La
novedad es que hace exactamente una semana el Tercer Tribunal Colegiado
del Distrito Federal dejó sin efecto la suspensión del periodo de
conciliación de Compañía Mexicana de Aviación que en febrero del año
pasado decretó el juez Felipe Consuelo Soto.
El asunto es trascendental porque la responsable del Concurso Mercantil, Edith Encarnación Alarcón Meixueiro,
ya no tiene fundamento legal para seguir ampliando extemporáneamente el
tiempo de la conciliación, que conforme a la ley no debió rebasar los
360 días.
Dicho de otra forma, la titular del Juzgado Undécimo en Materia
Administrativa de la Ciudad de México tendría que decretar la quiebra de
la aerolínea. La togada va a ser notificada hoy por el Juzgado Décimo
Tercero de Distrito, el que había dado la razón a Consuelo Soto.
Fue justamente éste último juez el que desestimó el amparo, que en su momento promovieron el Bancomext, ahora a cargo de Enrique de la Madrid; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que dirige Alfonso Sarabia, y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Salvo a ASA, que lleva Gilberto López Meyer, el juez
Décimo Tercero rechazó los demás amparos. De ahí saltó al Tercer
Tribunal que es ahora el que repuso el proceso argumentando que no se
justificó la suspensión de la conciliación por supuestamente existir un
potencial inversionista.
Recuerde que Consuelo detuvo “el reloj judicial”
bajo la creencia de que había un interesado que requería más tiempo
porque ya se estaba arreglando con los acreedores. La mejor prueba de
que no era cierto fue que Bancomext, el AICM y ASA se ampararon siete
meses después.
La nueva disposición judicial que hace latente la declaración de
quiebra viene antecedida de otro par de eventos relevantes tendientes a
transparentar el estatus del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), como es el
hecho de la posesión de sus acciones de control.
Y es que la misma jueza Alarcón promovió una diligencia judicial de inspección tanto en Grupo Financiero Banorte, que preside Guillermo Ortiz Martínez, y que comanda Alejandro Valenzuela, como en Corporación Gastelum, del abogado Jorge Gastelum.
La juzgadora vía el secretario de acuerdos Alán Vázquez,
visitó Banorte el 29 de marzo pasado, reunión en el que le abrieron los
libros contables para constatar que tiene dadas en garantías las
acciones de NGA por una línea de crédito que otorgó.
El caso de Gastelum fue todavía más relevante porque
históricamente se ha cuestionado cómo se hizo de la mayoría de los
acciones de NGA. El abogado suscribió de tiempo atrás un acuerdo privado
con Tenedora K para asumirlas en un precio simbólico de mil pesos.
El mismo secretario de acuerdos pudo tener acceso el 2 de marzo
pasado a los convenios por los que se traspasaron 29.57% de Posadas de Gastón Azcárraga, 20.84% de Ángel Losada y 9.26% de IXE que administraba Enrique Castillo Sánchez Mejorada, principalmente.
Pero también 4.75% de Verónica Hernández Ramírez, hermana del accionista de Banamex; 4.55% de Laura Diez Barroso; 5.89% de Juan Gallardo; 5.32% de Eduardo Ovejas; 4.79% de Ricardo Stella y Javier Amtmann, y 0.86% de Bernardo Minkow.
El caso es de lo más actual ahora que todo se perfila a una quiebra.
