¡Tres años y la Ley de Concursos hecha pomada! El Mié, 28 de Agosto de 2013, 01:04 am, por Alicia Salgado
Hoy se cumplen tres años del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, luego de que la administración de Gastón Azcárraga tomara la decisión de entrar a concurso sin garantizar la operación y de que Juan Molinar, hoy operador panista del Pacto por México, facilitara el proceso de destrucción de valor más relevante en la historia corporativa mexicana del siglo XXI.
El icónico caso quedará enmarcado como antecedente de todo lo que no se debe hacer con cualquier empresa, pública o privada, en términos administrativos, regulatorios y legales, que se combinó con la “ceguera” del regulador que lo mismo buscó influir para que se fusionara Mexicana con Aeroméxico o que logró que se aprobara un crédito que le costó a los mexicanos —no al Bancomext de Mario Laborín o Héctor Rangel– 12 mil millones de pesos de la garantía gubernamental que nunca debió extenderse a una empresa quebrada, aprovechando la profundización de la crisis que propició la contingencia sanitaria de la AH1N1.
Ausencia de recursos, bajos ingresos y una pesada deuda con socios comerciales y empleados aterrizaron a la aerolínea. Gastón Azcárraga y Manuel Borja apostaron erróneamente por un rescate público, en el que los contribuyentes pagarían los errores de los empresarios, cuyo principal problema fue de capital.
En términos legales el procedimiento de concurso mercantil también generó un mal precedente para el sistema judicial mexicano. El entonces juez, Felipe Consuelo —denunciado por los acreedores y sustituido por el Consejo de la Judicatura—, actuó de manera discrecional alargando los plazos establecidos para la declaratoria de quiebra, peor aún, el nombramiento de Gerardo Badin como conciliador y administrador no sólo eliminó transparencia al concurso sino que facilitó el engaño a los trabajadores de Mexicana, con 36 inversionistas fantasma y sólo uno efectivo. Esta misma actitud la ha adoptado la juez Edith Alarcón, quien ha seguido la línea de Consuelo y Badín para evitar que se declare la quiebra de la empresa al no existir interesado alguno que quiera responder por la deuda de la aerolínea y sus trabajadores.
Los primeros y únicos inversionistas serios, IXE Banco, rechazaron cualquier ofrecimiento formal por la empresa. El colmo fue PC Capital, que no pudo demostrar la tenencia de recursos para salvar a la aerolínea y engañó a más de un funcionario público a través de Arturo Barahona, quien ha acompañado puntualmente a todos los interesados en la empresa. Ninguno de los más de 20 grupos que le han rezado a la Milagrosísima ha logrado acreditar la propiedad de recursos y mucho menos su origen lícito.
A tres años de ese último vuelo a Toronto, el único camino que tiene, como lo he apuntado en este espacio, es el proceso de liquidación.
Sus ex empleados y jubilados merecen obtener recursos de la extinción de la compañía, el aeropuerto capitalino no puede seguir manteniendo sin uso los slots en un momento en donde su saturación es inminente, y las aerolíneas nacionales deben tener la certeza jurídica para su expansión en beneficio del consumidor.
La aviación mexicana debe seguir creciendo sin Mexicana de Aviación, tal y como otros países desarrollados lo han hecho con éxito. Basta recordar lo ocurrido con la industria en Estados Unidos, que continuó su crecimiento sin aquellas míticas aerolíneas como PANAM y TWA. Y si no, al tiempo.
DE FONDOS A FONDO
Y aun cuando se espera que el sindicato de sobrecargos que encabeza Ricardo del Valle interponga el amparo contra el laudo arbitral que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Juan Pablo Siller a favor de cambios en la contratación colectiva para los trabajadores de nuevo ingreso de Aeroméxico, le puedo comentar que, más allá de las posturas radicales, se presentaron más de 200 solicitantes para competir por las 85 vacantes de sobrecargos que podrían ser contratadas en las próximas dos semanas. La contratación se incrementará a algo así como 160 posiciones.
El icónico caso quedará enmarcado como antecedente de todo lo que no se debe hacer con cualquier empresa, pública o privada, en términos administrativos, regulatorios y legales, que se combinó con la “ceguera” del regulador que lo mismo buscó influir para que se fusionara Mexicana con Aeroméxico o que logró que se aprobara un crédito que le costó a los mexicanos —no al Bancomext de Mario Laborín o Héctor Rangel– 12 mil millones de pesos de la garantía gubernamental que nunca debió extenderse a una empresa quebrada, aprovechando la profundización de la crisis que propició la contingencia sanitaria de la AH1N1.
Ausencia de recursos, bajos ingresos y una pesada deuda con socios comerciales y empleados aterrizaron a la aerolínea. Gastón Azcárraga y Manuel Borja apostaron erróneamente por un rescate público, en el que los contribuyentes pagarían los errores de los empresarios, cuyo principal problema fue de capital.
En términos legales el procedimiento de concurso mercantil también generó un mal precedente para el sistema judicial mexicano. El entonces juez, Felipe Consuelo —denunciado por los acreedores y sustituido por el Consejo de la Judicatura—, actuó de manera discrecional alargando los plazos establecidos para la declaratoria de quiebra, peor aún, el nombramiento de Gerardo Badin como conciliador y administrador no sólo eliminó transparencia al concurso sino que facilitó el engaño a los trabajadores de Mexicana, con 36 inversionistas fantasma y sólo uno efectivo. Esta misma actitud la ha adoptado la juez Edith Alarcón, quien ha seguido la línea de Consuelo y Badín para evitar que se declare la quiebra de la empresa al no existir interesado alguno que quiera responder por la deuda de la aerolínea y sus trabajadores.
Los primeros y únicos inversionistas serios, IXE Banco, rechazaron cualquier ofrecimiento formal por la empresa. El colmo fue PC Capital, que no pudo demostrar la tenencia de recursos para salvar a la aerolínea y engañó a más de un funcionario público a través de Arturo Barahona, quien ha acompañado puntualmente a todos los interesados en la empresa. Ninguno de los más de 20 grupos que le han rezado a la Milagrosísima ha logrado acreditar la propiedad de recursos y mucho menos su origen lícito.
A tres años de ese último vuelo a Toronto, el único camino que tiene, como lo he apuntado en este espacio, es el proceso de liquidación.
Sus ex empleados y jubilados merecen obtener recursos de la extinción de la compañía, el aeropuerto capitalino no puede seguir manteniendo sin uso los slots en un momento en donde su saturación es inminente, y las aerolíneas nacionales deben tener la certeza jurídica para su expansión en beneficio del consumidor.
La aviación mexicana debe seguir creciendo sin Mexicana de Aviación, tal y como otros países desarrollados lo han hecho con éxito. Basta recordar lo ocurrido con la industria en Estados Unidos, que continuó su crecimiento sin aquellas míticas aerolíneas como PANAM y TWA. Y si no, al tiempo.
DE FONDOS A FONDO
Y aun cuando se espera que el sindicato de sobrecargos que encabeza Ricardo del Valle interponga el amparo contra el laudo arbitral que dictó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Juan Pablo Siller a favor de cambios en la contratación colectiva para los trabajadores de nuevo ingreso de Aeroméxico, le puedo comentar que, más allá de las posturas radicales, se presentaron más de 200 solicitantes para competir por las 85 vacantes de sobrecargos que podrían ser contratadas en las próximas dos semanas. La contratación se incrementará a algo así como 160 posiciones.
