La STPS garantiza imparcialidad en el conflicto entre Mexicana y ASSA
Por: Notimex Negocios
Martes 13 de Marzo de 2007 Hora de publicación: 12:16
El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ofreció imparcialidad en el conflicto entre Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), y sostuvo que no será "gestor de una muerte anunciada" porque su responsabilidad es preservar los empleos, no acabar con ellos.
En entrevista, el funcionario federal indicó que su posición será imparcial en la mesa de conciliación que hoy inicia con ambas partes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y que no se tocarán ciertos derechos individuales y colectivos de los trabajadores "que ni deben estar siquiera a discusión".
"No estoy dispuesto a ser gestor de una muerte anunciada; tengo que ser gestor del empleo, no del desempleo, tengo que ver como conciliador, de qué manera podemos armonizar los intereses de ambas partes", subrayó.
No obstante, reconoció que es indispensable buscar mecanismos para aumentar la competencia y la productividad de la empresa. Señaló que para llevar a cabo las reuniones de conciliación es importante la confianza entre los involucrados, en lo cual pondrá énfasis a partir de un diagnóstico común para buscar la forma de que no sólo sobreviva Mexicana, sino que sea competitiva y qué tiene que poner cada uno de los interesados sin afectar a los trabajadores.
Lozano Alarcón confió en que el director general de Mexicana de Aviación, Emilio Romano, y el secretario general de la ASSA, Francisco Villarreal, lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, a las que les pedirá exponer sus posturas y partir de ahí iniciar la conciliación.
También dijo que no llegará "prejuiciado" a las negociaciones, por lo que dejará a un lado lo manifestado hasta ahora por ambas partes en el sentido de que la empresa pretende ahorrar 25 millones de dólares a costa del contrato colectivo mientras que el sindicato acusa que pretenden mutilar a éste en 80 por ciento.Apuntó que se buscará que ello no sea punto de partida de las pláticas, porque entonces se estaría lejos de llegar a un acuerdo.
Reconoció que es necesario buscar mecanismos para elevar la competencia dada la compleja situación que enfrenta la aviación en México por la complicada competencia derivada por las líneas económicas que aunque beneficia a los pasajeros no lo es para las líneas troncales, que tienen que buscar mecanismos de competitividad.
En ese contexto celebró los acuerdos que se han logrado entre pilotos y personal de tierra con las empresas de aviación, que han aceptado cambios para preservar sus fuentes de empleo y mejorar sus condiciones de vida en un nivel de competitividad y los sobrecargos, dijo, no deben estar exentos de la situación.
Miguel Ángel Granados Chapa Mexicana y sus sobrecargos
Mediante un conflicto colectivo de naturaleza económica, una figura a la que también pueden acudir los sindicatos, la línea área privatizada en 2005 busca modificar el contrato colectivo con ASSA, para hacer rentable la operación a través de ajustes laboralesEl secretario del Trabajo, Javier Lozano, se reunirá hoy con la empresa Mexicana de Aviación y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, enfrentados en un conflicto colectivo de naturaleza económica, planteado el 5 de marzo por la aerolínea para modificar el contrato de trabajo.
El viernes pasado el sindicato acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a contestar la demanda patronal en los mismos términos que ha respondido en semanas de negociaciones.
La agrupación acepta ajustar los términos de la relación laboral con la empresa pero no con los alcances fijados por ella.La actual administración de Mexicana la adquirió del consorcio gubernamental Cintra en noviembre de 2005.
Lo hizo en condiciones ventajosas, pues del monto total de la operación, mil 456 millones de dólares, sólo erogó en lo inmediato 165 millones. Asumió pasivos por 294 millones más, e hizo suyo el compromiso de arrendamiento de aeronaves por el resto, 997 millones de dólares.
A pesar de las dificultades que en general enfrenta la aviación comercial en todo el mundo, la operación se fincaba en la sinergia que el comprador esperaba conseguir. Posadas de México, el consorcio adquiriente, encabezado por Gastón Azcárraga Andrade, maneja 94 hoteles en todo el país (y algunos fuera de México) y en el año en que adquirió Mexicana sus ingresos fueron 5 mil 100 millones de pesos.
Además de la combinación de sus giros empresariales, la nueva administración de Mexicana se propuso reducir sus costos, principalmente los laborales, pues en otros como el precio del combustible, no puede más que atenerse al mercado. En noviembre pasado, un año después de adquirir la aerolínea, la empresa consiguió de la asociación de pilotos una reducción de sus prestaciones y en enero pasado logró lo mismo con los trabajadores de tierra.
En el marco de las negociaciones con los sobrecargos, el sindicato de este personal de aire aceptó en septiembre pasado revisar en ceros (es decir no reclamar ningún incremento salarial) su contrato colectivo.
Pero Mexicana le había hecho saber que iba por más, por una modificación severa del contrato colectivo.La empresa asegura que necesita disminuir en 25 millones de dólares el costo de ese contrato. El sindicato admite disminuciones y ajustes que importan 15 millones.
La empresa aduce, entre otros aspectos, que los sobrecargos están obligados a volar 90 horas al mes pero que en realidad el promedio es de 52. Y argumenta que el 40 por ciento del personal de aire vuela menos de 40 horas; 60 por ciento vuela más de 40 horas y 10 por ciento 70 horas. El sindicato niega esas cifras y las contrapone con las suyas, según las cuales el 52 por ciento de las y los sobrecargos vuela 70 horas.
La empresa busca hacer cumplir o modificar otros términos del contrato. Le parece una carga pesada el total de 400 jubilados que se retiraron con 23 años de servicios, y cuya pensión se basa en su último salario. De acuerdo con el análisis sindical, la propuesta empresarial incluye alteraciones legales como revisar el convenio de productividad propuesto sólo a partir de diciembre de 2010 (en vez de la revisión contractual cada año como establece la Ley Federal del Trabajo) y disminuir el periodo prenatal en que las sobrecargos dejen de volar (el 70 por ciento del personal está integrado por mujeres).
Después de intentar sin éxito la firma del convenio de productividad planteado en diciembre, la empresa decidió acudir al conflicto colectivo de naturaleza económica, una figura legal casi en desuso. Presentó la demanda el 5 de marzo y la Junta la acordó, en los términos legales, fijando para cuatro días después la audiencia de contestación de la demanda.
El sindicato acudió a ratificar la posición que ha manifestado y las partes acudirán hoy ante el secretario Lozano Alarcón, quizá en ejercicio de una interpretación extensiva del artículo 901 de la Ley Federal del Trabajo que impone a las juntas laborales el deber de "procurar ante todo que las partes lleguen a un convenio", mediante "la conciliación en cualquier estado del procedimiento".
Bajo el rubro "Modificación colectiva de las condiciones de trabajo", el artículo 426 de la ley federal respectiva dice que "los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley", cuando, dice su fracción primera "existan circunstancias económicas que la justifiquen".
Pero en su fracción segunda dice que también procede "cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo".Si el tribunal laboral emitiera un laudo favorable a la empresa, estaría no sólo ocupándose de un asunto en particular sino, en el contexto actual, abriría la puerta a innumerables demandas provenientes del sector sindical.
Desde que en enero el alza en el precio de la tortilla suscitó una carestía que golpeó la capacidad adquisitiva de los salarios, varias agrupaciones sindicales (entre ellas las que el jueves pasado marcharon al Zócalo de la capital, después de haberlo hecho en un escenario mayor el 31 de enero) han solicitado un incremento salarial de emergencia, noción social caída en desuso desde que el gobierno abdicó de sus posibilidades de atenuar los rigores del mercado.
Hasta este momento demanda política, podría serlo de carácter jurídico.
