Empresa
POR: ALBERTO BARRANCO
OTRA VEZ MEXICANA
Alcanzada hace unos días por los sindicatos de la línea aérea, campanazo inesperado, la suspensión del proceso de quiebra de Mexicana de Aviación en la mira de anularlo, el síndico de éste, Alfonso Ascencio Triujeque, está impugnando la resolución emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y avalada por un tribunal fiscal.
El principal argumento del que fuera abogado de la línea aérea Volaris, habla de que la Ley de Concursos Mercantiles, a cuya vera se planteó la quiebra vía una resolución de la juez Edith Alarcón, es de interés público.
Del otro lado de la mesa, se plantea que también la Ley Federal del Trabajo y el Código Fiscal de la Federación tienen el mismo rango, lo que les da jurisdicción para suspender la ejecución de sentencias fiscales y laudos.
El síndico se queja también de que no puede suspenderse la ejecución de sentencias con amparos, salvo excepciones en apelación, distinguiendo entre un juicio natural y uno de amparo.
En abundancia habla de que se le fijó a los sindicatos una raquítica fianza, por más que el costo de suspender la quiebra es menor que el de mantener su ejecución.
En la danza están en juego bienes de la compañía aérea que a juicio de los trabajadores se estaban malbaratando.
El caso más patético es de los slots o sitios de despegue y aterrizaje que la empresa tiene en Estados Unidos.
La pretensión es vender los más de mil 200 existentes en mil millones de dólares, en un escenario en que American Airlines vendió 34 en 420 millones de dólares.
La manzana de la discordia, pues, es de miles de millones de pesos.
Y aunque el alegato de Triujeque habla de que la quiebra se daría en beneficio de los acreedores, lo cierto es que a éstos, empezando por el fisco y siguiendo por los ocho mil 500 trabajadores de la línea aérea y jubilados, lo peor que les puede pasar es que la empresa se quede sin concesión.
En la ruta había un inversionista con opción de adquirir a la compañía, bajo la condición de que se le reintegrara la firma de mantenimiento MRO, la única empresa que se mantuvo en marcha tras la salida de las pistas.
Como usted sabe, en la fase previa a la declaración de quiebra la instancia se había desincorporado de su masa crítica, capitalizándola sus acreedores, es decir, Banorte, Banamex y el aeropuerto "Benito Juárez" de la ciudad de México.
Bajo la nueva estructura corporativa se creó un fideicomiso que en el papel avalaría el pago de indemnizaciones a los trabajadores… a condición de que levantaran de la mesa todas las demandas contra la empresa.
El jaque contra la resolución de quiebra se inició el 31 de octubre del año pasado, cuando el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Aviación, Servicios y Similares, Miguel Ángel Yúdico Colin, le envió un escrito a la Junta Especial número tres de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
En éste se recordaba que la empresa estaba emplazada a huelga, por lo que los activos deben quedar en posesión del patrón para garantizar pagos a trabajadores.
El texto aludía a que se había iniciado ya el remate de los bienes de la línea aérea, empezando por las posiciones que mantenía en el aeropuerto de la Habana y cerrándose las que tenía en Canadá.
De acuerdo con la ley no se pueden vender activos cuando una empresa está sometida a un procedimiento judicial.
La presión de los sindicatos, el de tierra, el de pilotos, el de sobrecargos, apunta a hacerse efectivo el convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo, que previene la adjudicación de los bienes tangibles o intangibles a los trabajadores mediante un procedimiento de pronto pago.
El jaloneo será de escándalo.
