26 julio 2016

Campal en Mexicana

ALBERTO_BARRANCO

Campal en Mexicana

Hace unos días la estridencia de un grupo de jubilados de Mexicana de Aviación llegó a las puertas de la Secretaría del Trabajo con una queja a cuestas. La gritería hablaba de que un despacho de abogados pretendía embargarles las pensiones caídas en opción de recobrarse
El clamor fue recogido por el subsecretario del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez, quien de bote-pronto les ofreció la protección de la dependencia, lo que aplacaría los ánimos.
El índice apuntaba al despacho de razón social Connection México Global, encabezado por Juan Iván Peña Neder, a quien le habían revocado su representación en los litigios.
Lo curioso del caso es que éste había ganado ya un recurso legal que le había permitido a jubilados y extrabajadores activos de la línea aérea declarada en quiebra obtener un recurso para cubrir siete meses y medio de salarios.
Lo curioso del caso, además, es que una audiencia donde se ventilaba la posibilidad de otra recuperación de recursos por la venta de activos de la empresa, fue rota por la irrupción de un grupo de integrantes del Barzón Popular.
Los insultos contra el síndico de la empresa, Alfonso Ascencio Triujeque, caían como lluvia pertinaz.
Y lo curioso, finalmente, es que al despacho de abogados no se le retiró la representación de los dos eventos cruciales del pleito.
El meollo del asunto remite a una división al fragor de una lucha que ha dejado ya en la secuela 11 muertos, algunos por causas imputables a la tensión de años de espera por la justicia.
Desde un ángulo están 313 de los 453 trabajadores jubilados que habían contratado originalmente al despacho, en un escenario en que los abogados más prestigiados se negaban a patrocinar la querella por temor de toparse con exfuncionarios coludidos en el expediente, o con amigos poderosos.
A la lucha se sumaron pasantes de derecho de la UNAM con más afán de justicia que ambición económica. De hecho, apenas ha salido para sus camiones.
En la otra esquina están los restantes 140, a quienes lidera, justo, el dirigente del Barzón Popular, cuyo primo, José Roberto Morales Maguey, encabeza un despacho de abogados, exactamente el que pidió revocar la representación de Peña Neder.
Este grupo maneja la cafetería que la desesperación de los jubilados había instalado en el aeropuerto ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México. El representante directo de los jubilados es Fausto Guerrero Díaz.
En un tercer plano están los tres sindicatos de la empresa, es decir la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación y el que agrupa a los trabajadores de tierra.
Estos reciben, de acuerdo al convenio establecido, una parte de las utilidades del taller de mantenimiento de aviones de la empresa MRO, el único negocio en marcha tras la quiebra, cuya administración se le otorgó a los tres principales deudores de la línea aérea, es decir el Banco Mercantil del Norte, el Banco Nacional de Comercio Exterior y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
En la intrincada lucha por la justicia, los jubilados se toparon con un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que les negaba su derecho de participar en la litis bajo el argumento peregrino de no ser trabajadores de la empresa.
Este fue derribado por un amparo.
Como lee usted, lejos de cerrarse el expediente turbio desde el momento en que el presidente de la empresa, Gastón Azcárraga Andrade, decidió abandonar la nave, éste se enreda más y más.
¿Cuántos muertos habrá que seguir contabilizando en la larga lucha?

Corre a contrarreloj terminal de NAICM

Corre a contrarreloj terminal de NAICM
Alan Miranda
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El edificio terminal será una de las estructuras más complejas del nuevo aeropuerto. Foto: Archivo
Cd. de México, México (26 julio 2016).- La empresa o el consorcio que gane la licitación para construir el edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) no tendrá margen para retrasos.

Los trabajos deberán ser entregados el 27 de septiembre de 2020, apenas un mes antes de la fecha escogida por el Gobierno federal para el arranque de operaciones del nuevo aeropuerto: el 20 de octubre de ese mismo año.

La convocatoria para este concurso público internacional señala que las obras deberán comenzar el 17 de enero de 2017 y tendrán una duración de mil 346 días naturales.

Octavio Mayen, encargado de Comunicación Corporativa del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), empresa de participación estatal mayoritaria que emite las licitaciones y coordina el proyecto, explicó que este plazo toma en cuenta posibles imprevistos.

"Dentro de la planeación, se consideran algunos márgenes, pero no tenemos problemas. Hasta ahorita, todo está como estaba programado y así se considera que se va a realizar", dijo a REFORMA.

Augustine Ubaldi, experto en ingeniería aeroportuaria y ferroviaria de Robson Forensic, dijo que sí existen ejemplos de obras concluidas a tiempo y en presupuesto -aunque citó el caso del Empire State, en Nueva York-, pero reconoció que es común que los grandes proyectos sufran retrasos y cuesten más de los proyectado.

En México, las megaobras suelen tener retrasos de 19 meses y sobrecostos de 34 por ciento, en promedio, de acuerdo con un análisis realizado en 2014 por el despacho de ingeniería Felipe Ochoa y Asociados Consultores (FOA), con datos de la Auditoría Superior de la Federación sobre 53 obras de más de 100 millones de pesos, construidas entre 1999 y 2010.

Junto con las pistas, la terminal de pasajeros es una de las obras más importantes y costosas del proyecto aeroportuario, alrededor de unos 70 mil millones de pesos, según las ofertas finales que presenten las empresas, según Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructura del GACM.

Sólo para 2017, la obra cuenta con un presupuesto de 11 mil millones de pesos.

Tendrá una superficie total de 76 mil metros cuadrados, contará con 94 posiciones para aeronaves, para atender a 68 millones de pasajeros anuales en su primera etapa.

Para participar, las constructoras deben demostrar que tienen experiencia en terminales con capacidad de al menos 15 millones de pasajeros anuales y podrán concursar todas las empresas con la que México tiene tratado, de lo contrario deberán asociarse con mexicanas.


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