Campal en Mexicana
Hace unos días la estridencia de un grupo de jubilados de Mexicana de Aviación llegó a las puertas de la Secretaría del Trabajo con una queja a cuestas. La gritería hablaba de que un despacho de abogados pretendía embargarles las pensiones caídas en opción de recobrarse
El clamor fue recogido por el subsecretario del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez, quien de bote-pronto les ofreció la protección de la dependencia, lo que aplacaría los ánimos.
El índice apuntaba al despacho de razón social Connection México Global, encabezado por Juan Iván Peña Neder, a quien le habían revocado su representación en los litigios.
Lo curioso del caso es que éste había ganado ya un recurso legal que le había permitido a jubilados y extrabajadores activos de la línea aérea declarada en quiebra obtener un recurso para cubrir siete meses y medio de salarios.
Lo curioso del caso, además, es que una audiencia donde se ventilaba la posibilidad de otra recuperación de recursos por la venta de activos de la empresa, fue rota por la irrupción de un grupo de integrantes del Barzón Popular.
Los insultos contra el síndico de la empresa, Alfonso Ascencio Triujeque, caían como lluvia pertinaz.
Y lo curioso, finalmente, es que al despacho de abogados no se le retiró la representación de los dos eventos cruciales del pleito.
El meollo del asunto remite a una división al fragor de una lucha que ha dejado ya en la secuela 11 muertos, algunos por causas imputables a la tensión de años de espera por la justicia.
Desde un ángulo están 313 de los 453 trabajadores jubilados que habían contratado originalmente al despacho, en un escenario en que los abogados más prestigiados se negaban a patrocinar la querella por temor de toparse con exfuncionarios coludidos en el expediente, o con amigos poderosos.
A la lucha se sumaron pasantes de derecho de la UNAM con más afán de justicia que ambición económica. De hecho, apenas ha salido para sus camiones.
En la otra esquina están los restantes 140, a quienes lidera, justo, el dirigente del Barzón Popular, cuyo primo, José Roberto Morales Maguey, encabeza un despacho de abogados, exactamente el que pidió revocar la representación de Peña Neder.
Este grupo maneja la cafetería que la desesperación de los jubilados había instalado en el aeropuerto ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México. El representante directo de los jubilados es Fausto Guerrero Díaz.
En un tercer plano están los tres sindicatos de la empresa, es decir la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y el que agrupa a los trabajadores de tierra.
Estos reciben, de acuerdo al convenio establecido, una parte de las utilidades del taller de mantenimiento de aviones de la empresa MRO, el único negocio en marcha tras la quiebra, cuya administración se le otorgó a los tres principales deudores de la línea aérea, es decir el Banco Mercantil del Norte, el Banco Nacional de Comercio Exterior y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
En la intrincada lucha por la justicia, los jubilados se toparon con un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que les negaba su derecho de participar en la litis bajo el argumento peregrino de no ser trabajadores de la empresa.
Este fue derribado por un amparo.
Como lee usted, lejos de cerrarse el expediente turbio desde el momento en que el presidente de la empresa, Gastón Azcárraga Andrade, decidió abandonar la nave, éste se enreda más y más.
¿Cuántos muertos habrá que seguir contabilizando en la larga lucha?
