El apoyo de casi 2,600 millones de pesos que destinarán a resarcir el daño
ocasionado a los poco más de 6 mil ahorradores defraudados por la sociedad
dirigentes sociales como una medida de rescate privado con fondos públicos,
en detrimento de otros mexicanos desfalcados en cajas de ahorro.
Critican que pese a sufrir la pérdida de su patrimonio, un número importante de
personas no ha recibido este tipo de respaldo por parte del
gobierno federal.
Una vez que el Senado de la República apruebe como se prevé la
Ley de Ahorro y Crédito Popular —ya avalada por la Cámara de Diputados—,
los ahorradores que invirtieron hasta 999 mil pesos recuperarán su dinero,
lo que expertos consideran como una injusticia, pues no se puede hacer una distinción
entre “defraudados de primera y de segunda”, es decir, apoyar a unos sí y a otros no.
Resaltan que el caso Ficrea evidenció la pobre supervisión de las sociedades
financieras populares (Sofipo) por parte de las autoridades responsables de
regularlas, por lo que urgieron a evitar que haya impunidad y se castigue a los
responsables.
Omisiones
El desvió de poco más de dos mil 700 millones de pesos por parte del socio
mayoritario de Ficrea, mediante la triangulaciónde recursos de los ahorradores a
varias empresas, puso al descubierto en el sistema financiero mexicano el mayor fraude
hasta el momento en las sociedades financieras populares.
A principios de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó
irregularidades en Ficrea, como proporcionar información falsa, a partir de lo cual se le
otorgó una prórroga para poner en orden sus estados financieros y operaciones.
Sin embargo, ese lapso fue utilizado por los directivos de la Sofipo para continuar con
sus operaciones fraudulentas, de acuerdo con representantes de los ahorradores afectados,
quienes responsabilizan de manera directa a la CNBV de no actuar a tiempo ya que tiene
las facultades para supervisar y conoció a tiempo las irregularidades de la sociedad
financiera.
Después de varios meses, finalmente la CNBV intervino a Ficrea el 7 de noviembre,
a partir de lo cual cuando se conoció la magnitud del fraude cometido en contra de más
de seis mil ahorradores por un monto cercano a los dos mil 700 millones de pesos.
Fuerte debate
La magnitud de las irregularidades cometidas por Olvera Amezcua provocó la necesidad de
crear una nueva legislación que permitiera una mayor y mejor supervisión de este tipo de
figuras y con ello evitar fraudes como el de Ficrea, caso emblemático que llevó a los
legisladores federales a reconocer la necesidad de contar con mejores reglas para la
operación de las Sofipo.
En medio de intensos debates por la falta de supervisión de las autoridades encargadas de
velar por el buen funcionamiento de estas instancias de ahorro, la
Cámara de Diputados aprobó el 21 de abril el dictamen que expide la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual establece el desembolso de casi dos mil 600
millones de pesos que serán destinados para resarcir a la mayoría de los defraudados de
Ficrea.
Si bien las modificaciones fueron aprobadas por 282 votos a favor, 50 en contra y
nueve abstenciones, se suscitó un fuerte debate en tribuna durante más de cuatro horas
por el rechazo de un amplio sector de diputados que se opusieron al rescate de los
ahorradores con fondos públicos.
El coordinador de la fracción del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que su
partido se opondría al desembolso de recursos públicos ya que hay cientos de personas
en otras entidades que también han sido defraudados por cajas irregulares y que no han
recibido la misma atención que se ha puesto para el caso Ficrea.
“Unos sí, otros no”
Anaya expuso que los diputados del grupo parlamentario del PAN votarían en contra del
rescate de esta Sofipo debido a que los defraudados no son los únicos en todo el país, ya que “solo en Oaxaca hay 70 cajas de ahorro con defraudados”.
Además, los ahorradores de Ficrea contaban con un seguro de depósitos hasta por 132
mil pesos, con lo que “40% del universo de ahorradores está cubiertos en su totalidad”,
resaltó el líder panista.
A su vez, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, del partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), aseguró que la solución que se le da al conflicto de Ficrea es un “parche”
que está lejos de fortalecer un marco regulatorio para el sector popular.
Nuevas disposiciones
Entre los principales puntos de las modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular a
partir del caso Ficrea, los fondos de protección encargados de resarcir a los ahorradores
tanto de Sofipos como de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps)
serán administrados por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB);
se fortalecen las facultades de supervisión de la CNBV para estas entidades de ahorro y
crédito popular; y se elimina la supervisión auxiliar hacia estos intermediarios.
Además, las Socaps como las Sofipos no podrán captar más de dos millones de pesos por
persona física y 7.5 millones de pesos por persona moral, y se mantendrá la protección
a los ahorradores de estas figuras hasta 131 mil pesos por depositante, así como el
desembolso del gobierno federal hasta por dos mil 600 millones de pesos con el fin de
que resarcir a los más de seis mil 800 afectados por la sociedad financiera popular Ficrea.
Criterio discriminador
Durante un mitin realizado afuera del Senado por organizaciones de defraudados por
diversas cajas de ahorro popular, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, afirmó
que con la llamada Ley Ficrea el gobierno federal se empeña en hacer parches y enmiendas
que están muy lejos de otorgar una supuesta certeza jurídica.
Aseguró que desde un principio quedó claro que lo acontecido en Ficrea no fue
producto de una falta de regulación, mucho menos producto de que no existan
lineamientos de supervisión si no el verdadero problema fueron las omisiones cometidas
por los funcionarios supervisores de la CNBV.
Recalcó que con los quebrantos y fraudes bancarios que se han dado en el país, la
totalidad del sector cooperativo ha pasado a ser perjudicado un vez más y la reforma que
es discutida en el Senado no hay duda que fue motivada por el quebranto o fraude de Ficrea.
El legislador añadió que otro aspecto que de ninguna manera tolerarán es el hecho de que
se intente institucionalizar un criterio arbitrario y discriminador bajo el cual existen
defraudados de primera y defraudados de segunda.
“Si a los defraudados de Ficrea se les dará solución en poco más de tres meses con dinero
del Fideicomiso Pago (Fipago), entonces, ¿por qué no habría de pagarse a 100% de
los ahorradores defraudados que se encuentran en la misma situación que Ficrea?”,
cuestionó.
Riesgos del rescate
El respaldo a los ahorradores de Ficrea, advierten los analistas consultados, es de alto
riesgo para las finanzas públicas porque no solo se están destinando recursos públicos
sino que puede abrir las puertas o otros rescates mayores, como el que realizó el
gobierno mexicano a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa)
por la crisis de 1995 y que constituye un hecho muy doloroso para los mexicanos.
Tan solo a mediados de 2001 los pasivos del Fobaproa ascendían a 754 mil
761 millones de pesos, en tanto que los intereses anuales que deberán pagarse por este
adeudo alcanzan los 15 mil millones de pesos.
El de Mexicana de Aviación, línea aérea que dejó de operar en 2015, es otro caso de
malos manejos de una empresa privada que dejó sin empleo a más de
ocho mil trabajadores.
El gobierno mexicano rechazo en reiteradas ocasiones rescatar a la aerolínea, con el argumento de que se trataba de una empresa privada, misma que podría buscar préstamos para tratar de salir de su problema. Ahora, en cambio, el Legislativo impulsa la
llamada Ley Ficrea, que bien podría convertirse en otro Fobaproa.
Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM Violeta
Rodríguez del Villar, es injusto, ya que por un lado no se atiende el problema cuando se
trata de salvar a trabajadores; y, por otro, tampoco se atiende otros problemas de las
finanzas públicas, porque se utilizan los recursos para este tipo de salvamento
proveniente de un fraude.
Pese a estos graves riesgos, legisladores como el senador panista Javier Lozano y la
senadora perredista Dolores Padierna, apoyan estas medidas en beneficio de los
ahorradores defraudados con recursos públicos.
En este sentido, Gerardo Esquivel, investigador en Economía del Colegio de México,
considera que el esquema presentado en la Cámara de Diputados para hacer
modificaciones a la ley que rige a las Sofipo es un rescate de los ahorradores
defraudados por Ficrea con dinero público, lo que en su opinión equivale a un nuevo
Fobaproa.
Esquivel hace ver que un detalle curioso del rescate a los ahorradores de Ficrea es que
los legisladores que más impulsaron esta modificación son los mismos que antes se
habían opuesto a este tipo de esquema, como Javier Lozano cuando fungió como secretario
del Trabajo.
Apoyo injusto
La economista Rodríguez del Villar afirma que en el caso Ficrea no se cumplió con
procedimientos preventivos para evitar que se realizaran operaciones fraudulentas
e insiste en que apoyar a los ahorradores defraudados de Ficrea “es una situación
injusta en el sentido de que se están utilizando fondos públicos, sobre todo considerando
que se trata de solventar los costos de un problema de fraude”.
La catedrática explica que el gobierno debería perseguir el delito y no permitir la
impunidad, porque al fin y al cabo este costo para el erario se realiza castigando objetivos
de gobierno que son igual de apremiantes o inclusive más.
Añade que el otro argumento es la cantidad de persona afectadas, y si bien es un grupo
grande, “cuando uno coloca sus ahorros está asumiendo un riesgo y en este caso ellos
no están pagando el costo de ese riesgo que asumieron”.
Concluye que en términos económicos y sociales es injusto el rescate y no debería
haberse aprobado un apoyo de este tipo si se toma en cuenta la situación de las finanzas
públicas que se encuentran en una situación difícil, con problemas de recorte
presupuestal, caída de los precios del petróleo y el aumento del tipo de cambio, entre otras
dificultades que enfrenta el país
