Objeciones de la Memoria | Martí Batres Guadarrama
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Tiene 90 años de existencia. Es la más antigua de su tipo en el continente Americano y la cuarta con más años en todo el mundo. De ella dependen más de 8 mil 500 empleos directos —con personal altamente calificado— y 200 mil indirectos. Era una alta fuente de ingresos para el gobierno mexicano, pero a partir del 6 de septiembre de 2010 Mexicana de Aviación no vuela por estar sujeta a un proceso de concurso mercantil.
Entre los planes del gobierno federal no está la posibilidad de rescatar dicha línea aérea porque es, argumentan, “una empresa particular”. La idea, pareciera, es dejarla morir “por su excesivo endeudamiento” y desaparecer la materia de trabajo para cortar de tajo la relación con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal terrestre.
En diciembre de 2005, Mexicana fue valuada en mil 456 millones de dólares. Con la venta de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el Grupo Posadas se hizo del control de la misma a precio de regalo: pagó al gobierno federal 165 millones de dólares. Poco interesó entonces la afectación para el erario por dicha transacción porque parte de la estrategia, al parecer, es otra: beneficiar a las llamadas líneas de bajo costo. La afectación económica y social de esta determinación no importó, una vez más, al autollamado gobierno del empleo.
Sólo así se entiende que en 10 años la nueva administración de Mexicana quebrara el negocio ante la complacencia total —o la complicidad— del gobierno federal. El secretario de Trabajo, Javier Lozano, —el mismo que alentó reformas a la ley de pensiones y del ISSSTE, el que apoyó a empresarios en el caso de Cananea y llevó a cabo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro—, en este asunto también ha hecho daño.
Supuesto conciliador, el gobierno federal se ha encargado de obstaculizar y frenar, incluso, el interés de posibles compradores de Mexicana. Uno de ellos, TG Group —planteó en su momento reiniciar vuelos con más de 60 aviones y recontratar al 60% del personal— fue desestimado por Lozano, quien se empeñó en que los interesados sólo emplearan de nuevo a 30% del personal y que volaran sólo con seis aviones.
Lo anterior explica lo que ha sido una constante en este gobierno federal: la puesta en marcha de una política laboral con el propósito de uniformar a los trabajadores en la miseria, cerrando incluso las fuentes de trabajo de aquellos a los que no se les considera “cercanos” o de plano se le tacha de incómodos para el régimen; y al mismo tiempo una política proempresarial para quedar bien con unos cuantos, sin importar que se destruya toda industria exitosa mexicana.
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Tiene 90 años de existencia. Es la más antigua de su tipo en el continente Americano y la cuarta con más años en todo el mundo. De ella dependen más de 8 mil 500 empleos directos —con personal altamente calificado— y 200 mil indirectos. Era una alta fuente de ingresos para el gobierno mexicano, pero a partir del 6 de septiembre de 2010 Mexicana de Aviación no vuela por estar sujeta a un proceso de concurso mercantil.
Entre los planes del gobierno federal no está la posibilidad de rescatar dicha línea aérea porque es, argumentan, “una empresa particular”. La idea, pareciera, es dejarla morir “por su excesivo endeudamiento” y desaparecer la materia de trabajo para cortar de tajo la relación con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal terrestre.
En diciembre de 2005, Mexicana fue valuada en mil 456 millones de dólares. Con la venta de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el Grupo Posadas se hizo del control de la misma a precio de regalo: pagó al gobierno federal 165 millones de dólares. Poco interesó entonces la afectación para el erario por dicha transacción porque parte de la estrategia, al parecer, es otra: beneficiar a las llamadas líneas de bajo costo. La afectación económica y social de esta determinación no importó, una vez más, al autollamado gobierno del empleo.
Sólo así se entiende que en 10 años la nueva administración de Mexicana quebrara el negocio ante la complacencia total —o la complicidad— del gobierno federal. El secretario de Trabajo, Javier Lozano, —el mismo que alentó reformas a la ley de pensiones y del ISSSTE, el que apoyó a empresarios en el caso de Cananea y llevó a cabo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro—, en este asunto también ha hecho daño.
Supuesto conciliador, el gobierno federal se ha encargado de obstaculizar y frenar, incluso, el interés de posibles compradores de Mexicana. Uno de ellos, TG Group —planteó en su momento reiniciar vuelos con más de 60 aviones y recontratar al 60% del personal— fue desestimado por Lozano, quien se empeñó en que los interesados sólo emplearan de nuevo a 30% del personal y que volaran sólo con seis aviones.
Lo anterior explica lo que ha sido una constante en este gobierno federal: la puesta en marcha de una política laboral con el propósito de uniformar a los trabajadores en la miseria, cerrando incluso las fuentes de trabajo de aquellos a los que no se les considera “cercanos” o de plano se le tacha de incómodos para el régimen; y al mismo tiempo una política proempresarial para quedar bien con unos cuantos, sin importar que se destruya toda industria exitosa mexicana.
