Aún no hay visos de arreglo en el conflicto laboral entre Aeroméxico, que
dirige Andrés Conesa, y el Sindicato de Sobrecargos, ASSA, que
preside Ricardo del Valle. La aerolínea presentó un conflicto
colectivo de naturaleza económica ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje para modificar el contrato colectivo mientras que el sindicato no se
ha movido ni un ápice en sus pretensiones para renovar el contrato este año con
peticiones tan descabelladas como un incremento salarial de 10% que está fuera
de todos los parámetros en las negociaciones contractuales realizadas este año,
y un incremento en prestaciones que de acuerdo a la empresa elevaría en más de
100% los costos laborales.
La aerolínea está emplazada a huelga para el próximo 31 de mayo y no se ha
avanzado en las negociaciones que de hecho iniciaron a fines del año pasado y es
una prueba de fuego para el secretario del Trabajo, Alfonso
Navarrete, porque de estallar la huelga generaría gravísimos problemas
en el país porque Aeroméxico es hoy la principal línea área en cuanto a su
flota, vuelos nacionales y extranjeros y número de pasajeros transportados.
Para Enrique Peña Nieto sería su primera gran huelga y se
vería en la necesidad de decidir si requisar o no a la aerolínea. Opción que fue
tajantemente descartada en los gobiernos de Vicente Fox y de
Felipe Calderón al negarse a utilizar recursos públicos para
rescatar una empresa privada, pero que fue ya esbozada como una posibilidad por
Navarrete Prida.
De hecho, en el caso de Mexicana de Aviación, los trabajadores confiaron en
que antes de permitir el cierre de operaciones de la aerolínea habría un rescate
por parte del gobierno y el mismo sindicato, ASSA, se negó a acceder a las
cláusulas de productividad que exigía la empresa.
Dictamen de JFCA el 7 de junio
En el caso de Aeroméxico, ASSA se ha negado a aceptar las propuestas de
Conesa de modificar las condiciones del contrato sólo para los
nuevos sobrecargos que se contratarán para la renovación de la flota que ya
anunció la empresa.
El martes se realizó una nueva reunión conciliatoria y la tercera audiencia
sobre el conflicto colectivo de naturaleza económica. El sindicato había
solicitado que se presentaran el IPAB, y Aerolitoral como terceros interesados
quienes señalaron no tener interés jurídico y no se presentaron representantes
de Grupo Aeroméxico y de la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, por lo
que se consideró que tampoco tienen interés jurídico. La JFCA nombró ya a los
peritos que evaluarán los argumentos de las dos partes y tendrán que emitir su
dictamen a más tardar el 7 de junio, es decir una semana después de la fecha
programada para el estallido de la huelga en Aeroméxico.
La empresa insiste en que antes de revisar las demandas contractuales de ASSA
se debe modificar el contrato colectivo para adecuarlo al entorno de una mayor
competencia en el sector.
