14 octubre 2014

DEL CORREO DEL BLOG

Algo más que “debilidad institucional”
por  Guillermo Fabela Quiñones
13 Octubre 2014 00:00
Revista Enlace México
Es incuestionable que México vive en estos momentos algo más que una crisis generalizada, como lo patentiza la grave inestabilidad política y el estancamiento económico, problemas ambos con gravísimas consecuencias que confluyen en una sola dirección: la ingobernabilidad incontrolable que cada día se incrementa e influye en la desmoralización de la ciudadanía. Aun así, la élite oligárquica sólo sigue pensando en apuntalar sus negocios y privilegios, como si el país atravesara por un periodo de paz social y desarrollo pleno.

Un claro ejemplo: Miguel Alemán Velasco, hijo de quien inició el resquebrajamiento del proyecto social de la Revolución Mexicana en gran escala, con el objetivo de estrechar una alianza estratégica con Estados Unidos y asegurar que nuestro país se olvidara de ideas reivindicatorias; no conforme con la riqueza acumulada desde los años cuarenta, el ex gobernador de Veracruz y ex accionista de Televisa, dueño de múltiples empresas, entre las que destaca Interjet, ahora quiere quedarse con Oceanografía, la compañía proveedora de servicios de Pemex.

Seguramente lo habrá de conseguir, a pesar de los conflictos legales por los que atraviesa dicha empresa debido a la corrupción desmedida de su ex principal accionista y beneficiario de los hijos de Martha Sahagún, Amado Yáñez. No habrá nada que se lo impida, como nada impidió que Alemán Velasco creara la aerolínea Interjet, principal beneficiaria de la quiebra forzada de la compañía Mexicana de Aviación, que dejó en la calle a más de 15 mil trabajadores.

Para la cúpula empresarial México vive un periodo de bonanza, porque sólo tienen ojos para ver sus cuentas bancarias y sus utilidades en la bolsa. Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que reflejan sus crecientes privilegios, como lo han señalado diversos gobiernos y organismos extranjeros, los cuales han mostrado ya su profunda preocupación por las gravísimas violaciones a los derechos humanos de miles de mexicanos, y por los crímenes de lesa humanidad, cada vez más frecuentes, que se cometen en el territorio nacional. Sin embargo, para Enrique Peña Nieto sólo “se advierten señales de debilidad institucional”.

Así reaccionaba Porfirio Díaz, cuando por alguna distracción de sus ayudantes se enteraba de que la oposición a su gobierno empezaba a desbordar a los caciques regionales. “No pasa nada, las instituciones son muy fuertes”, solía decir, aunque cuando las cosas se complicaban al punto de que gobiernos extranjeros, principalmente el estadounidense, se enteraban de los conflictos, tenía el recurso de ordenar: “¡Mátenlos en caliente”. ¿Será acaso que ya hay una instrucción así surgida de Los Pinos y por eso suceden masacres como las de Tlatlaya e Iguala? En tanto el Estado de derecho siga en picada, hay margen para suponer eso y más.

Porque como lo señaló el director ejecutivo de la división de las Américas del organismo Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco: “El problema no es de Iguala, el problema es de México y el responsable último por la suerte, la seguridad y la vida de esos estudiantes (los secuestrados) es el gobierno federal, son las máximas autoridades mexicanas”. Añadió que “a las autoridades mexicanas les preocupa más la imagen de su gobierno que resolver la situación de los estudiantes secuestrados”, como así lo demuestran los hechos y la fuerza cada vez mayor del duopolio televisivo.

Podría decirse que, como van las cosas, no falta mucho para que con todo y los miles de millones de pesos gastados en propaganda engañosa, la ciudadanía empiece a organizarse y actuar sin miedo a represalias. Así lo demostró la agresión a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Zócalo, el miércoles, a pesar de que acudió para patentizar su solidaridad a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El motivo del ofuscamiento de los agresores es que el ex candidato presidencial es militante del PRD, cuya dirigencia está al servicio del grupo en el poder como está más que demostrado.

Como dijo el padre de uno de los normalistas secuestrados: “Sabemos quiénes se los llevaron; fueron los policías municipales y nos quieren hacer creer que fue el crimen organizado. No queremos engaños con las narcofosas”. La verdad acabará imponiéndose y no habrá una mínima viabilidad para más fraudes electorales. Si lo intentaran el próximo año, el país se moverá pero en defensa de sus legítimos derechos. El anhelo de justicia y democracia moverá a México, no la demagogia del régimen.

DE LA COLUMNA DE ROSARIO AVILÉS

  Opinión de
  (Rosario Avilés) 


Nuevas amenazas: banderas de conveniencia
Rosario Avilés | Opinión | Fecha: 2014-10-14 | Hora de creación: 21:38:25 | Ultima modificación: 01:04:16
Hace años que en el transporte marítimo se utiliza la figura de “bandera de conveniencia”. Esto implica que los barcos que se utilizan para el transporte de mercancías y de personas muchas veces son matriculados y abanderados en países cuyas regulaciones o bien son muy laxas, o sus esquemas fiscales los hacen similares a los paraísos que las autoridades hacendarias de todo el mundo dicen perseguir.

Este esquema ha hecho que la industria del transporte marítimo no sea precisamente el sector de más alta confiabilidad, sobre todo si los países donde se abandera la nave no tienen regulaciones estrictas. Y aunque el transporte marítimo y el aéreo se parecen, lo cierto es que el tema de la seguridad operacional en el aéreo es mucho más crítico que en el marítimo.

Quizás lo más importante es que el transporte aéreo ha hecho de la seguridad su razón de ser. La fórmula 90-9-1 (90 seguridad, 9 eficiencia y 1 confort) parece ser lo más atinado porque viajar en avión es más seguro aún que quedarse en casa, si atendemos a las estadísticas. En el 2013 la tasa de accidentes fue la más baja de la historia con un evento fatal por cada 2.4 millones de vuelos. En el 2014 no será igual, pues seguramente habrá que incluir a los accidentes de Malaysia Airlines, pero sus causas apuntan más a la interferencia ilícita que a la cuestión operacional en sí.

Los vientos desregulatorios en la aviación representan, sin embargo, una seria amenaza a este récord. A pesar de que tanto la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) han alertado sobre la amenaza que representa la práctica de la bandera de conveniencia en la aviación civil, hay países cuyas políticas son permisivas y suelen abanderar aeronaves de líneas de dudosa confiabilidad, en tanto que muchos países se hacen de la vista gorda cuando estas aerolíneas entran en su territorio.

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha analizado varios casos y está abriendo nuevas investigaciones sobre este tema. Los casos más sonados (y documentados) son lo de Noruega con Noruega Air Schuttle (NAS), Jetstar que pertenece a Qantas, pero está basado en Tailandia y Solinair, de Eslovenia, que presta servicios a UPS.

Lo interesante del caso es que muchas empresas respetables en sus países usan este tipo de servicios a través de subsidiarias de naciones permisivas y el fenómeno está cundiendo en los servicios de carga (¿por qué será que las cargueras se convierten en el Caballo de Troya para carcomer lo que debería ser una industria de altísimo nivel técnico y regulaciones impecables?).

Recordemos también ejemplos que estuvieron a punto de provocar un sismo en la Unión Europea cuando Ryan Air, de Irlanda, tuvo un verano farragoso en sus operaciones en España por sus prácticas que en el caso del combustible provocaron más de un aterrizaje de emergencia y la aparición de plagas de insectos en sus aviones por la falta de higiene, al grado que la ministra del Transporte se quejó ante la Comisión Europea.

La diferencia es que en los países desarrollados hay rendición de cuentas y no se permite la impunidad. Por eso muchos países están prohibiendo la entrada de estas aerolíneas “patito”. ¿Aprenderemos estas lecciones?

Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores  su patrimonio.
raviles_2@prodigy.net.mx

DEL CORREO DEL BLOG

Alertan de litigios por nuevo AICM


Víctor Fuentes
Cd. de México (14 octubre 2014).- Al planear construirlo en 4 mil 431 hectáreas de tierras federales del ex Lago de Texcoco, el Gobierno blindó el proyecto de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contra litigios judiciales, pero eso no quiere decir que la obra más importante del sexenio no enfrentará problemas en los tribunales.

Fernando Pérez-Correa, especialista en derecho mercantil e interventor del concurso de Mexicana de Aviación, detalló cuatro escenarios en los que el AICM podría ser motivo de juicios.

La conclusión es que, para los posibles inconformes, será extraordinariamente difícil lograr que el proyecto sea suspendido.

Controversia constitucional


Para que proceda controversia de algún municipio contra la Federación -probablemente Texcoco, gobernado por el PRD-, se debe impugnar un acto concreto que invada las atribuciones del Ayuntamiento.

No obstante ser terrenos federales, el Municipio podría exigir que se tengan que obtener permisos, autorizaciones y licencias locales, como licencia de funcionamiento mercantil para la operación del aeropuerto, visto bueno de protección civil o uso de suelo e impacto urbano municipal.

Así como autorizaciones para disposición final de residuos sólidos, licencia de construcción, alineamiento y número oficial, lotificación, constitución de condominios, subdivisión o fusión de predios, impacto vial, etcétera.

Las posibilidades de éxito serían bajas, pues el Gobierno argumentaría que las tierras le pertenecen y el Municipio no tiene jurisdicción.

Tal vez el argumento más sólido sería que los terrenos donde se asentará el aeropuerto forman parte de alguna reserva territorial o programa de ordenamiento ecológico o urbano dentro de los límites del territorio del municipio, y éste no quiera dar su autorización para el proyecto.

La Constitución faculta a los municipios para constituir reservas y planear el desarrollo sustentable en su territorio; sin embargo, el Gobierno podría replicar que al tratarse de terrenos federales, la rectoría en la zonificación del predio no es municipal.

Litigio agrario


Si alguna parte del inmueble formó parte de algún ejido, es posible que se presenten ante los tribunales agrarios demandas en las que se alegue una supuesta venta ilegal a la Federación, en las que se reclame la nulidad de los actos jurídicos previos a la venta.

La Federación podría argumentar que la compraventa de las tierras fue válida porque ya estaban desincorporadas del régimen de propiedad ejidal.

La probabilidad de éxito de este tipo de acciones dependerá de la validez de los actos jurídicos de desincorporación de las tierras ejidales y de las compraventas efectuadas.

En este tipo de juicios podría llegar a solicitarse la suspensión de la construcción del aeropuerto en lo que pudiera afectar al inmueble en disputa, pero con escasas posibilidades de obtenerla.

De concederse la suspensión, los ejidatarios tendrían que garantizar daños y perjuicios que pudieran causarse, los cuales serían muy altos.

Cabe mencionar que, en el acuerdo de destino de 4 mil 431 hectáreas a la Secretaría de Comunicaciones para este proyecto, publicado el 19 de septiembre, la Función Pública no mencionó que hubiera existido compra de tierras a ejidatarios ni particulares.

Acción colectiva ambiental


El Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce la posibilidad de reclamar la reparación de un daño ocasionado por la vulneración a derechos de un grupo de personas indeterminadas, entre ellos, el derecho a un medio ambiente adecuado.

Su viabilidad dependerá del acreditamiento de una conducta ilícita por parte de las autoridades encargadas de desarrollar el proyecto, así como el daño que se cause a una colectividad.

Para desestimar una acción colectiva, las autoridades demandadas deberán acreditar que su conducta se apega a la legislación aplicable y, por otro lado, que dicha conducta no fue la causa del daño sufrido por los demandantes.

La finalidad de este tipo de acciones es indemnizatoria, por lo que de proceder, no daría lugar a detener la construcción y operación del nuevo AICM.

Amparo colectivo


Desde abril de 2013, basta contar con interés legítimo para promover juicio de amparo, es decir, se puede aducir que se tiene un derecho que corresponde a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos sociales, que se refieren al consumo, al medio ambiente, a los problemas urbanos y al patrimonio artístico.

Cualquier persona que alegue una violación al derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, ocasionada por el desarrollo del nuevo aeropuerto, podría promover un amparo y solicitar una suspensión que de otorgarse, detendría el proyecto mientras no se dicte sentencia en el juicio.

Sin embargo, las posibilidades de que ello ocurra se estiman mínimas, pues no podría alegarse que dicha medida afecta el orden público, dado que el desarrollo del proyecto es del interés general.

Las posibilidades de éxito del juicio dependerían no sólo de acreditar que el proyecto afecta los derechos fundamentales de un grupo indeterminado de personas, sino también de que dicha afectación se llevó a cabo fuera de los límites legales.