Miguel B. Treviño / Someter a los magnates
MIGUEL B. TREVIÑO / Publicada el 10/03/2014 04:45:33 a.m.La democracia representativa, esa obsesión en cuya consolidación hemos invertido 25 años, tiene que ver con una forma de gobierno por la que las autoridades son elegidas por el voto directo de los ciudadanos. El concepto de República se refiere más bien a un sistema político fundamentado en el imperio de la ley y en la igualdad de los ciudadanos frente a ésta.
La semana pasada coincidieron -de manera no planeada- avances y retrocesos en la construcción republicana. La ruta crítica de este trabajo en proceso en México pasa, necesariamente, por asegurar y hacer evidente que los Azcárraga, Slim, Salinas, los grandes contratistas y los grandes concesionarios del gobierno también están sujetos a la ley.
Un paso hacia delante fue la resolución de la semana pasada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que elimina exclusivas, obliga a que se comparta infraestructura, impone un precio justo de interconexión y abre el juego a nuevos oferentes independientes. En suma, pavimenta el camino para un ambiente de competencia para los servicios de televisión y de telefonía. Después de muchos años de estira y afloja, parece que avanzamos hacia tener principios de competencia convertidos en reglas del juego que además se acaten.
Pero si tener normas de cumplimiento obligatorio para los agentes económicos más influyentes es fundamental para avanzar hacia la legalidad, la otra tenaza que cierra la pinza es el castigo. En la misma semana tuvimos muestras de que todavía nos falta mucho en esta segunda vertiente.
El conjunto de irregularidades de la empresa Oceanografía en su operación a la sombra de diferentes órganos estatales, particularmente de Pemex, tendría que haber sido abordado mucho antes de que un banco extranjero señalara el fraude.
Igualmente lamentable es que en el caso de Mexicana de Aviación, su principal involucrado, Gastón Azcárraga, haya gozado -en la práctica- de todas las facilidades para fugarse. No hay pretexto válido de las autoridades tratándose de un caso que por tanto tiempo ha estado bajo la más alta visibilidad pública.
Ninguno de estos dos asuntos debe ser considerado "pleito entre particulares", como en una declaración desafortunada aseguró el secretario de Hacienda. Por su magnitud económica, por el número de gente afectada y por el peso simbólico de las empresas y sus dueños, son asuntos de Estado de primera importancia.
México necesita casos ejemplares de que la ley es para todos. ¿Dónde están nuestros Bernie Madoff, Martha Stewart, Jack Abramoff o Kenneth Lay?
Derribar las trabas para atrapar y castigar a los peces gordos privados es una tarea aplazada que urge poner como prioridad, primero, porque los grandes empresarios tienen los recursos para esconder sus maniobras y burlar la ley. Cuando un caso sale a la luz pública es porque la trampa fue de enormes dimensiones, y el que ni así se logre el castigo le resta credibilidad a la justicia.
Una segunda razón es que ante la escala de los negocios en casos como los de la semana pasada siempre hay complicidad de servidores públicos. La idea de que la ley se aplica parejo se volverá creíble sólo cuando haya evidencias incuestionables de ello. Sin freno y castigo a los empresarios más gandallas no saldremos de república bananera.
Por un cuarto de siglo, echar a andar y darle una credibilidad básica a la democracia ha sido preponderantemente un asunto que ha ocupado el perfeccionamiento de las reglas de competencia entre partidos. Muy poca atención se ha puesto en fortalecer el espíritu republicano de gobierno, es decir, el principio de que es el pueblo quien ostenta la soberanía original y eso implica que las reglas se apliquen parejo.
Hoy el asunto crucial para fortalecer al Estado mexicano ya no es tanto quién y cómo se resolvió la última elección. El asunto de fondo es quién manda.
