El desaseado caso de Mexicana y la protección a Azcárraga desde el gobierno
- El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, tomó desde el inicio los hilos del caso y casi un año después, sigue administrándolo.
Darío Celis
A unos días de que se defina el derrotero de Mexicana de Aviación, es preciso registrar la actuación que en estos 11 meses ha tenido el secretario del Trabajo, que desde el primer día ha manipulado el proceso a conveniencia de Grupo Posadas.
Javier Lozano Alarcón, el autodenominado “Gallo Azul” que presume tener mucha experiencia en la administración pública, tomó desde el inicio los hilos del caso y casi un año después, ahora con un perfil más bajo, sigue administrándolo. Desde el arranque de la administración de Felipe Calderón, el aspirante a la Presidencia en 2012 se alineó a los intereses de Gastón Azcárraga. Fue determinante su cercanía con el entonces secretario de Comunicaciones.
Lozano y Luis Téllez son del mismo equipo político desde los tiempos en que ambos eran destacados priistas. Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una relación con Azcárraga que rebasa el ámbito institucional. Como responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Téllez operó siempre a favor de los intereses del presidente de Posadas, como fue el caso de la demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica que los sobrecargos promovieron en 2007 contra Mexicana. Azcárraga, Téllez y Lozano tenían la consigna de hacer claudicar a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, que por cierto en ese entonces era liderada por Francisco Villarreal, quien dio la batalla, no por Lizette Clavel.
Gallástegui-Lozano
Lozano, ex asesor político del Góber precioso Mario Marín, ya desde entonces cuidaba intereses de Azcárraga: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de Mexicana para que el sindicato renunciara al Contrato Colectivo. Tres años después la historia volvió a repetirse. Prácticamente desde el 27 de agosto de 2010, el político de marras se puso al servicio del empresario hotelero. Aprovechando la debilidad de Juan Molinar tomó el control del caso. Desde el inicio se impuso una estructura jurídica, financiera y de comunicación a modo de los intereses de Azcárraga. El primer paso fue colocar al despacho legal de su hermano, Gerardo Lozano, como cabeza del proceso. Tras la suspensión de operaciones de Mexicana, el bufete Gallástegui-Lozano empezó los trabajos de coordinación de lo que sería la reestructuración financiera de Mexicana. Fue esta firma la que contactó a PC Capital, de Pablo Coballasi. Curiosamente, a la agencia de relaciones públicas de la administración que quebró Mexicana, y que es la misma de Posadas, es decir Zimat, se le renovó el contrato y se le mantiene hasta la fecha manejando la comunicación de la aerolínea.
Plan con calzador
Lozano, el funcionario, y Lozano, el abogado, también incorporaron al proyecto de rescate de Mexicana a Arturo Barahona, quien fue contratado por Gastón Azcárraga como asesor de la línea aérea en la etapa previa a su suspensión. PC Capital jugó un papel estratégico para agotar un tiempo crucial para que Mexicana pudiera salir a flote. El banco de inversión que acercó Gallástegui-Lozano fue seleccionado por el gobierno y el conciliador como la única alternativa. No se permitió a otros postores, como TG Group y BMC Capital, entrar a la puja. Los encargados del expediente de Mexicana los vetaron y hasta los desacreditaron para allanarle el camino a PC Capital.
Fue a partir de enero de 2011 cuando se empezó a trabajar en forma con ese intermediario financiero y con Barahona. El gobierno federal estableció el requerimiento de capital de 250 millones de dólares. También el plan de negocios que elaboró Barahona fue el único que aceptó el secretario Lozano y el conciliador y administrador de la empresa, Gerardo Badin. El esquema incluso se impuso a los demás interesados tras el retiro de PC Capital. Una vez que esta firma encabezada por Pablo Coballasi aceptó que el grupo inversionista que tenía, es decir la familia Vila, carecía de los recursos financieros disponibles para inyectarlos a Mexicana, Lozano-Gallástegui desapareció.
Gallo desplumado
Y es que al interior del gabinete de Calderón y en los cuadros del Partido Acción Nacional hubo voces que criticaron el protagonismo e intereses de Javier Lozano en el desaseado y frustrado proceso de rescate de Mexicana. Le pidieron al Presidente que su colaborador sacara las manos, lo que no hizo del todo, pues la consigna de seguir prolongando el anuncio de la quiebra o de apuntalar un grupo compatible a los intereses de Azcárraga se mantiene. En los últimos cuatro meses el gobierno se ha mantenido en la misma postura de sostener abierta la puerta de negociación pero sin la voluntad política de dar una solución final al caso de Mexicana. El tiempo sigue corriendo en contra. Dos de los tres grupos que incursionaron a partir de marzo en un segundo intento de rescate fueron desacreditados por Badin, Lozano y ahora hasta por Lizette Clavel. Nos referimos a TG Group y el empresario Iván Barona. El primero, que preside Juan Carlos Torres, incluso advirtió que iniciaría acciones legales por difamación. El segundo le envió hace unos días una carta a Calderón denunciando que el conciliador pretende descalificarlo sin razón.
Sacan los “ases”
En ese contexto Badin se sacó de la manga a un cuarto grupo: Altus Prot, el que lidera Francisco Lanz Duret Carreño, que aparentemente cumplió con todos los requisitos, como en su momento dijeron de PC Capital y Barona. Y los pilotos también sacaron su propio “as”: una denuncia penal contra Azcárraga, que en calidad de presidente de Posadas se acusa de violar la Ley del Mercado de Valores por el caso Mexicana. El primero, de la mano del gobierno, intentando echar a volar a Mexicana en esta temporada vacacional de verano. Los segundos queriendo tener un responsable que dé cuentas del desastre en que ya se convirtió este caso.
2011-07-04 00:00:00
- El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, tomó desde el inicio los hilos del caso y casi un año después, sigue administrándolo.
Darío Celis
A unos días de que se defina el derrotero de Mexicana de Aviación, es preciso registrar la actuación que en estos 11 meses ha tenido el secretario del Trabajo, que desde el primer día ha manipulado el proceso a conveniencia de Grupo Posadas.
Javier Lozano Alarcón, el autodenominado “Gallo Azul” que presume tener mucha experiencia en la administración pública, tomó desde el inicio los hilos del caso y casi un año después, ahora con un perfil más bajo, sigue administrándolo. Desde el arranque de la administración de Felipe Calderón, el aspirante a la Presidencia en 2012 se alineó a los intereses de Gastón Azcárraga. Fue determinante su cercanía con el entonces secretario de Comunicaciones.
Lozano y Luis Téllez son del mismo equipo político desde los tiempos en que ambos eran destacados priistas. Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene una relación con Azcárraga que rebasa el ámbito institucional. Como responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Téllez operó siempre a favor de los intereses del presidente de Posadas, como fue el caso de la demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica que los sobrecargos promovieron en 2007 contra Mexicana. Azcárraga, Téllez y Lozano tenían la consigna de hacer claudicar a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, que por cierto en ese entonces era liderada por Francisco Villarreal, quien dio la batalla, no por Lizette Clavel.
Gallástegui-Lozano
Lozano, ex asesor político del Góber precioso Mario Marín, ya desde entonces cuidaba intereses de Azcárraga: la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falló a favor de Mexicana para que el sindicato renunciara al Contrato Colectivo. Tres años después la historia volvió a repetirse. Prácticamente desde el 27 de agosto de 2010, el político de marras se puso al servicio del empresario hotelero. Aprovechando la debilidad de Juan Molinar tomó el control del caso. Desde el inicio se impuso una estructura jurídica, financiera y de comunicación a modo de los intereses de Azcárraga. El primer paso fue colocar al despacho legal de su hermano, Gerardo Lozano, como cabeza del proceso. Tras la suspensión de operaciones de Mexicana, el bufete Gallástegui-Lozano empezó los trabajos de coordinación de lo que sería la reestructuración financiera de Mexicana. Fue esta firma la que contactó a PC Capital, de Pablo Coballasi. Curiosamente, a la agencia de relaciones públicas de la administración que quebró Mexicana, y que es la misma de Posadas, es decir Zimat, se le renovó el contrato y se le mantiene hasta la fecha manejando la comunicación de la aerolínea.
Plan con calzador
Lozano, el funcionario, y Lozano, el abogado, también incorporaron al proyecto de rescate de Mexicana a Arturo Barahona, quien fue contratado por Gastón Azcárraga como asesor de la línea aérea en la etapa previa a su suspensión. PC Capital jugó un papel estratégico para agotar un tiempo crucial para que Mexicana pudiera salir a flote. El banco de inversión que acercó Gallástegui-Lozano fue seleccionado por el gobierno y el conciliador como la única alternativa. No se permitió a otros postores, como TG Group y BMC Capital, entrar a la puja. Los encargados del expediente de Mexicana los vetaron y hasta los desacreditaron para allanarle el camino a PC Capital.
Fue a partir de enero de 2011 cuando se empezó a trabajar en forma con ese intermediario financiero y con Barahona. El gobierno federal estableció el requerimiento de capital de 250 millones de dólares. También el plan de negocios que elaboró Barahona fue el único que aceptó el secretario Lozano y el conciliador y administrador de la empresa, Gerardo Badin. El esquema incluso se impuso a los demás interesados tras el retiro de PC Capital. Una vez que esta firma encabezada por Pablo Coballasi aceptó que el grupo inversionista que tenía, es decir la familia Vila, carecía de los recursos financieros disponibles para inyectarlos a Mexicana, Lozano-Gallástegui desapareció.
Gallo desplumado
Y es que al interior del gabinete de Calderón y en los cuadros del Partido Acción Nacional hubo voces que criticaron el protagonismo e intereses de Javier Lozano en el desaseado y frustrado proceso de rescate de Mexicana. Le pidieron al Presidente que su colaborador sacara las manos, lo que no hizo del todo, pues la consigna de seguir prolongando el anuncio de la quiebra o de apuntalar un grupo compatible a los intereses de Azcárraga se mantiene. En los últimos cuatro meses el gobierno se ha mantenido en la misma postura de sostener abierta la puerta de negociación pero sin la voluntad política de dar una solución final al caso de Mexicana. El tiempo sigue corriendo en contra. Dos de los tres grupos que incursionaron a partir de marzo en un segundo intento de rescate fueron desacreditados por Badin, Lozano y ahora hasta por Lizette Clavel. Nos referimos a TG Group y el empresario Iván Barona. El primero, que preside Juan Carlos Torres, incluso advirtió que iniciaría acciones legales por difamación. El segundo le envió hace unos días una carta a Calderón denunciando que el conciliador pretende descalificarlo sin razón.
Sacan los “ases”
En ese contexto Badin se sacó de la manga a un cuarto grupo: Altus Prot, el que lidera Francisco Lanz Duret Carreño, que aparentemente cumplió con todos los requisitos, como en su momento dijeron de PC Capital y Barona. Y los pilotos también sacaron su propio “as”: una denuncia penal contra Azcárraga, que en calidad de presidente de Posadas se acusa de violar la Ley del Mercado de Valores por el caso Mexicana. El primero, de la mano del gobierno, intentando echar a volar a Mexicana en esta temporada vacacional de verano. Los segundos queriendo tener un responsable que dé cuentas del desastre en que ya se convirtió este caso.
2011-07-04 00:00:00
