Quieren la quiebra de Mexicana
Alberto Barranco
Empresa
Llevado el juez Felipe
Consuelo Soto al altar de los sacrificios en calidad de chivo
expiatorio, la alfombra está tendida para decretar la quiebra de
Mexicana de Aviación, bajo el argumento simple de que la prolongación
ilegal del concurso mercantil coloca en tela de duda la efectividad de
este tipo de procedimientos.
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El desgarre de vestiduras habla de que el escenario anula la
efectividad de la reforma que permitió derogar la Ley de Quiebras y
Suspensión de Pagos ante la presión de los bancos.
La zancadilla llega en medio de una coyuntura que parece inmejorable:
La división de los sindicatos ante lo que califican de traición del
nuevo dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores al
abrirle la puerta al despacho White & Case, encabezado por Vicente
Corta, para fungir como interventor… pese al conflicto de interés que
enfrenta.
La firma no sólo tendría un vigilante para garantizar el interés de
los grandes acreedores, sino un nuevo conciliador y administrador que
permita ver las existencias reales de activos y aún de caja.
Sin embargo, de darse el paso al que se puso tenazmente el juez
removido, se desataría una pelea feroz por recoger de lo perdido lo que
aparezca.
De entrada, la Tenedora K, a quien le vendió el anterior dueño,
Gastón Azcárraga Andrade, las acciones del Nuevo Grupo Aeroportuario que
aglutinaba a Mexicana, y sus líneas de bajo costo, exigiría el 51% de
la empresa de mantenimiento MRO, el único negocio en marcha de la
compañía.
Más allá, mientras el Banco Nacional de Comercio Exterior tendría vía
libre para vender los siete aviones que le endosaron en garantía por un
préstamo de 980 millones de pesos, el Banco Mercantil del Norte
exigiría a su vez el descongelamiento de los pagarés bancarios que se le
pusieron en prenda.
El problema, empero, será para el gobierno y los trabajadores, pese a
que tienen derecho de ubicarse "mano" en la fila de acreedores, dada la
falta de activos de la firma que pudieran comercializarse.
El principal de ellos, la marca "Mexicana de Aviación" lo tienen embargado los trabajadores de confianza.
De hecho la Secretaría de Hacienda ya perdió un pleito contra el
exdirector general de la línea aérea, Manuel Borja Chico, en reclamo de
una suma multimillonaria de impuestos retenidos que no se enteraron al
fisco.
Ahora que en la presión los trabajadores le exigirán al gobierno el
acelerar las indagaciones en relación a las demandas colocadas en la
mesa contra el expresidente de la compañía.
De hecho, los únicos que faltaban de colocar su reclamo, los
trabajadores de tierra, acaban de hacerlo… sólo que involucrando también
al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a la Secretaría de
Hacienda y a Nacional Financiera.
Las tres instancias tenían una participación en el capital de la
empresa, entonces integrada a Cintra, controladora también de
Aeroméxico, al momento de su venta al Grupo Posadas. El primero tenía el
50.44%; la segunda el 10.6 y la tercera el 3.54.
El resto estaba en la Bolsa Mexicana de Valores.
El delito de que se les acusa es haber vendido la empresa a un precio
que descontaba un pasivo laboral de dos mil 492 millones de pesos, sin
que hubiera comprometido al comprador a garantizar su pago.
Es más, ni siquiera se reconoció la existencia del pasivo.
La presencia habla de fraude, al no tomar en cuenta la opinión de los acreedores, es decir los trabajadores de Mexicana.
Como usted sabe, tras una alocada administración que incluyó la
apertura de rutas incosteables; la pintura de la totalidad de la flota a
pretexto de un cambio de imagen, y la adquisición de préstamos cuyo uso
no está totalmente claro, el accionista principal emprendió la graciosa
huida vendiendo en mil pesos el 97% de las acciones.
¿Y qué tal, desde otro ángulo, si Med Atlántica le exige pago de
daños y perjuicios al gobierno por obstaculizar el rescate de la línea
aérea, como lo hizo con 14 posibles compradores de línea?
La quiebra, pues, le pegaría un palo al avispero.
