A 6 años de la quiebra intencional de Mexicana de Aviación: “El Gobierno dio la orden”

 
 
 
 
 
 
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MÉXICO. —El 28 de agosto de 2010, más ocho mil trabajadores y trabajadoras de Mexicana de Aviación —entonces la aerolínea más antigua de México con 98 años de vuelo—, fueron echados a la calle con total impunidad ¿La razón? Un fraude cometido por el entonces dueño de la empresa, Gastón Azcárraga, decretaba que la compañía estaba en quiebra y no podía seguir operando. Pero la historia es mucho más que eso. Detrás de la liquidación, se encuentra la privatización del espacio aéreo mexicano, y su renta a aerolíneas del extranjero. Se trata de otro caso donde el interés capitalista, con el amparo del sistema político, hace negocio con la soberanía de un país, a costa de la vida y bienestar de la clase trabajadora y sus familias.
Pero los seis años transcurridos a la fecha han pesado. De las y los 1,300 sobrecargos que inicialmente se sumaron a la protesta, sólo quedan 100 exigiendo que se les liquiden con entre 150 mil y 200 mil pesos que les deben, según la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Una de ellas es Ximena Garmendía, ex secretaria de Actas y ex integrante del Comité Directivo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), quien afirma que, si les liquidaran conforme al contrato que seguía vigente al tiempo del cometerse el fraude y quiebra de Mexicana de Aviación, a cada trabajador y trabajadora les tendrían que pagar alrededor de 1 millón de pesos. Algo que no ocurrirá —dice—, porque “el Gobierno se ha lavado las manos”.
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Ximena Garmendía, ex integrante del Comité Directivo del Sindicato de Sobrecargos durante una de las protestas por la quiebra de Mexicana de Aviación. FOTO: Cortesía
De por sí la historia de la quiebra de Mexicana es “bizarra”, dice Garmendía, en una conversación con BUITRE. Han pasado seis años y las cosas se han enredado a tal punto que muchas de las personas afectadas, han optado por desistir. La empresa dueña original, Grupo Posadas, propiedad del empresarioGastón Azcárraga, extrajo de Mexicana de Aviación más de 100 millones de pesos a través de un Fideicomiso, según documentó la Procuraduría General de la República. Para el 2009 el Gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, a través del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, reunió a los Sindicatos de Sobrecargos, Pilotos y de Tierra, para avisarles, entre otras cosas, que una de las dos más grandes aerolíneas del país, Mexicana y Aeroméxico, iba a desaparecer, tomando como pretexto la crisis económica en el sector derivada de otra crisis, la de pasajeros por culpa de la epidemia de influenza H1N1 desatada en esa época.
“Pensábamos que sería Aeroméxico, que en ese entonces tenía muchos problemas económicos. Nunca nos imaginamos que seríamos nosotros”, me comenta Garmendía, cuyo rostro se convirtió en una de las imágenes icónicas de caso, cuando fue retratada por la revista Proceso con la mirada al cielo inundada de rabia y lágrimas en una de las acciones contra el fraude que estaba cometiéndose en su contra, y el de miles de colegas más. Desde entonces edita el blog “Sobrecargo informa”, desde el cual ha documentado, prácticamente a diario, la cronología del conflicto.
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Garmendía acusa directamente al Gobierno de México de ser “corresponsable de la debacle” de Méxicana de Aviación, al haber “fraguado la quiebra”. Y agrega: “Ellos dieron la orden de bajarnos de vuelo”.
Sólo crearon un monopolio privado, Aeroméxico, y a través de él se aprovecharon de la desesperación de las y los afectados de Mexicana. Les ofrecieron contratos más baratos, con jornadas laborales de hasta 15 horas de vuelo al día.
Hoy, de quienes eran 1, 300 trabajadores del Sindicato de Sobrecargos que Garmendía dirigía, ya 800 se sumaron a Aeroméxico, gracias a que los actuales dirigentes sindicales se encargan de “endulzarles el oído” para que no exijan sus liquidaciones. El resto, ese grupo indomable de 100, optaron que el valor de su dignidad era mayor y, aunque actualmente trabajan en nada relacionado con la aviación o se dedican al trabajo doméstico, continúan peleando por sus derechos ante la actual administración presidencial que “sólo se dedica a patear el problema”. Pero continúan –argumenta Garmendía–, porque “la quiebra de Mexicana es fraudulenta, y no debe quedar impune”.