México Abierto, aviación oscura
Por: Rosario Avilés OpiniónMiercoles 14 de Marzo de 2007 Hora de publicación: 00:45
La semana de México Abierto es una iniciativa para promover la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Aunque esta aspiración no se agota en los límites de esta semana (del 11 al 17 de marzo), pues es un trabajo en el que miles de ciudadanos y periodistas estamos empeñados como condición indispensable para profundizar nuestra democracia, esta semana en lo particular se dedica a ello y se trata de que nuestros gobernantes, y todos aquellos que hacen uso de cualquier recurso público, sean sujetos del escrutinio de la ciudadanía, condición sin la cual toda referencia a la democracia se queda en demagogia.
En este sentido, la aviación mexicana no sólo se encuentra en el más grande bache de su historia, sino que las decisiones que se toman, sean de largo alcance o de cuestiones de operación diaria, permanecen en la más grande oscuridad.
Nadie sabe por qué se decide abrir el mercado doméstico a una competencia despiadada, ni con qué criterios ni bajo qué compromisos se venden las empresas aéreas, ni qué arreglos se han hecho para debilitar a sus sindicatos, de los pocos que tienen una vida democrática que mucho abonaría a este país en lugar de matarlos utilizando todas las artimañas del autoritarismo que supuestamente se ha desterrado.
Hace meses, algunos sobrecargos pidieron al IPAB información sobre las condiciones en las cuales fue enajenada Mexicana de Aviación.
La única respuesta que han recibido es que no existe un contrato de venta ni, al parecer y en contra de lo declarado por quien lo encabeza, Mario Beauregard, en la Cámara de Diputados, se les exigió sostener las condiciones laborales que la aerolínea había pactado con sus trabajadores.
Silencio detrás de la línea: Ni el IPAB, ni Hacienda, ni Luis Téllez Kuenzler parecen existir en el mundo del transporte aéreo, aunque esté desapareciendo nuestra industria de aviación.
Mientras tanto, Mexicana de Aviación no sólo ha planteado un conflicto de orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se ha dicho que ésta será una prueba para el gobierno de Felipe Calderón.
Pero será más que una “prueba” en el sentido de qué tan duro o blando es; será una prueba de hasta qué punto los principios de justicia que el PAN de sus fundadores enarbolaba y las promesas de empleo de su campaña son verdaderos o no.
Para muestra, está el caso de la sobrecargo Lilián Beltrán, quien no sólo ha sido amenazada con una rescición de contrato derivada de su activismo a favor de la integridad del contrato colectivo, sino que fue boletinada al Instituto Mexicano del Seguro Social para que no se le den incapacidades, a pesar de que ha sufrido dos accidentes de trabajo, uno derivado de las condiciones deplorables del aeropuerto internacional de la ciudad de México y otro, el más grave, resultado de un incidente en un aterrizaje en que su columna vertebral sufrió lesiones.
El caso de esta sobrecargo es proverbial de lo que ocurre al interior de la empresa que alguna vez fue sostenida con la fuerza de sus trabajadores a pesar de los avatares económicos.
Si el gobierno de Felipe Calderón permite que este tipo de amenaza se cumpla impunemente, estará capitulando de un ideario que fue sostenido durante más de 60 años por quienes pensaban que el respeto al trabajo y la transparencia eran criterios indispensables para la vida democrática de México.
(Al menos eso nos enseñaron en nuestras casas.)
Otro tanto sucede con los aeropuertos. En el de la ciudad de México nadie sabe cuándo terminarán las obras de ampliación, qué afectación habrá, por ejemplo, con la construcción del trenecito y la operación de las pistas.
El organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, con el pretexto de medidas de seguridad nacional, ha reservado toda la información que permitiría dilucidar qué tipos de incidentes se dan en la operación y la manera de evitarlos, porque, más que interesarles la seguridad, les interesa mostrar números que avalen su certificación, a costa de ocultar lo que verdaderamente ocurre.
Otro caso más, en el cual Luis Téllez es como inexistente, es el del aeropuerto de la Riviera Maya, proyecto de Fernando Chico Pardo, quien encabeza ASUR y cuya construcción debería contar con el aval de la Comisión de Competencia, pues compite directamente con Cancún, que es parte del grupo. SCT prefiere desaparecer del mapa y seguir ejerciendo la política del “Yo-ni-me-entero” para que nuestra aviación continúe en el declive que la lleve a su total debacle.
Si Pedro Cerisola comenzó a dinamitar a nuestra industria, Téllez terminará de barrer lo poco que nos queda, por omisión y falta de interés. Ojalá que iniciativas como México Abierto contribuyan a impedir que la secrecía y la oscuridad sigan campeando en los sectores productivos. Nuestra aviación ha sido construida a lo largo de un siglo entero a costa de muchos recursos públicos. Merecemos información y cuentas claras.
E-mail: raviles_2@prodigy.net.mx
