09 junio 2009

AEROMEXICANA


Conferencia de prensa ofrecida por el Senador Graco Ramírez Garrido Abreu

Senador Graco Ramírez Garrido Abreu (GRGA). El día de hoy he enviado una carta a la responsable del IPAB, una carta al secretario de Hacienda y otra más al gobernador del banco de México, para que ellos tengan a bien responder el conjunto de preguntas que les estoy haciendo acerca de la venta de Aeroméxico.

La venta del Consorcio Aeroméxico “estuvo arreglada” para beneficiar al grupo patrocinado por Banamex. Al Gobierno de Felipe Calderón le urgía concretar la operación para evitar que se pagara el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), establecido en la reforma fiscal para las operaciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Las pérdidas de la empresa aeronáutica ascienden a 400 millones de dólares y no están definidas en el IETU, por eso la prisa, ya que en diciembre ya se habrían definido.

La venta de acciones en poder del IPAB se hizo con un “cruce protegido” para que la apertura y el cierre de la operación ocurrieran en menos de un minuto y sólo entrara en la puja el grupo elegido por Los Pinos, al que se le informó el día y la hora de la subasta.

En la subasta debió dejarse fuera a Banamex, ya que es un banco beneficiario con el rescate bancario. El dinero de Banamex es del público según la Ley de Instituciones de Crédito y por lo tanto no puede tener negociaciones riesgosas. De ocurrir un quebranto afectaría a los ahorradores. Banamex no es un ejemplo de un banco manejado de manera exitosa. Legalmente la operación debería de haberse realizado mediante el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pues el artículo 13 transitorio de la Ley del IPAB define que el lapso máximo de venta de los activos en poder del instituto es de cinco años. Ese plazo venció en 2004.

A pesar de ello, el IPAB operó la entrega de los activos de Aeroméxico. El proceso podría ser impugnado y anulado. Se repitió, el mecanismo para desincorporar Mexicana, en el cual no se indagó a fondo el origen de los fondos, y la venta de Banamex a City Group, en la que no se pagaron impuestos, pues la operación se hizo vía la BMV. Por Mexicana se pagó el 40% de la valuación más baja.

Detrás de la operación: sin duda un grupo encabezado por Banamex que, en forma inaudita, siendo un banco rescatado, participó en la operación. El mismo grupo de intereses que evitó que el país recuperara más de 2 mil millones de dólares en impuestos.

Banamex al ser rescatado y estar en el IPAB no podría intervenir en la compra de otro bien del mismo IPAB. Es un sujeto que recibió apoyos del IPAB, que recibe y mantiene pagarés intercambiados, pero que no son más que subsidios del gobierno federal.

Por tanto, ni Banamex, ni ninguno de los grupos afiliados a él ni ninguna otra persona interpósita o directamente debería de haber participado en el proceso.

José Luis Barraza, por sí solo no tenía la solvencia económica para adquirir una empresa de ésta naturaleza. En el pasado vivimos la experiencia de empresarios que compraron todo con crédito. Un requisito hubiera sido que participaran personas conocedoras del negocio aeronáutico y que tuvieran la solvencia técnica, financiera y moral para poder hacer la adquisición.

Todos los accionistas (por ejemplo: Los Canales Clariond y Valentín Díaz Morodo) son beneficiarios de un subsidio federal. Así que cualquiera de los accionistas de Banamex o de sus grupos afiliados, relacionados directa o indirectamente, estaban impedidos de participar. Por otra parte es importante decir que miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex, para ejemplo tenemos a los Señores Güemes y Del Cueto.

En su momento el PAN vendió a los empresarios el rescate bancario. No sólo muchos panistas destacados fueron rescatados, sino que hicieron un acuerdo para crear el IPAB, gracias a ellos empresarios panistas mantuvieran sus rescates en silencio, con toda la opacidad posible. Algunos todavía hacen negocios con el IPAB, el cual es copropiedad empresarial panista. El ex senador Fauzi Hamdan era abogado del instituto y patrocinaba a compradores. Los hermanos Bribiesca se dieron gusto, se les vendieron derechos litigiosos que les dió derecho de adquirir diversos inmuebles.

No nos quieren permitir saber quienes son los verdaderos dueños de “Aeromexicana”, mediante las operaciones financieras derivadas. A través de unos mecanismos llamados calls y puts se hacen de acciones sin que se sepa quién las compró originalmente, ya que no queda su nombre en el registro de accionarios. Como lo hizo María Asunción Aramburuzabala a nombre de Hernández en Televisa, para finalmente vendérselas al mismo. En la compra de Mexicana aparece Rogelio Azcárraga y en la de Aeroméxico connotados prestanombres también. La verdad de todo es que Roberto Hernández, es quien negoció millonarios recursos para la campaña de Felipe Calderón a cambio de ser el “Ganador”.

El dueño de Mexicana y de Aeroméxico es Roberto Hernández; Rogelio Azcárraga es el prestanombre de Mexicana y esta última operación que hicieron, en virtud de que hubo una puja de un Grupo Empresarial de Saba, los obligó a hacer la operación de último minuto.

Del sistema que han usado ello de “calls y puts” se hace mediante manejo electrónico, mantiene el anonimato de quienes están comprando acciones y esto permite darnos la certeza a nosotros de que y vamos a ver y a legislar para que esto no pueda ocurrir, pero desde que nos percatamos de que el IPAB estaba licitando esto en la bolsa fue ilegal, citamos por eso al director de Aeroméxico, recuerdan ustedes, nos tomaron el pelo o al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes le tomaron el pelo porque nunca se presentó, pospuso la cita y cuando estaba la cita hecha, ese día anterior habían vendido la empresa.

Entonces tenemos evidencias claras de que fue ilegal la venta de la empresa porque no podría haber hecho sino mediante licitación abierta del propio IPAB y no en la Bolsa de Valores.

Segundo, lo hicieron en la Bolsa de Valores para hacer una operación cruzada y como ustedes saben, a petición nuestra y por presión nuestra y por lucha nuestra, en el IETU se plantea gravar las operaciones cruzadas; desde que se dio el aquel escandaloso fraude fiscal de con la venta de Banamex de 2 mil millones de dólares en impuestos, nosotros entonces logramos ahora esto y ahora que esta en el IETU lo hacen antes para que no sean también gravadas estas operaciones usadas que se hacen en la Bolsa de Valores y nos han informado importantes corredores con los cuales hemos tenido contactos que la operación fue hecha con el sistema de calls, calls es llamada, puts es propuesta, y las acciones están en manos de uno sólo, los demás que aparecen son prestanombres, las acciones están no son transparenta y sabemos perfectamente que Roberto Hernández es entonces el dueño de Aereomexicana.

Es decir, ni siquiera la farsa de que la Comisión de Competencia dijera que no podría comprárselo, por eso fue el intento de que se pudiera comprar Mexicana para facilitarle legalmente las cosas a Roberto Hernández.

Cuando no se pudo, después de las presiones que ejercieron con la Comisión de Competencia y de que los senadores advertimos que estaríamos dispuestos algunos a hacer un juicio político en la Comisión de Competencia y al señor Del Cueto no, o a Motta, de que esto no podría ocurrir, evidentemente lo que hicieron fue hacer esta operación con información privilegiada, dársela al Grupo de Banamex, pero Banamex además no puede ser participante ni muchos, ni Diez Morodo, ni la esposa del embajador, o la señora Aramburuzabala.

Entonces frente a esto, la propia, el propio rescate hecho a esas empresas les impide legalmente comprar bienes del IPAB, es decir, Banamex está recibiendo pagarés que son subsidios federales en los hechos como banco rescatado y Banamex compra un bien del propio IPAB y segundo, Banamex compra ilegalmente en la bolsa porque debe ser ya, se pasó el plazo para que pudiera IPAB hacer operaciones en bolsa, ya es una venta directa y pública.

Y tercero, el IPAB, tendría que haber hecho esto; y nos parece muy grave que esta operación en bolsa se haya hecho con tanto premura para evitar el pago de impuestos.

Yo insisto y es cosa de tiempo, cuando hicimos el análisis de esto, nos parecía muy sospechoso siempre porque este grupo aparecía con un personaje que se dedica a ser vocero de los empresarios, José Luis Barraza es un títere de ellos, es un personaje al que le pagan para aparecer en la campaña sucia contra López Obrador y esa operación no es empresarial es un señor que trabaja para los empresarios, entonces pues este es el planteamiento.

Espero que las cartas me las contesten para que también ustedes conozcan las respuestas que ellos me den y si no lo hacen voy a citarlos a uno por uno demostrando y pidiendo al Senado que tienen que ser llamados por no responder a un interés que tengo como senador de la República y a una obligación que tienen ellos como servidores públicos para contestar.

Estoy a sus órdenes si alguien me quiera preguntar.

PREGUNTA: Con estos datos que tus nos das, se le podrían fincar responsabilidades al titular del IPAB por entrar en este tipo de cochupos y la otra, ya para que sean las dos, dices que puede ser anulado este proceso a través de que vía.

SENADOR GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU, PRD: Vamos a estudiar la vía. Déjenme construir el caso, diría un abogado, déjenme construir el caso con la solicitud de preguntas que estoy pidiendo, las preguntas van a servir para poder formular el caso. Las preguntas se las voy a dar, se las están entregando.

Con las respuestas que yo espero, con eso puedo armar el caso, yo no puede adelantarme a ver qué día vamos a utilizar legalmente si no tengo con qué, tengo idea de por dónde y cómo vamos a hacerle, pero quiero ver primero cómo vienen las cosas para que…No sé yo no contesto anónimos.

Claro que si, la señora directora del IPAB claro que tiene responsabilidades, una porque no puede favorecer a una empresa del IPAB para comprar un bien del IPAB y dos, porque el plazo para licitar en bolsa se pasó, ya no existe ninguna posibilidad para que lo haga, es decir, usaron el IPAB para todo lo que han hecho, favorecer a los Amigos de Fox, a los parientes de Fox y ahora a los amigos de Felipe Calderón.

PREGUNTA: Senador, a cuánto equivale aproximadamente lo que evadieron al fisco con no pagar el impuesto este empresarial que estaría vigente el otro año.

SENADOR GRACO RAMÍREZ GARRIDO ABREU, PRD: Pues de acuerdo con la compra, déjeme verlo. No tengo claro todavía, pero habíamos planteado, le puedo dar la cifra bien, déjeme verlo, de acuerdo con deducción de la pérdida fiscal hago la operación. La verdad no la he hecho.

Lo evidente es que cuando nosotros planteamos gravar las operaciones cruzadas, lo hicimos a partir de la escandalosa venta de Banamex.

Al lograrse incorporar al IETU esta propuesta de gravar estas operaciones, teníamos que plantearnos si tendrían que haber sido grabadas las transacciones que se hicieron en bolsa, no tengo el monto. Yo se lo puedo dar con mucho gusto mañana, déjeme hacer la operación de la pérdida fiscal y de cómo se haría la aplicación de la tasa.

¿Quién me habla de ultratumba? Víctor, identifícate, Víctor.

A ver qué pasó dime.

PREGUNTA: (Inaudible)

RESPUESTA: Bueno hay tres vías; una es la responsabilidad que tiene la responsable, la encargada del IPAB; dos, quiero saber la intervención del secretario de Hacienda y del gobernador del Banco de México a quienes estoy preguntándoles, en lo que les toca en el proceso, ¿cómo actuaron? ¿Qué dijeron? ¿Cómo respondieron?

Si ustedes leen las cartas, van a encontrar ahí que lo que quiero primero es poder fijar si la conducta omisa o activa del secretario de Hacienda y del gobernador del Banco de México facilitaron a la directora del IPAB hacer esta operación. Si cumplieron con sus obligaciones que les corresponden legalmente a ellos.

Tratándose de funcionarios y servidores públicos, hay responsabilidades que podemos ahí ejercer, actuar, en contra de ellos en su carácter de servidores públicos, mediante la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Por omisión o comisión o por acción están bajo la comisión de un delito.

Segundo, el delito vamos a configurarlo. Está también el combatir directamente, una vez que demostremos esto, poder echar a bajo esa venta de Aeroméxico.

Yo les quiero pedir que me permitan nada más, tener las condiciones para poder entablar la demanda de todo esto con la precisión que yo tengo que requerir para construir el caso.

Ustedes saben que un ministerio público mediante una confesión, una declaración construye el caso. Yo para construir el caso jurídicamente requiero tener esas respuestas para poder establecer ya la vía penal o la vía civil o mercantil en la cual podamos echar a bajo esta venta.

Pero en lo que no tengo duda, amigas y amigos, es que Roberto Hernández es el dueño de Aeromexicana. Rogelio Azcárraga es el prestanombres y el otro señor, quienes armaron ahí con Banamex indebidamente, son los dueños también. Es Roberto Hernández el tenedor de las acciones.

¿Es todo?

Gracias

DEL CORREO DEL BLOG

Hola, te mando esta liga del periódico Nuevo Excelsior, gracias.


http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=columna&id=1656


DE LA COLUMNA DE ROSARIO AVILÉS

Opinión de

Despegues y aterrizajes(Rosario Avilés | )

Aviacsa… ¿y el Estado?

Rosario Avilés | Opinión

Martes 9 de Junio, 2009 | Hora de modificación: 01:27

El "affaire" Aviacsa muestra que las maneras tradicionales de hacer aviación en este país ya no funcionan. Esta película -la enésima con el mismo argumento- no sólo ya la vimos, sino que no tiene final feliz, pues se ha ido deteriorando su argumento y los instrumentos con que hoy se cuentan están desgastados y deslegitimados. Desde luego, Aviacsa no es TAESA, ni siquiera se parece a Aerocalifornia ni a Allegro. Y la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha ido desertando de su papel regulador y rector, al punto que la privatización del servicio público parece ya la privatización de la función pública.

Decían las abuelitas que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Este gobierno se especializa en ello. Hubo un sabor de engaño en la manera como el Ejecutivo abordó el caso de la influenza llamada porcina. Y aunque no sabemos en realidad cuál es el estatus del avance del narcotráfico en el país, hay muchos operativos recientes y spots y campañas electorales que ensalzan el combate de esta administración contra el problema, que también parecen demasiado favorables a la continuidad del partido en el poder.

En el caso de la orden para impedir que Aviacsa siga volando también hay demasiados puntos oscuros que, al no aclararse, hacen perder la credibilidad de las acciones emprendidas y que no benefician a nadie. Por ejemplo: resulta demasiado casual que, sólo dos semanas antes de la orden de la DGAC para parar a Aviacsa, el director de una aerolínea competidora haya dicho que en el mercado sobran 26 aeronaves (que son, justamente, las que posee Aviacsa) y que habría que "racionalizar la oferta".

Por otra parte, es bien sabido el interés que tuvo otra línea de bajo costo, primero por adquirir a la propia Aviacsa -lo que le sirvió para conocer a fondo sus problemas y posibilidades- y luego por quedarse con sus slots de los aeropuertos de México y Monterrey y algunas de sus rutas más rentables. Todo ello no pasaría de ser un chisme, si no fuera porque desde que López Meyer despachaba en DGAC hubo fuertes desencuentros entre esa dependencia y la aerolínea del logotipo maya, traducidos en auditorías constantes que quedaban en recomendaciones de cosmética.

Esa es la información que ha sido difundida (de ahí la necesidad de transparentar la función de gobierno y de abrir archivos al escrutinio público, única manera de corroborar lo que se dice sotto voce) pero también se ha dicho -y es constatable- que el número de incidentes y accidentes que ha tenido la empresa dividido entre el número de operaciones que realiza, es bastante bajo en comparación incluso con empresas internacionales de mucho prestigio.

Es cierto que su contratación laboral no es precisamente para enorgullecer a nadie (eso lo comparte con sus competidoras de bajo costo) y que evitó respetar el voto de sus pilotos que deseaban pertenecer a la ASPA, con argucias laborales que no han terminado. Pero ello, aunque la muestra marrullera -como la mayor parte de nuestras aerolíneas- no la hace insegura. Igual puede decirse de la edad de su flota que, aunque es alta no supone bajos niveles de seguridad pues sus sistemas de mantenimiento son rigurosos.

También es verdad la cantidad de adeudos que Aviacsa mantiene con diversas dependencias de gobierno. Pero esto sucede igual con el resto de las aerolíneas. Es por todo ello que resulta muy difícil demostrar que en este caso hay razón para parar a esta empresa. Tener problemas financieros no es delito (sobre todo si hablamos de empresas que operan en un mercado completamente desordenado como el mexicano). Pero en todo caso, las autoridades aeronáuticas tienen en sus manos la solución: hay un instrumento que se llama requisa.

Se trata de que el Estado, haciendo uso de las facultades que le otorga la Constitución, garantice la prestación del servicio (en este caso es un servicio público estratégico, sujeto a concesión) y que la aerolínea siga operando para no dejar en tierra a los miles de pasajeros y sin empleo a sus trabajadores, que no tienen la culpa de estos litigios extraños, mientras que la justeza de los reclamos se dirime en tribunales, especialmente si éstos se auxilian de técnicos aprobados por la FAA, la OACI y tal vez una tercería europea, que son especialistas imparciales.

Sería la forma más justa y creíble de enfrentar este problema. Lo contrario es condenarla a la quiebra y alimentar las sospechas de que hay línea para favorecer a su competencia

raviles_2@prodigy.net.mx