Empresa | Alberto Barranco
Otra zancadilla a Mexicana
En un signo más de la tenaz oposición del gobierno a que Mexicana regrese a las pistas, tres instancias públicas, en su carácter de acreedores de la línea aérea, están exigiendo la imposición de un interventor con cargo al concurso mercantil en curso, en afán de obstaculizar su rescate
La acción llega justo cuando la firma al relevo de la administración, Med Atlántica, había adquirido 95% de las acciones de la controladora vía el pago de 10 millones de dólares a la Tenedora K… quien las compró en mil pesos.
Más aún, la zancadilla se coloca justo cuando el administrador y conciliador de la empresa aérea en largo paréntesis de año y medio, había convencido al principal acreedor, el Banco Mercantil del Norte, Banorte, de participar en el capital de la compañía.
El embrollo se vuelve más denso si se considera que el interventor designado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto “Benito Juárez” de la capital, entidades ambas dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además del gubernamental Banco Nacional de Comercio Exterior, es el despacho White & Case, quien mantiene estrechos lazos con Aeroméxico.
El conflicto de interés lo desnudó el diputado Mario Alberto Di Costanzo, en su carácter de integrante de la Comisión Legislativa que sigue el caso Mexicana.
En escrito al juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, el legislador documenta que el despacho es el asesor legal del Consorcio Aeroméxico, la sociedad controladora de Grupo Aeroméxico.
La liga se ubica en el reporte anual de la compañía del 27 de junio de 2007.
A su vez, tres de los socios del despacho, Vicente Corta Fernández, Héctor Manuel Groenewold Ortiz Mena y Enrique Espejel Caso, están íntimamente ligados a la línea aérea o representan a acreedores de Mexicana.
El primero aparece como integrante del Consejo de Administración en el 2006.
El segundo aparece como consejero suplente en 2007, y el tercero es representante legal de diversas empresas a quienes les debe dinero la compañía al rescate.
Más aún, en septiembre de 2001, Corta Fernández compartió un asiento en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con Andrés Conesa Labastida, hoy director general de Aeroméxico.
De acuerdo a criterios de jurisprudencia, se consideran impedimentos para desempeñar tareas de supervisión en una empresa cuando se tengan intereses ligados a otra que se contraponga a ésta.
Además, se habla de “amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes”.
El legislador manifiesta su extrañamiento de que habiendo señalado una y otra vez el gobierno su rechazo a inyectarle un solo centavo a Mexicana, hoy está dispuesto a pagar los honorarios de un despacho que cobra por hora… y en dólares.
La paradoja, además, es que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ya firmó un convenio con el conciliador y administrador del concurso mercantil de Mexicana, en el que se detallan los montos de la deuda y su forma de pagos, además de fijarse garantías hipotecarias.
A su vez, el Bancomext logró separar de la masa de la quiebra nueve aviones que se le habían dejado en prenda por un préstamo de 900 millones de pesos.
Por su parte, el aeropuerto capitalino ha manifestado que se apegará a la quita promedio, es decir a la reducción de la deuda aceptado por los acreedores.
En la misma intención de colocarle piedritas en el camino al regreso de Mexicana, además, los acreedores del gobierno colocaron una queja contra el juez de la quiebra ante el Consejo de la Judicatura, acusándolo de alargar el proceso de concurso mercantil más allá de lo permitido.
Y aunque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, se lava las manos en el asunto, se coloca las bocinas para acusar al juez de provocar incertidumbre en el sector aeronáutico al no cerrar el telón.
La acción implicaría declarar en quiebra a la línea aérea.
Por lo pronto, Vicente Corta, quien sería designado interventor por el despacho en entredicho, ha amenazado con demandar al diputado Di Costanzo “por obstaculizar su legítimo derecho al trabajo”.
La pregunta es si pensarán lo mismo del gobierno los ocho mil 200 trabajadores huérfanos de Mexicana de Aviación.
