Empresa | Alberto Barranco
Sepultan reforma laboral
Más de Alberto Barranco
Colocada como credencial frente a su pretensión de alcanzar una senaduría en el 2012, a contrapelo de la insistencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el Congreso sepultó, finalmente, la posibilidad del sí a una reforma laboral en la actual legislatura
Martes 01 de noviembre de 2011
El PRI, pues, se rajó de su propia propuesta ante las críticas de “empanizamiento”, es decir, de colocar en la mesa prácticamente una calca de lo que había planteado Acción Nacional.
De hecho, el comparativo entre una y otra iniciativas hablaba de coincidencias en 57 puntos críticos, por más que la panista apuntaba a modificar 464 artículos de la Ley Federal del Trabajo y la priísta más de mil.
Digamos que el ex partido oficial no quiso enfrentar marchas de sindicatos independientes y organizaciones sociales como la encabezada por Andrés Manuel López Obrador en plena contienda electoral, por más que los tiempos se habían desfasado.
De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, una vez entregada la minuta de la iniciativa aprobada por el Senado, la Cámara Baja tenía 45 días para avalarla o modificarla, transcurridos los cuales se pidió una prórroga similar… que luego, a solicitud de la Junta de Coordinación Política, se alargaría en otros 150.
Y ni así. El último plazo se venció el 6 de agosto pasado.
La paradoja del caso es que el PRI le había jugado a quedar bien con Dios y con el diablo, al permitir que el Consejo Coordinador Empresarial le metiera mano a la alternativa, pero soslayando los viejos privilegios del sindicalismo corrupto.
El problema es que se olvidaron de los sindicatos independientes.
Entre los puntos álgidos en que la Comisión del Trabajo y Previsión Social enfrentó resistencias, por más que los priístas llevaban mayoría con 14 integrantes, frente a nueve panistas y cuatro perredistas, estaba la exigencia de modificar los artículos 13 y 15 bis de la Ley Federal del Trabajo para legalizar la actividad que realizan las llamadas outsourcing o tercerías, es decir, la posibilidad de que otras empresas subcontraten personal para tareas específicas, lo que atenta contra el principio de la no discriminación, al plantear escenarios de trato distinto en salarios y prestaciones a los trabajadores.
Más allá, se consideró que la propuesta de largos periodos a prueba para los trabajadores en fase de contratación atenta contra la seguridad en el empleo.
En paralelo, se adujo que la iniciativa priísta limitaba la justicia laboral al acotar los salarios caídos de un trabajador que es despedido injustamente a sólo 12 meses, en un escenario en que los juicios laborales se prolongan hasta cinco años, y aun cuando al final de éstos se ordenara la reinstalación del agraviado, ésta podría llevarse otros tres.
La alternativa, se dijo, permite a los empleadores tratar en forma directa o indirecta con los trabajadores para negociar condiciones laborales ajenas a lo estipulado en el contrato colectivo firmado por su sindicato, lo que vuelve estéril la existencia de éstos.
Y si le seguimos, la modificación planteada al artículo 388 elimina el derecho de los trabajadores a organizarse en estratos, lo que en el papel acabaría con los sindicatos de pilotos, sobrecargos de aviación y trabajadores de tierra. Uno solo, pues, de cara a las empresas.
Adicionalmente, se le tendía la alfombra a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para declarar la inexistencia de huelgas al introducir recursos adicionales para calificar éstas.
En este caso la modificación apuntaba al artículo 520.
En la catarata de peros se señalaba también que la iniciativa atenta contra principios laborales consagrados en la Constitución y en ordenamientos internacionales.
De entrada, la posibilidad del trabajo por horas, los contratos temporales, los largos periodos de prueba y la exigencia de capacitación inicial agreden el derecho a un empleo estable.
Además, se agravia el derecho a un salario suficiente cuando se plantea un pago proporcional a la jornada que cubra el trabajador contratado.
En paralelo, se atenta contra el principio de condiciones satisfactorias de trabajo al ubicarse la posibilidad de horarios discontinuos de acuerdo a las necesidades de producción.
La paradoja del caso es que al final del día hasta su principal aliada, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se le volteó al PRI en temor de enfrentar nuevas desbandadas.
La opción, pues, se va a 2012… si acaso.
Balance general
En lo que representa un episodio más de la guerra civil al interior del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ayer el juez 63 de lo civil, Jaime Lira Carreón, reconoció la invalidez en la designación por cooptación de integrantes del Consejo de Administración del emporio, a denuncia de la Controladora Mexicana de Aeropuertos.
Este se había realizado en dos fases: el 29 de agosto y el 30 de septiembre pasados.
La orden del togado es que se convoque a una asamblea general ordinaria de socios el 22 del mes que corre.
La sentencia anula el dedazo de las empresas AENA y Abertis en favor de Jaime Cortés Rocha, Francisco Glennie y Graue, José Alejandro Casas González, Carlos Bravo, León Falic, Eduardo Gallástegui Armella y Carlos Cárdenas Guzmán.
Le falló, pues, el golpe a los hispanos para de plano sacar de la jugada a quien ubica como socio incómodo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes había reconocido como presidente del GAP a Laura Diez Barroso Azcárraga de la propia Controladora Mexicana de Aeropuertos.
Sepultan reforma laboral
Más de Alberto Barranco
Colocada como credencial frente a su pretensión de alcanzar una senaduría en el 2012, a contrapelo de la insistencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el Congreso sepultó, finalmente, la posibilidad del sí a una reforma laboral en la actual legislatura
Martes 01 de noviembre de 2011
El PRI, pues, se rajó de su propia propuesta ante las críticas de “empanizamiento”, es decir, de colocar en la mesa prácticamente una calca de lo que había planteado Acción Nacional.
De hecho, el comparativo entre una y otra iniciativas hablaba de coincidencias en 57 puntos críticos, por más que la panista apuntaba a modificar 464 artículos de la Ley Federal del Trabajo y la priísta más de mil.
Digamos que el ex partido oficial no quiso enfrentar marchas de sindicatos independientes y organizaciones sociales como la encabezada por Andrés Manuel López Obrador en plena contienda electoral, por más que los tiempos se habían desfasado.
De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, una vez entregada la minuta de la iniciativa aprobada por el Senado, la Cámara Baja tenía 45 días para avalarla o modificarla, transcurridos los cuales se pidió una prórroga similar… que luego, a solicitud de la Junta de Coordinación Política, se alargaría en otros 150.
Y ni así. El último plazo se venció el 6 de agosto pasado.
La paradoja del caso es que el PRI le había jugado a quedar bien con Dios y con el diablo, al permitir que el Consejo Coordinador Empresarial le metiera mano a la alternativa, pero soslayando los viejos privilegios del sindicalismo corrupto.
El problema es que se olvidaron de los sindicatos independientes.
Entre los puntos álgidos en que la Comisión del Trabajo y Previsión Social enfrentó resistencias, por más que los priístas llevaban mayoría con 14 integrantes, frente a nueve panistas y cuatro perredistas, estaba la exigencia de modificar los artículos 13 y 15 bis de la Ley Federal del Trabajo para legalizar la actividad que realizan las llamadas outsourcing o tercerías, es decir, la posibilidad de que otras empresas subcontraten personal para tareas específicas, lo que atenta contra el principio de la no discriminación, al plantear escenarios de trato distinto en salarios y prestaciones a los trabajadores.
Más allá, se consideró que la propuesta de largos periodos a prueba para los trabajadores en fase de contratación atenta contra la seguridad en el empleo.
En paralelo, se adujo que la iniciativa priísta limitaba la justicia laboral al acotar los salarios caídos de un trabajador que es despedido injustamente a sólo 12 meses, en un escenario en que los juicios laborales se prolongan hasta cinco años, y aun cuando al final de éstos se ordenara la reinstalación del agraviado, ésta podría llevarse otros tres.
La alternativa, se dijo, permite a los empleadores tratar en forma directa o indirecta con los trabajadores para negociar condiciones laborales ajenas a lo estipulado en el contrato colectivo firmado por su sindicato, lo que vuelve estéril la existencia de éstos.
Y si le seguimos, la modificación planteada al artículo 388 elimina el derecho de los trabajadores a organizarse en estratos, lo que en el papel acabaría con los sindicatos de pilotos, sobrecargos de aviación y trabajadores de tierra. Uno solo, pues, de cara a las empresas.
Adicionalmente, se le tendía la alfombra a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para declarar la inexistencia de huelgas al introducir recursos adicionales para calificar éstas.
En este caso la modificación apuntaba al artículo 520.
En la catarata de peros se señalaba también que la iniciativa atenta contra principios laborales consagrados en la Constitución y en ordenamientos internacionales.
De entrada, la posibilidad del trabajo por horas, los contratos temporales, los largos periodos de prueba y la exigencia de capacitación inicial agreden el derecho a un empleo estable.
Además, se agravia el derecho a un salario suficiente cuando se plantea un pago proporcional a la jornada que cubra el trabajador contratado.
En paralelo, se atenta contra el principio de condiciones satisfactorias de trabajo al ubicarse la posibilidad de horarios discontinuos de acuerdo a las necesidades de producción.
La paradoja del caso es que al final del día hasta su principal aliada, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se le volteó al PRI en temor de enfrentar nuevas desbandadas.
La opción, pues, se va a 2012… si acaso.
Balance general
En lo que representa un episodio más de la guerra civil al interior del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ayer el juez 63 de lo civil, Jaime Lira Carreón, reconoció la invalidez en la designación por cooptación de integrantes del Consejo de Administración del emporio, a denuncia de la Controladora Mexicana de Aeropuertos.
Este se había realizado en dos fases: el 29 de agosto y el 30 de septiembre pasados.
La orden del togado es que se convoque a una asamblea general ordinaria de socios el 22 del mes que corre.
La sentencia anula el dedazo de las empresas AENA y Abertis en favor de Jaime Cortés Rocha, Francisco Glennie y Graue, José Alejandro Casas González, Carlos Bravo, León Falic, Eduardo Gallástegui Armella y Carlos Cárdenas Guzmán.
Le falló, pues, el golpe a los hispanos para de plano sacar de la jugada a quien ubica como socio incómodo.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes había reconocido como presidente del GAP a Laura Diez Barroso Azcárraga de la propia Controladora Mexicana de Aeropuertos.
