Confirma juez de Mexicana que con amenazas bajaron a inversionistas de Med Atlántica
El juez hizo patente “la actitud francamente grosera y prepotente del licenciado Gerardo Sánchez Henkel hacia Iván Barona”.
Darío Celis
Como le adelantamos, ayer el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF envió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el exhorto para que, lejos de obstaculizar, apoye la reestructuración y capitalización de Mexicana.
Felipe Consuelo Soto confirma en su escrito no sólo las amenazas que supuestamente recibieron potenciales inversionistas, sino la actitud altanera del abogado de la dependencia contra los líderes sindicales que se esfuerzan por reflotar la aerolínea y que aquí le referimos también.
Reproducimos algunos extractos de la misiva, sobre todo la referente al encuentro del martes por la noche que detonó el plantón del miércoles, expresión que concluyó en la detención y encarcelación de algunos pilotos:
“En primer lugar, hago patente la actitud francamente grosera y prepotente del licenciado Gerardo Sánchez Henkel hacia el inversionista Iván Barona, a grado tal que en tres ocasiones fue reconvenido por los líderes de los tres sindicatos para que le diera el trato y consideración debida”.
“El citado funcionario se disculpó varias veces y justificó su proceder alegando que en múltiples ocasiones ha recibido a inversionistas y no han podido comprobar los recursos para capitalizar Mexicana”.
“La reunión continuó y el señor Mikhael Shamis pidió fuera mostrado un documento a los presentes, suscrito por un banco extranjero con sucursal en Canadá, por lo cual el que suscribe tuvo en sus manos dicho documento que venía con una certificación expedida por una fedataria de la Corte de Canadá, persona que se encontraba presente y se identificó”.
Se compromete SCT
“Dicho documento es un estado de cuenta bancario donde consta que el que la signa es el señor Mikhael Shamis, quien demuestra la existencia de un saldo aproximado de más de 800 millones de dólares, explica la procedencia de dicha suma y señala que él únicamente va a prestar el dinero al señor Iván Barona y que no será socio.
“El licenciado Sánchez Henkel instruyó al conciliador y administrador Gerardo Badín para que investigara el citado estado de cuenta, sin embargo, el señor Shamis señaló que el viernes tendría la prueba de fondos por 400 millones de dólares a través del Banco Santander”.
“El licenciado Sánchez Henkel se comprometió a nombre de la SCT a dar todas las facilidades y realizar los trámites necesarios de su competencia, a fin de lograr que a la brevedad se pueda suscribir el convenio concursal y entregar el certificado de aeronavegabilidad, así como que los señores Barona y Shamis fueran recibidos por el secretario Dionisio Pérez-Jácome”.
“Sin embargo, al salir de la reunión ordenó que se hiciera una nota informativa que suscribió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que dice únicamente que el grupo de inversionistas se comprometió a que el viernes se comprobaría la existencia de los fondos”.
Denuncias anónimas
“Por otra parte, me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la secretaría del nombre de algunos de los inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el Grupo Med Atlántica, les hablaron telefónicamente y de manera anónima para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso porque nunca los iban a dejar volar, por lo que ya no hicieron el depósito”.
“Lo anterior genera en el suscrito, por lo menos la suspicacia, del por qué otros grupos anteriores interesados en Mexicana no han llevado a cabo el fondeo para capitalizar la empresa. Por otra parte, el señor conciliador Badín me manifestó que ha recibido muestras de agresión por vía telefónica y personal por desconocidos, como sucede en estos casos, de gente que no se identifica”.
“También me ha sido denunciado de manera personal, por diferentes actores en el concurso mercantil, que están siendo objeto de investigación ilegal mediante intervención telefónica.”
En la parte final de su exhorto el juez Consuelo Soto enumera las obligaciones que el organismo dirigido por Pérez-Jácome está emplazado por ley a cumplir, y que a la luz de los hechos, ya sea por distracción o negligencia, desatendió:
Jalón de orejas a Nicho
“El derecho de los inversionistas en cuanto a la protección de sus datos personales; a tener la seguridad de no ser sujetos de amenazas derivado de la fuga de dicha información; a respetar su dignidad humana y ser recibidos y oídos por la autoridad; a su derecho a la intimidad y a invertir para el desarrollo económico y social de la nación vigilando de manera efectiva el desarrollo de las gestiones que se requieran”.
“Al ser la Constitución ley suprema de nuestra nación y al haber protestado guardarla, se hace un atento exhorto al señor secretario Dionisio Pérez-Jácome, para que en el ámbito de sus facultades y deberes constitucionales y por ser garante de los derechos humanos que se han invocado, los respete y haga respetar”.
“…con relación con todas las personas involucradas en el concurso mercantil, así como que brinde en la realidad las facilidades, asesoría y apoyo a los inversionistas y cumplir las obligaciones de su competencia que se establecen en la Ley de Aeronáutica Civil, además de vigilar y supervisar que se cumplan los mandatos que se han determinado en el presente expediente, como es el caso de la devolución de los ‘slots’ de vuelo y las medidas cautelares vigentes”.
“Por otra parte, gírese oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe en el término de 24 horas quién ordenó la presencia de policías en el acceso de la base de mantenimiento de Mexicana MRO que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 9 de noviembre y el motivo por el que se tomó dicha determinación”.
“Igualmente, gírese oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, para que informe en el término de 24 horas, quién ordenó el desalojo por la fuerza de los manifestantes que se encontraban afuera de las oficinas de la SCT y por qué se utilizó el uso de la fuerza de forma tan desmedida e innecesaria”.
2011-11-11 00:00:00
El juez hizo patente “la actitud francamente grosera y prepotente del licenciado Gerardo Sánchez Henkel hacia Iván Barona”.
Darío Celis
Como le adelantamos, ayer el juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF envió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el exhorto para que, lejos de obstaculizar, apoye la reestructuración y capitalización de Mexicana.
Felipe Consuelo Soto confirma en su escrito no sólo las amenazas que supuestamente recibieron potenciales inversionistas, sino la actitud altanera del abogado de la dependencia contra los líderes sindicales que se esfuerzan por reflotar la aerolínea y que aquí le referimos también.
Reproducimos algunos extractos de la misiva, sobre todo la referente al encuentro del martes por la noche que detonó el plantón del miércoles, expresión que concluyó en la detención y encarcelación de algunos pilotos:
“En primer lugar, hago patente la actitud francamente grosera y prepotente del licenciado Gerardo Sánchez Henkel hacia el inversionista Iván Barona, a grado tal que en tres ocasiones fue reconvenido por los líderes de los tres sindicatos para que le diera el trato y consideración debida”.
“El citado funcionario se disculpó varias veces y justificó su proceder alegando que en múltiples ocasiones ha recibido a inversionistas y no han podido comprobar los recursos para capitalizar Mexicana”.
“La reunión continuó y el señor Mikhael Shamis pidió fuera mostrado un documento a los presentes, suscrito por un banco extranjero con sucursal en Canadá, por lo cual el que suscribe tuvo en sus manos dicho documento que venía con una certificación expedida por una fedataria de la Corte de Canadá, persona que se encontraba presente y se identificó”.
Se compromete SCT
“Dicho documento es un estado de cuenta bancario donde consta que el que la signa es el señor Mikhael Shamis, quien demuestra la existencia de un saldo aproximado de más de 800 millones de dólares, explica la procedencia de dicha suma y señala que él únicamente va a prestar el dinero al señor Iván Barona y que no será socio.
“El licenciado Sánchez Henkel instruyó al conciliador y administrador Gerardo Badín para que investigara el citado estado de cuenta, sin embargo, el señor Shamis señaló que el viernes tendría la prueba de fondos por 400 millones de dólares a través del Banco Santander”.
“El licenciado Sánchez Henkel se comprometió a nombre de la SCT a dar todas las facilidades y realizar los trámites necesarios de su competencia, a fin de lograr que a la brevedad se pueda suscribir el convenio concursal y entregar el certificado de aeronavegabilidad, así como que los señores Barona y Shamis fueran recibidos por el secretario Dionisio Pérez-Jácome”.
“Sin embargo, al salir de la reunión ordenó que se hiciera una nota informativa que suscribió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que dice únicamente que el grupo de inversionistas se comprometió a que el viernes se comprobaría la existencia de los fondos”.
Denuncias anónimas
“Por otra parte, me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la secretaría del nombre de algunos de los inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el Grupo Med Atlántica, les hablaron telefónicamente y de manera anónima para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso porque nunca los iban a dejar volar, por lo que ya no hicieron el depósito”.
“Lo anterior genera en el suscrito, por lo menos la suspicacia, del por qué otros grupos anteriores interesados en Mexicana no han llevado a cabo el fondeo para capitalizar la empresa. Por otra parte, el señor conciliador Badín me manifestó que ha recibido muestras de agresión por vía telefónica y personal por desconocidos, como sucede en estos casos, de gente que no se identifica”.
“También me ha sido denunciado de manera personal, por diferentes actores en el concurso mercantil, que están siendo objeto de investigación ilegal mediante intervención telefónica.”
En la parte final de su exhorto el juez Consuelo Soto enumera las obligaciones que el organismo dirigido por Pérez-Jácome está emplazado por ley a cumplir, y que a la luz de los hechos, ya sea por distracción o negligencia, desatendió:
Jalón de orejas a Nicho
“El derecho de los inversionistas en cuanto a la protección de sus datos personales; a tener la seguridad de no ser sujetos de amenazas derivado de la fuga de dicha información; a respetar su dignidad humana y ser recibidos y oídos por la autoridad; a su derecho a la intimidad y a invertir para el desarrollo económico y social de la nación vigilando de manera efectiva el desarrollo de las gestiones que se requieran”.
“Al ser la Constitución ley suprema de nuestra nación y al haber protestado guardarla, se hace un atento exhorto al señor secretario Dionisio Pérez-Jácome, para que en el ámbito de sus facultades y deberes constitucionales y por ser garante de los derechos humanos que se han invocado, los respete y haga respetar”.
“…con relación con todas las personas involucradas en el concurso mercantil, así como que brinde en la realidad las facilidades, asesoría y apoyo a los inversionistas y cumplir las obligaciones de su competencia que se establecen en la Ley de Aeronáutica Civil, además de vigilar y supervisar que se cumplan los mandatos que se han determinado en el presente expediente, como es el caso de la devolución de los ‘slots’ de vuelo y las medidas cautelares vigentes”.
“Por otra parte, gírese oficio a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe en el término de 24 horas quién ordenó la presencia de policías en el acceso de la base de mantenimiento de Mexicana MRO que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 9 de noviembre y el motivo por el que se tomó dicha determinación”.
“Igualmente, gírese oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, para que informe en el término de 24 horas, quién ordenó el desalojo por la fuerza de los manifestantes que se encontraban afuera de las oficinas de la SCT y por qué se utilizó el uso de la fuerza de forma tan desmedida e innecesaria”.
2011-11-11 00:00:00
