Mexicana, para Aeroméxico
Miguel Ángel Granados Chapa
1 Sep. 10
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha anunciado el destino del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que controla Mexicana de Aviación y sus filiales: será adquirido por Aeroméxico. No lo dijo con todas sus letras, pero la insinuación es inequívoca:
"La consolidación de aerolíneas en nuestro mercado es algo inminente. No debe sorprender a nadie".
El augurio de Lozano se halla en un artículo sobre la situación de la aerolínea más antigua de México publicado el lunes a ocho columnas en El Universal. Me parece que ese no tan críptico anuncio explica la dejadez con que el gobierno federal ha visto la autodestrucción de Mexicana. Se la quiere dejar lista para que la segunda línea aérea troncal del país se haga dueña de la empresa deliberadamente fallida. Consolidar quiere decir poner a las dos empresas bajo una misma administración, la de Aeroméxico.
Desde hace semanas era clara la intención de quebrar a Mexicana, para deshacerse de contratos colectivos con sobrecargos y pilotos que han sido calificados de onerosos y aun causa del deterioro financiero de la empresa. Todo el mundo, hasta Lozano, sabe que no es así. Y si lo fuera, los sindicatos respectivos han manifestado, y practicado ya, su decisión de recortar sus salarios y prestaciones, y modificar sus condiciones de trabajo a fin de conservar su fuente laboral.
Se llegó ya al punto de suspensión de operaciones de la empresa principal y sus filiales, Click y Link. El Grupo Posadas, que poseía el 95 por ciento de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, el consorcio constituido por los propios dueños de Grupo Mexicana de Aviación, que se compraron a sí mismos las aerolíneas, cedió su participación a precio simbólico a una empresa constituida ex profeso, Tenedora K, que invirtió alguna cantidad durante una semana tratando de mantener en vuelo la flota de Mexicana, y con ello no cegar su fuente de ingresos, extremo al que finalmente llegó la que será efímera dueña de la casi totalidad de un capital ampliamente superado por los pasivos, que crecerán día con día hasta el momento, quizá no próximo, en que comience el concurso mercantil y el más remoto en que se rematen los bienes para hacer pago a los acreedores.
(Entre éstos, los más infortunados son quienes adquirieron pasajes en Mexicana antes de que se produjera su crisis. Muchos de ellos han tenido ya que adquirir boletos en otras aerolíneas, que por más baratos que sean significan una pérdida para los usuarios, dejados en tierra con un palmo de narices porque con suprema irresponsabilidad la administración de Mexicana, Tenedora K durante unos días, simplemente cerró y no da la cara. La intervención de la Secretaría de Economía se limita a sugerir al público afectado la presentación de su querella ante la Procuraduría Federal del Consumidor).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúa como si el asunto no le incumbiera. Ha tenido que ser el secretario del Trabajo quien asegure que no habrá requisa, "es decir, la intervención directa del Estado para seguir operando y administrando las aerolíneas". Debería haberla. Se trata de una concesión federal, cuyo funcionamiento es competencia de la SCT, que debe asegurar la continuidad del servicio suspendido por el concesionario. La SCT no debe limitarse a dar fe de los hechos, a levantar una estadística de los daños y perjuicios causados por la suspensión. Su deber es evitarla, suplir las deficiencias de los particulares que incumplen la concesión.
Al negarse a hacerlo, da la puntilla a Mexicana. Si sus propietarios durante el lustro reciente se propusieron matar a la empresa, ahora el gobierno está haciendo lo posible por enterrarla. Bien que se niegue a rescatarla, a meter dinero bueno, de origen fiscal, a la concesionaria irresponsable. Pero no son equiparables el rescate y la requisa. Ésta deriva de una obligación de la autoridad. No practicarla sume a lo que resta de Mexicana en una sima aún más profunda. Y abarata aún más su menguado patrimonio, con lo que adquirirá una ganga quien la tome para sí, Aeroméxico según el vaticinio de Lozano.
Aeroméxico fue adquirida en 2007 por un grupo de inversionistas organizados por Banamex, que ganó la puja al Grupo Saba en condiciones de inequidad denunciadas por los perdedores de la licitación que, sin embargo, se abstuvieron de inconformarse legalmente. Como se recuerda, el grupo ganador presentó su última oferta al borde de la conclusión del término fijado, y cuando Saba replicó con la suya propia se declaró que el gesto había sido extemporáneo.
Los adquirientes nombraron presidente del consejo de administración al ingeniero José Luis Barraza, carente de experiencia en el negocio aeronáutico, pero que había mostrado ser confiable políticamente el año anterior a la compra de Aeroméxico. Durante el proceso electoral de donde surgió la actual administración, a la cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, Barraza se distinguió por la propaganda contraria a Andrés Manuel López Obrador. No fue la suya una posición inocua. El Tribunal Federal Electoral la tuvo por dañina aunque se limitó a señalarlo sin ahondar en la posibilidad de sancionarlo. Sí tuvieron presente ese lance ilegal los autores de la reforma constitucional electoral de 2007, que establecieron un nuevo modelo de comunicación política. Éste incluye la que podríamos denominar cláusula Barraza, consistente en que nadie, ni siquiera los partidos que son protagonistas del proceso, pueda pagar propaganda electrónica en favor o en contra.
Cajón de Sastre
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2009. El gobierno publicó fragmentos de ese documento en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero siguiente. Ayer, último día de agosto, la Suprema Corte de Justicia acordó que esa publicación hace las veces de notificación y comenzó a discutir si el fallo interamericano es obligatorio para los jueces mexicanos. Mañana jueves resolverá el asunto, que entraña especial importancia sobre todo en cuanto corresponde a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, que va a la zaga de lo que disponen acuerdos y tratados internacionales.
Miguel Ángel Granados Chapa
1 Sep. 10
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha anunciado el destino del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), que controla Mexicana de Aviación y sus filiales: será adquirido por Aeroméxico. No lo dijo con todas sus letras, pero la insinuación es inequívoca:
"La consolidación de aerolíneas en nuestro mercado es algo inminente. No debe sorprender a nadie".
El augurio de Lozano se halla en un artículo sobre la situación de la aerolínea más antigua de México publicado el lunes a ocho columnas en El Universal. Me parece que ese no tan críptico anuncio explica la dejadez con que el gobierno federal ha visto la autodestrucción de Mexicana. Se la quiere dejar lista para que la segunda línea aérea troncal del país se haga dueña de la empresa deliberadamente fallida. Consolidar quiere decir poner a las dos empresas bajo una misma administración, la de Aeroméxico.
Desde hace semanas era clara la intención de quebrar a Mexicana, para deshacerse de contratos colectivos con sobrecargos y pilotos que han sido calificados de onerosos y aun causa del deterioro financiero de la empresa. Todo el mundo, hasta Lozano, sabe que no es así. Y si lo fuera, los sindicatos respectivos han manifestado, y practicado ya, su decisión de recortar sus salarios y prestaciones, y modificar sus condiciones de trabajo a fin de conservar su fuente laboral.
Se llegó ya al punto de suspensión de operaciones de la empresa principal y sus filiales, Click y Link. El Grupo Posadas, que poseía el 95 por ciento de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, el consorcio constituido por los propios dueños de Grupo Mexicana de Aviación, que se compraron a sí mismos las aerolíneas, cedió su participación a precio simbólico a una empresa constituida ex profeso, Tenedora K, que invirtió alguna cantidad durante una semana tratando de mantener en vuelo la flota de Mexicana, y con ello no cegar su fuente de ingresos, extremo al que finalmente llegó la que será efímera dueña de la casi totalidad de un capital ampliamente superado por los pasivos, que crecerán día con día hasta el momento, quizá no próximo, en que comience el concurso mercantil y el más remoto en que se rematen los bienes para hacer pago a los acreedores.
(Entre éstos, los más infortunados son quienes adquirieron pasajes en Mexicana antes de que se produjera su crisis. Muchos de ellos han tenido ya que adquirir boletos en otras aerolíneas, que por más baratos que sean significan una pérdida para los usuarios, dejados en tierra con un palmo de narices porque con suprema irresponsabilidad la administración de Mexicana, Tenedora K durante unos días, simplemente cerró y no da la cara. La intervención de la Secretaría de Economía se limita a sugerir al público afectado la presentación de su querella ante la Procuraduría Federal del Consumidor).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes actúa como si el asunto no le incumbiera. Ha tenido que ser el secretario del Trabajo quien asegure que no habrá requisa, "es decir, la intervención directa del Estado para seguir operando y administrando las aerolíneas". Debería haberla. Se trata de una concesión federal, cuyo funcionamiento es competencia de la SCT, que debe asegurar la continuidad del servicio suspendido por el concesionario. La SCT no debe limitarse a dar fe de los hechos, a levantar una estadística de los daños y perjuicios causados por la suspensión. Su deber es evitarla, suplir las deficiencias de los particulares que incumplen la concesión.
Al negarse a hacerlo, da la puntilla a Mexicana. Si sus propietarios durante el lustro reciente se propusieron matar a la empresa, ahora el gobierno está haciendo lo posible por enterrarla. Bien que se niegue a rescatarla, a meter dinero bueno, de origen fiscal, a la concesionaria irresponsable. Pero no son equiparables el rescate y la requisa. Ésta deriva de una obligación de la autoridad. No practicarla sume a lo que resta de Mexicana en una sima aún más profunda. Y abarata aún más su menguado patrimonio, con lo que adquirirá una ganga quien la tome para sí, Aeroméxico según el vaticinio de Lozano.
Aeroméxico fue adquirida en 2007 por un grupo de inversionistas organizados por Banamex, que ganó la puja al Grupo Saba en condiciones de inequidad denunciadas por los perdedores de la licitación que, sin embargo, se abstuvieron de inconformarse legalmente. Como se recuerda, el grupo ganador presentó su última oferta al borde de la conclusión del término fijado, y cuando Saba replicó con la suya propia se declaró que el gesto había sido extemporáneo.
Los adquirientes nombraron presidente del consejo de administración al ingeniero José Luis Barraza, carente de experiencia en el negocio aeronáutico, pero que había mostrado ser confiable políticamente el año anterior a la compra de Aeroméxico. Durante el proceso electoral de donde surgió la actual administración, a la cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, Barraza se distinguió por la propaganda contraria a Andrés Manuel López Obrador. No fue la suya una posición inocua. El Tribunal Federal Electoral la tuvo por dañina aunque se limitó a señalarlo sin ahondar en la posibilidad de sancionarlo. Sí tuvieron presente ese lance ilegal los autores de la reforma constitucional electoral de 2007, que establecieron un nuevo modelo de comunicación política. Éste incluye la que podríamos denominar cláusula Barraza, consistente en que nadie, ni siquiera los partidos que son protagonistas del proceso, pueda pagar propaganda electrónica en favor o en contra.
Cajón de Sastre
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2009. El gobierno publicó fragmentos de ese documento en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero siguiente. Ayer, último día de agosto, la Suprema Corte de Justicia acordó que esa publicación hace las veces de notificación y comenzó a discutir si el fallo interamericano es obligatorio para los jueces mexicanos. Mañana jueves resolverá el asunto, que entraña especial importancia sobre todo en cuanto corresponde a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, que va a la zaga de lo que disponen acuerdos y tratados internacionales.
