El AICM exige la entrega del hangar que ocupa la unidad MRO
Endurece SCT posición ante Mexicana
Susana González, Miriam Posada, Ariane Díaz y Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 14 de junio de 2012, p. 24
El regreso de Mexicana de Aviación al mercado se está tornando cada vez más complejo, y se han agregado elementos que generan más tensión, como el endurecimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ayer solicitó la presencia de elementos de la Policía Federal que llegaron a las instalaciones de la dependencia a bordo de al menos nueve autobuses para impedir que los trabajadores de la aerolínea tomaran los accesos, porque a decir de esa entidad “los sindicatos han sido atendidos y los derechos de Mexicana salvaguardados, por lo que se consideran absolutamente innecesarias las manifestaciones y bloqueos que afectan los derechos de terceros y violan la ley”.
El operativo inhibió el bloqueo de accesos y terminó por disolver el mitin debido a que, denunciaron los trabajadores, recibieron “amenazas de muerte” de los policías y existe el temor de que haya órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes sindicales.
En otro flanco se recrudeció la relación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que “en ejercicio al derecho” emitió un oficio para que Mexicana entregue el espacio que ocupan los hangares de mantenimiento de MRO debido a que venció su contrato y si quiere renovarlo la renta pasará de 2 millones 400 mil pesos mensuales a aproximadamente 14 millones.
Carlos Lobera, director general adjunto jurídico del AICM, rechazó que el documento en el que manifiesta su oposición a que esa empresa “continúe con el uso y goce del bien arrendado; por lo que se le requiere la desocupación y entrega inmediata del mismo” contravenga lo dispuesto por el juez Felipe Consuelo Soto, quien ordenó dos días antes de que venciera el contrato que se permitiera a la base de mantenimiento seguir operando.
El oficio se realizó “en ejercicio al derecho del AICM de oponerse a la tácita reconducción, que no es otra cosa que evitar que el contrato que venció se prorrogue de manera indefinida (y en los mismos términos) por no haber una oposición del arrendador”.
Lobera dijo que es posible una negociación para un nuevo contrato, “nosotros como servidores públicos tenemos una normatividad que nos rige y no podemos cobrar menos de lo que la ley establece. El contrato que venció data de hace 30 años y en ese momento se cobraba una renta a precio de terreno. Actualmente hay plataforma, oficinas y hangares y es con base en esos componentes que se tiene que cobrar la renta”. Aseguró que en caso de que Mexicana MRO no entregue las instalaciones el AICM “no va a ejercer ninguna fuerza pública”, sino que llevaría a cabo las acciones correspondientes ante un órgano judicial.
Otro elemento en contra es que el convenio concursal a cargo del conciliador Gerardo Badín integra apenas a 46 por ciento de los acreedores debido y no a 65 por ciento, señalaron fuentes judiciales.
Después de entrevistarse con Christian Cadenas, de Med Atlántica, y con el conciliador, Gerardo Badín, Di Costanzo aseguró que el dinero existe y que la empresa está legalmente constituida, pero no tiene certidumbre de llegar a convenios con las entidades de gobierno involucradas.
Endurece SCT posición ante Mexicana
Susana González, Miriam Posada, Ariane Díaz y Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 14 de junio de 2012, p. 24
El regreso de Mexicana de Aviación al mercado se está tornando cada vez más complejo, y se han agregado elementos que generan más tensión, como el endurecimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ayer solicitó la presencia de elementos de la Policía Federal que llegaron a las instalaciones de la dependencia a bordo de al menos nueve autobuses para impedir que los trabajadores de la aerolínea tomaran los accesos, porque a decir de esa entidad “los sindicatos han sido atendidos y los derechos de Mexicana salvaguardados, por lo que se consideran absolutamente innecesarias las manifestaciones y bloqueos que afectan los derechos de terceros y violan la ley”.
El operativo inhibió el bloqueo de accesos y terminó por disolver el mitin debido a que, denunciaron los trabajadores, recibieron “amenazas de muerte” de los policías y existe el temor de que haya órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes sindicales.
En otro flanco se recrudeció la relación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que “en ejercicio al derecho” emitió un oficio para que Mexicana entregue el espacio que ocupan los hangares de mantenimiento de MRO debido a que venció su contrato y si quiere renovarlo la renta pasará de 2 millones 400 mil pesos mensuales a aproximadamente 14 millones.
Carlos Lobera, director general adjunto jurídico del AICM, rechazó que el documento en el que manifiesta su oposición a que esa empresa “continúe con el uso y goce del bien arrendado; por lo que se le requiere la desocupación y entrega inmediata del mismo” contravenga lo dispuesto por el juez Felipe Consuelo Soto, quien ordenó dos días antes de que venciera el contrato que se permitiera a la base de mantenimiento seguir operando.
El oficio se realizó “en ejercicio al derecho del AICM de oponerse a la tácita reconducción, que no es otra cosa que evitar que el contrato que venció se prorrogue de manera indefinida (y en los mismos términos) por no haber una oposición del arrendador”.
Lobera dijo que es posible una negociación para un nuevo contrato, “nosotros como servidores públicos tenemos una normatividad que nos rige y no podemos cobrar menos de lo que la ley establece. El contrato que venció data de hace 30 años y en ese momento se cobraba una renta a precio de terreno. Actualmente hay plataforma, oficinas y hangares y es con base en esos componentes que se tiene que cobrar la renta”. Aseguró que en caso de que Mexicana MRO no entregue las instalaciones el AICM “no va a ejercer ninguna fuerza pública”, sino que llevaría a cabo las acciones correspondientes ante un órgano judicial.
Otro elemento en contra es que el convenio concursal a cargo del conciliador Gerardo Badín integra apenas a 46 por ciento de los acreedores debido y no a 65 por ciento, señalaron fuentes judiciales.
Después de entrevistarse con Christian Cadenas, de Med Atlántica, y con el conciliador, Gerardo Badín, Di Costanzo aseguró que el dinero existe y que la empresa está legalmente constituida, pero no tiene certidumbre de llegar a convenios con las entidades de gobierno involucradas.
