PODER Y DINERO: Un crimen llamado Mexicana de Aviación
No
existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es
la que nos hace libres. Carlos Fuentes (1929-2012) Periodista y escritor
mexicano.
Recientemente, Javier Lozano, senador por Puebla, exsecretario de
Comunicaciones y Trabajo, en la administración de Felipe Calderón, me
envió un twitt (mensaje a través de Twitter de 140 caracteres) en el que
me comentó, en coincidencia de lo que hemos comentado en este espacio,
que en la quiebra de Mexicana de Aviación, había un interés de
sepultarla.
Hemos visto a lo largo de nuestro oficio de periodistas, muchas
empresas que han quebrado. Las privadas, generalmente, se aprecia a
empresarios que colocaron sus vidas y talento, en una compañía que no
pudo sobrevivir. El dolor de estos empresarios es realmente relevante.
Pero cuando quiebra una empresa gubernamental, simplemente no hay
nada. Sólo lloran los trabajadores. Así pasó con muchas que se acabaron
por decisión de un burócrata, pero que eran un lastre para las finanzas
del país. Justificado.
Pero, uno de los casos más extraños fue la suspensión de actividades y
el posterior inicio de un juicio concursal para declarar la quiebra.
Empresarios, políticos, ejecutivos del sector, jueces y otros
burócratas se involucraron en un procedimiento que rompió todos los
protocolos para estos casos. La SCT no requisó la compañía, a pesar que
se trató de una compañía con concesión federal, después dejó pasar el
tiempo para tomar las garantías de Mexicana y a favor de Nafin y
Bancomext. Por si fuera poco, se hizo un tortuguismo espectacular para
evitar que se ahondara en una larga cadena de fraudes y cochinadas
cometidas con esa empresa, que no debió haberse aniquilado.
Hoy, Mexicana, pese a todo, no podrá sobrevivir. El nombramiento de
un interventor en los caso de Concursos Mercantiles es una práctica
común a la que los acreedores en este tipo de litigios acuden para
salvaguardar sus intereses.
El interventor tiene la potestad para pedir información relevante a
los intereses de sus clientes y de acompañar por cuenta de ellos el
proceso del concurso. Sin embargo, cuando el proceso está tan avanzado,
al grado d que ya existe un acuerdo concursal donde la mayoría de los
acreedores aceptan las condiciones de la reestructura, la función de los
interventores deja de tener relevancia.
Pero, resulta extraño que a pesar de que no existe ya ninguna
justificación para solicitar un interventor, máxime cuando la
información relativa a la empresa es entregada puntualmente cada mes a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es la cabeza de sector
de ASA y del AICM, además de a la Jueza del caso. Y, esta lo solicite.
¿Acaso es para darle trabajo a algún burócrata en estos momentos?
Siendo así, la pregunta es si ASA y el AICM no se hablan con la DGAC o
con sus jefes en SCT. ¿O se tratará de un nuevo método de presión? ¿Qué
hay de fondo?
