Juez da ultimátum para Mexicana
El encargado del concurso mercantil de la aerolínea determinó que el 10 de febrero de 2012 vence el periodo de conciliación, por lo que si para esa fecha no ha sido rescatada, se declarará la quiebra
CIUDAD DE MÉXICO | Martes 15 de noviembre de 2011
Luz González | El Universal
13:06
El juez federal encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación determinó que el 10 de febrero de 2012 vence el periodo de conciliación, por lo que si para esa fecha no ha sido rescatada, se declarará la quiebra.
Felipe Consuelo Soto, Juez décimo primero de Distrito en Materia Civil, notificó a las partes que el periodo de conciliación, que incluye 185 días concedidos en la sentencia del 6 de septiembre de 2010 y los 90 otorgados como prórroga, corren del 29 de septiembre de 2010 al 10 de febrero de 2012.
En acuerdo publicado hoy, el juzgador apercibió también a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública del gobierno capitalino y federal, para que le informen quién ordenó desalojar al personal sindicalizado de la aerolínea que se manifestaba frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El jueves pasado, Consuelo Soto emplazó a los dos secretarios a informarle sobre el desalojo de los trabajadores en un término de 24 horas.
El juez afirmó que el desalojo no es un hecho aislado, "sino que incide de manera directa en el avenimiento de los interesados en el presente procedimiento universal, pues las justas demandas de los trabajadores manifestantes fueron suprimidas con la violencia y el temor".
Advirtió a las dos corporaciones policiacas que, dada la importancia y trascendencia que tiene la empresa en concurso, "la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo ese actuar (el desalojo)".
En respuesta, la SSP federal, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos manifestó que el juez carecía de facultades para hacer el requerimiento, que consideró carente de fundamento y motivación.
Sin embargo, Consuelo Solo le aclaró que como rector del procedimiento mercantil "tiene las facultades suficientes para emitir los acuerdos que estime pertinentes en aras de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes, entre ellos los pilotos trabajadores de la concursada".
El juez invocó además la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos para fundamentar su requerimiento.
"La función más importante e imprescindible dentro de un estado que se jacta de protector de los derechos humanos, es que las autoridades a través de cualquiera de sus poderes de la unión, y en uso de su facultad de ejercer el control difuso de convencionalidad, supervisen que el actuar de sus agentes (granaderos) se ajuste o compatibilice con los tratados internacionales de derechos humanos, de cualquier acto u omisión en que incurran", señaló.
El juzgador reconoció que la SSP federal tiene, dentro de sus funciones institucionales, la de salvaguardar la integridad de las personas y garantizar y mantener el orden y la paz pública.
Sin embargo, destacó, en el oficio enviado por la dependencia "no se advierte que señale quiénes eran las personas cuya integridad debía salvaguardar, cuál era el orden que debía restablecer o de qué forma su intervención previno la comisión de algún delito, y en caso de que así fuera, en agravio de quién se cometería".
El encargado del concurso mercantil de la aerolínea determinó que el 10 de febrero de 2012 vence el periodo de conciliación, por lo que si para esa fecha no ha sido rescatada, se declarará la quiebra
CIUDAD DE MÉXICO | Martes 15 de noviembre de 2011
Luz González | El Universal
13:06
El juez federal encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación determinó que el 10 de febrero de 2012 vence el periodo de conciliación, por lo que si para esa fecha no ha sido rescatada, se declarará la quiebra.
Felipe Consuelo Soto, Juez décimo primero de Distrito en Materia Civil, notificó a las partes que el periodo de conciliación, que incluye 185 días concedidos en la sentencia del 6 de septiembre de 2010 y los 90 otorgados como prórroga, corren del 29 de septiembre de 2010 al 10 de febrero de 2012.
En acuerdo publicado hoy, el juzgador apercibió también a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública del gobierno capitalino y federal, para que le informen quién ordenó desalojar al personal sindicalizado de la aerolínea que se manifestaba frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El jueves pasado, Consuelo Soto emplazó a los dos secretarios a informarle sobre el desalojo de los trabajadores en un término de 24 horas.
El juez afirmó que el desalojo no es un hecho aislado, "sino que incide de manera directa en el avenimiento de los interesados en el presente procedimiento universal, pues las justas demandas de los trabajadores manifestantes fueron suprimidas con la violencia y el temor".
Advirtió a las dos corporaciones policiacas que, dada la importancia y trascendencia que tiene la empresa en concurso, "la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias que se tomaron en cuenta para llevar a cabo ese actuar (el desalojo)".
En respuesta, la SSP federal, por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos manifestó que el juez carecía de facultades para hacer el requerimiento, que consideró carente de fundamento y motivación.
Sin embargo, Consuelo Solo le aclaró que como rector del procedimiento mercantil "tiene las facultades suficientes para emitir los acuerdos que estime pertinentes en aras de garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre los contendientes, entre ellos los pilotos trabajadores de la concursada".
El juez invocó además la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos para fundamentar su requerimiento.
"La función más importante e imprescindible dentro de un estado que se jacta de protector de los derechos humanos, es que las autoridades a través de cualquiera de sus poderes de la unión, y en uso de su facultad de ejercer el control difuso de convencionalidad, supervisen que el actuar de sus agentes (granaderos) se ajuste o compatibilice con los tratados internacionales de derechos humanos, de cualquier acto u omisión en que incurran", señaló.
El juzgador reconoció que la SSP federal tiene, dentro de sus funciones institucionales, la de salvaguardar la integridad de las personas y garantizar y mantener el orden y la paz pública.
Sin embargo, destacó, en el oficio enviado por la dependencia "no se advierte que señale quiénes eran las personas cuya integridad debía salvaguardar, cuál era el orden que debía restablecer o de qué forma su intervención previno la comisión de algún delito, y en caso de que así fuera, en agravio de quién se cometería".
