que ocurre en México que empresas, una vez saneadas, son puestas a la venta. Recordemos el polémico caso de la banca mexicana rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro —ahora IPAB— y vendida en un 90 por ciento a extranjeros.Habría que hacer un recuento. En 1995 las instituciones financieras mexicanas acreedoras de Aeroméxico convirtieron 100 por ciento de su deuda por 90.8 por ciento del capital social; y en 1996 hicieron lo mismo con Mexicana; es decir, la banca pasó de acreedora a accionista mayoritaria de ambas empresas.
Pero lo grave vino después, cuando la banca tuvo que ser rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya historia es de todos conocida.El problema —esta vez— es la evidente violación a la Ley del IPAB, que entre otras cosas prohibe que una empresa rescatada con fondos públicos —como lo fue Banamex— compre a otra, que también fue rescatada, como es el caso de la aerolínea.Aeroméxico durante los últimos 14 años ha sobrevivido entre fraudes administrativos, deudas bancarias, capitalizaciones, saneamientos públicos. Era de los últimos activos en poder del gobierno federal, cuyo rescate financiero, junto con la aerolínea Mexicana, costó alrededor de 515 millones de dólares y cuya venta asciende a la mitad, considerando, además —como ya lo señalaron quienes me antecedieron— que es una concesión del Estado y que representa 40 por ciento del espacio aéreo.
Por otro lado, no es coincidencia que al grupo encabezado por José Luis Barraza González se le adjudicara la compra de Aeroméxico, sobre todo, porque no es la primera vez que este personaje aparece en el acontecer nacional.Algunos datos. En el discurso se esgrime que el IPAB fue claro en la aplicación de las reglas que establece la Ley del Mercado de Valores y del propio instituto, de los dos contendientes: Banamex versus Saba.La oferta de la familia Saba llegó 2 minutos después del vencimiento del plazo, o sea a las 4:02 de la tarde; por ello se adjudicó la operación al grupo de empresarios que participa en Banamex.
Las dos ofertas más altas son la de Grupo Saba y la de Banamex, con un diferencial de algunos centavos.Cabe señalar que la propuesta —como ya lo hemos señalado— simple y sencillamente se retrasó por unos minutos. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? La venta del consorcio de Aeroméxico, como estamos viendo, pues estuvo arreglada. ¿Y arreglada para qué? Para beneficiar fiscalmente al grupo patrocinado por Banamex, al evitar que los pasivos de la empresa, que alcanzan los 400 millones de dólares, fuesen susceptibles del pago al impuesto empresarial tasa única.En la subasta debió dejarse fuera a Banamex, ya que es un banco beneficiado con el rescate bancario y maneja recursos de sus usuarios, por lo que está impedido legalmente para realizar operaciones que pongan en riesgo dicho capital, pues de incurrir en un quebranto, afectaría a los ahorradores.
Entonces, se debiera interrogar al Banco de México sobre el monto de las reservas que se exigieron a Banamex para garantizar las posibles pérdidas en operaciones riesgosas. Mientras que al IPAB hay que interrogarle sobre las investigaciones que debió llevar a cabo esa instancia, para verificar que las personas que conforman el grupo ganador no hayan sido las mismas que causaron un quebranto multimillonario a bancos rescatados por ese Instituto, y si se investigó la posible participación en la compra de acciones de personas que fungieron como puente con personas inhabilitadas para adquirirlas.
Mientras que a la Secretaría de Hacienda hay que interrogarle sobre la medidas que tomó para evitar que los compradores sean prestanombres de responsables de quebrantos del sistema financiero, entre otras causales.Todos los accionistas ganadores son beneficiarios de un subsidio federal. Varios funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex. Se adquirieron acciones a nombre de terceros y nuevamente, una empresa fue adquirida sin que la cabeza visible del grupo beneficiado cuente con la solvencia técnica, financiera y moral para la adquisición.Concluyo, diputado Presidente. De nueva cuenta tenemos ante nosotros un ejemplo de cómo se puede torcer la ley a favor de quienes, en su momento, apoyan a un candidato presidencial. Muchas gracias.
Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Tomás Del Toro del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN.El diputado Tomás Del Toro del Villar: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados, a ver, debo manifestar como antecedente que, esta soberanía registró en la LIX Legislatura una serie de comparecencias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados respecto a la venta de Mexicana.La coordinación y participación del Poder Legislativo se atendió a través de las comisiones permanentes y no especiales, para que no se distorsionara el trabajo parlamentario.
Esta Cámara en la LIX Legislatura recibió en múltiples ocasiones la visita de funcionarios del IPAB y trabajadores por la venta del grupo aludido. Por lo tanto, si esta coordinación se dio en términos de un esquema de licitación, en caso de Grupo Mexicana, no debe ser obstáculo el estribillo de presunta accesibilidad pública a la información, cuando se trata de un esquema que se supone a todas luces más transparente.
La venta del Consorcio Aeroméxico, se trata de la recuperación de recursos públicos, que de lo contrario se verían obligados a pagar los contribuyentes en tiempos en los que el Estado requiere más dinero.Si bien la información es pública y los medios de comunicación escrita registraron dos meses de intensa cobertura sobre las ofertas públicas de adquisición, el Poder Legislativo cumplió cabalmente sus facultades constitucionales de fiscalización.En cumplimiento a estas responsabilidades, en todo caso concurrimos las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el día 26 de septiembre del presente año, para plantear nuestros cuestionamientos, posicionamientos y señalamientos respecto al proceso de enajenación del activo más importante del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el Consorcio Aeroméxico.
Los grupos parlamentarios, sin abstracción, planteamos la necesidad de valorar, sí, los pasivos del consorcio, pero sobre todo, los activos y los intangibles, comparando en todo momento el proceso de licitación de 2005 que concluyó el 2006 en el caso de Mexicana de Aviación.Fuimos imparciales en la valoración de la información. Esta comparecencia de tres horas se acredita en la versión estenográfica y en los documentos que todos los legisladores que acudimos a esta responsabilidad, contamos, y consta de 21 fojas.
Fuimos exitosos en el terreno de recuperar la mayor cantidad posible en esta venta, ya que de 99 millones de dólares de la oferta inicial, gracias a nuestra intervención y actuaciones, el consorcio fue enajenado por la cantidad de 249.1 millones de dólares. Es decir, 150 por ciento más del precio inicial, garantizándole al contribuyente tanto el cumplimiento de la ley, como a los trabajadores estabilidad, ya que el comprador estaría lejos de una simple operación financiera de haberla adquirido a un precio menor, contribuyendo al beneficio de las familias de los trabajadores que dependen de esta actividad altamente tecnificada.En todo caso, los diputados fuimos capaces de dar cauce a un sinnúmero de cuestionamientos y dudas.
Hoy estamos convencidos que este proceso garantizó imparcialidad de parte de los legisladores, porque fuimos capaces de abstraernos de la contingencia de posturas mercantiles que pretendían defender legítimas posiciones de lucro.Si hoy estas actuaciones evidentes resultan insuficientes, debemos reconocer que algunos fuimos entonces incapaces de acreditar las pruebas de las nuevas imputaciones que hoy se señalan. Tampoco se ejerció en tiempo el derecho de retener el proceso.
Estamos en la cultura de que sobre hechos consumados vienen las críticas infundadas como parte de la comentocracia. Rechazamos cualquier pretensión de uso político del cumplimiento de la ley. No podemos ni debemos violar nuestra institucionalidad y de insistir en los supuestos que se han ventilado recientemente, debemos dar cauce a los planteamientos por vía del órgano competente de conformidad con el artículo 79 constitucional.
La entidad de fiscalización superior de la Federación cuenta con autonomía técnica de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y decidir en su organización interna funcionamiento y resoluciones.Por lo que respetuosamente propondría que las inquietudes que hoy súbitamente se presentan, sean canalizadas a través de la Comisión de Vigilancia para ser respetuosos de las normas jurídicas que nos hemos dado, y ésta en un plazo perentorio emita la resolución correspondiente.Para el grupo parlamentario de Acción Nacional esta venta es un ejemplo de transparencia y acceso a la información.
Y creo que debemos canalizar todos nuestros esfuerzos a la evolución de la industria y propugnar por la actualización y la existencia de una política aeronáutica de Estado con visión de largo plazo. Muchas gracias por su atención.
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