Mexicana, el trasfondo
Publicado el 17 noviembre, 2011 por Senadores PT
por Ricardo Monreal Ávila
El juez que tiene a su cargo el concurso mercantil para la quiebra de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, lanzó dos graves acusaciones que deben ser investigadas, tanto por el Poder Judicial como el por el Poder Legislativo, dado que involucran directamente al gobierno federal, y no podría actuar como juez y parte a través de la PGR.
El juez encargado del concurso mercantil dijo que está “confundido” por las señales contrarias que envía el gobierno para el rescate de la aerolínea; aseguró que percibe “intereses siniestros” de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana, y sostuvo que se sabe que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de dar una explicación o respuesta fundada, solicitó que el juez fuera removido de este caso. Con esta actitud, la SCT sólo viene a confirmar la parcialidad con la que se ha dirigido desde el cierre de la que fue la principal aerolínea del país.
A unos días de que venza el plazo para rescatar a Mexicana, el juez Consuelo Soto reveló: “me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nombre de algunos inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el grupo Med Atlántica, recibieron llamadas anónimas para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso, porque nunca los iban a dejar volar”, notificó el juez en un acuerdo que se presentó en el juzgado.
La información la dio a conocer en una notificación inédita, pues los juzgadores no acostumbran hacer inferencias relacionadas con aspectos que no constan en los expedientes judiciales, y además hizo comentarios a medios de comunicación. Ante estas declaraciones, el jefe de la Unidad Jurídica de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, exhortó al juez a que haga las denuncias correspondientes.
En concordancia con la percepción del juez sobre los “intereses siniestros” en el proceso, el líder de los pilotos, Fernando Perfecto, dijo que “no podemos negar, aunque no es fácil comprobar, que evidentemente las aerolíneas extranjeras han hecho un gran cabildeo en la SCT para impedir que Mexicana retome el vuelo. De la misma manera me queda claro que los competidores de Mexicana no solamente se han aprovechado, sino que han tratado también de hacer su cabildeo para que Mexicana no regrese, y eso es natural, comprensible, pero no lo aceptamos”.
A lo largo de los 15 meses que Mexicana ha dejado de operar, el gobierno federal, a través de la SCT y de la Secretaría del Trabajo, ha mostrado una resistencia permanente y sistemática para el regreso de la aerolínea a las pistas. Primero, la forma laxa como permitió que el dueño anterior, Gastón Azcárraga, saqueara y quebrara a la empresa. El gobierno federal tiene la obligación de supervisar y regular la operación de todas las empresas aéreas, no sólo en lo relativo a las normas de seguridad aeronáutica, sino de las obligaciones de servicio a los consumidores y de cumplimiento con sus obligaciones fiscales. Y en estos dos últimos rubros, el gobierno se hizo de la vista gorda durante los años que tuvo bajo su administración el señor Gastón Azcárraga, operador también de la cadena de hoteles Fiesta Inn y Fiesta Americana.
Una vez declarada la suspensión de pagos de la empresa, el gobierno debió intervenirla y asegurar la tenencia de las acciones de la aerolínea, a fin de que éstas quedaran en garantía durante el concurso mercantil de quiebra. Pero en lugar de hacer eso, se permitió que el dueño las vendiera a un precio irrisorio al grupo Tenedora K, quien ahora no quiere entregarlas sin antes recibir un pago de 12 millones de dólares. Las compró a un dólar y ahora pretende una ganancia de mil por ciento. Es decir, una típica operación especulativa. Detrás de dicho grupo, se ha mencionado en diversas ocasiones, se encuentra el mismo propietario anterior que busca una ganancia a río revuelto.
Otro indicador de la actitud omisa del gobierno es que nada ha hecho acerca de la defraudación fiscal que cometió la administración de Mexicana al no enterar los impuestos y pagos de derecho que se cobraron a miles de consumidores que hicieron compras anticipadas de boletos ni enteraron al fisco de los derechos pagados por los pasajeros que volaron durante los últimos ocho meses de vida de Mexicana. Pero la irregularidad más grave es que se dispuso del fondo de retiro de los trabajadores, por más de 200 millones de pesos, de los que nadie sabe dónde quedaron.
Por otra parte, a lo largo de 15 meses se presentaron 20 posibles inversionistas que buscaban el rescate de la aerolínea. Cada uno de ellos fue desistiendo de su propósito. Las autoridades argumentaban que Mexicana “era incosteable rescatarla”. Hoy tenemos otra versión, expuesta por el propio juez: los inversionistas interesados eran intimidados para que desistieran de su propósito con el argumento de que la aerolínea jamás volvería a volar y perderían su inversión.
Desde el inicio del actual gobierno, la postura fue impulsar una sola línea aérea, una especie de cártel de aerolíneas mexicanas, a fin de hacer rentable su operación y maximizar sus utilidades. Se impidió que ello sucediera, en virtud de las condiciones monopólicas o de dominancia que se generarían en el mercado nacional. Sin embargo, el gobierno encontró una vía alterna para alcanzar ese propósito: impedir a toda costa que Mexicana regrese a las pistas.
¿A quién beneficia “el crimen” comercial que significaría quebrar de manera definitiva a Mexicana? En primer lugar, a Aeroméxico, que ha impuesto precios estratosféricos en algunas rutas, a ciencia y paciencia de las autoridades. Cuestión de ver las ganancias de esta empresa en los últimos 15 meses. ¿Quién es el inversionista principal de Aeroméxico? El ex banquero Roberto Hernández, quien desde el gobierno de Vicente Fox ha sido constantemente beneficiado con decisiones económicas y fiscales del gobierno, como haberle permitido la venta de Banamex a Citigroup, sin pagar un peso de impuestos. Por su parte, Roberto Hernández ha cubierto debidamente estos favores. Fue uno de los principales patrocinadores de la Fundación Vamos México, de Marta Fox; del mismo Centro Fox; pero, sobre todo, de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006 y de la campaña negra contra López Obrador, para presentarlo como “un peligro para México”.
Éstos y no otros son los “intereses siniestros” denunciados por el juez Felipe Consuelo Soto, que tratan de impedir que Mexicana regrese a las pistas. Éste y no otro es el motivo por el que la SCT pide el cambio del juez del caso, una vez que el Rey ha quedado desnudo. A Mexicana, el gobierno la quiere hundir para beneficiar a uno de los empresarios mecenas de su partido y de sus campañas. Éste y no otro es el trasfondo de Mexicana, la que algún día fue la “línea aérea de México”.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Publicado el 17 noviembre, 2011 por Senadores PT
por Ricardo Monreal Ávila
El juez que tiene a su cargo el concurso mercantil para la quiebra de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, lanzó dos graves acusaciones que deben ser investigadas, tanto por el Poder Judicial como el por el Poder Legislativo, dado que involucran directamente al gobierno federal, y no podría actuar como juez y parte a través de la PGR.
El juez encargado del concurso mercantil dijo que está “confundido” por las señales contrarias que envía el gobierno para el rescate de la aerolínea; aseguró que percibe “intereses siniestros” de las aerolíneas beneficiadas con la salida de Mexicana, y sostuvo que se sabe que algunos empresarios han sido amenazados para que no inviertan en la línea aérea. Ante estas declaraciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de dar una explicación o respuesta fundada, solicitó que el juez fuera removido de este caso. Con esta actitud, la SCT sólo viene a confirmar la parcialidad con la que se ha dirigido desde el cierre de la que fue la principal aerolínea del país.
A unos días de que venza el plazo para rescatar a Mexicana, el juez Consuelo Soto reveló: “me informaron personas que prefieren quedar en el anonimato que en cuanto se dio la información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del nombre de algunos inversionistas mexicanos que fondearían el fideicomiso para el grupo Med Atlántica, recibieron llamadas anónimas para intimidarlos diciéndoles que ni se les ocurriera meter dinero al fideicomiso, porque nunca los iban a dejar volar”, notificó el juez en un acuerdo que se presentó en el juzgado.
La información la dio a conocer en una notificación inédita, pues los juzgadores no acostumbran hacer inferencias relacionadas con aspectos que no constan en los expedientes judiciales, y además hizo comentarios a medios de comunicación. Ante estas declaraciones, el jefe de la Unidad Jurídica de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, exhortó al juez a que haga las denuncias correspondientes.
En concordancia con la percepción del juez sobre los “intereses siniestros” en el proceso, el líder de los pilotos, Fernando Perfecto, dijo que “no podemos negar, aunque no es fácil comprobar, que evidentemente las aerolíneas extranjeras han hecho un gran cabildeo en la SCT para impedir que Mexicana retome el vuelo. De la misma manera me queda claro que los competidores de Mexicana no solamente se han aprovechado, sino que han tratado también de hacer su cabildeo para que Mexicana no regrese, y eso es natural, comprensible, pero no lo aceptamos”.
A lo largo de los 15 meses que Mexicana ha dejado de operar, el gobierno federal, a través de la SCT y de la Secretaría del Trabajo, ha mostrado una resistencia permanente y sistemática para el regreso de la aerolínea a las pistas. Primero, la forma laxa como permitió que el dueño anterior, Gastón Azcárraga, saqueara y quebrara a la empresa. El gobierno federal tiene la obligación de supervisar y regular la operación de todas las empresas aéreas, no sólo en lo relativo a las normas de seguridad aeronáutica, sino de las obligaciones de servicio a los consumidores y de cumplimiento con sus obligaciones fiscales. Y en estos dos últimos rubros, el gobierno se hizo de la vista gorda durante los años que tuvo bajo su administración el señor Gastón Azcárraga, operador también de la cadena de hoteles Fiesta Inn y Fiesta Americana.
Una vez declarada la suspensión de pagos de la empresa, el gobierno debió intervenirla y asegurar la tenencia de las acciones de la aerolínea, a fin de que éstas quedaran en garantía durante el concurso mercantil de quiebra. Pero en lugar de hacer eso, se permitió que el dueño las vendiera a un precio irrisorio al grupo Tenedora K, quien ahora no quiere entregarlas sin antes recibir un pago de 12 millones de dólares. Las compró a un dólar y ahora pretende una ganancia de mil por ciento. Es decir, una típica operación especulativa. Detrás de dicho grupo, se ha mencionado en diversas ocasiones, se encuentra el mismo propietario anterior que busca una ganancia a río revuelto.
Otro indicador de la actitud omisa del gobierno es que nada ha hecho acerca de la defraudación fiscal que cometió la administración de Mexicana al no enterar los impuestos y pagos de derecho que se cobraron a miles de consumidores que hicieron compras anticipadas de boletos ni enteraron al fisco de los derechos pagados por los pasajeros que volaron durante los últimos ocho meses de vida de Mexicana. Pero la irregularidad más grave es que se dispuso del fondo de retiro de los trabajadores, por más de 200 millones de pesos, de los que nadie sabe dónde quedaron.
Por otra parte, a lo largo de 15 meses se presentaron 20 posibles inversionistas que buscaban el rescate de la aerolínea. Cada uno de ellos fue desistiendo de su propósito. Las autoridades argumentaban que Mexicana “era incosteable rescatarla”. Hoy tenemos otra versión, expuesta por el propio juez: los inversionistas interesados eran intimidados para que desistieran de su propósito con el argumento de que la aerolínea jamás volvería a volar y perderían su inversión.
Desde el inicio del actual gobierno, la postura fue impulsar una sola línea aérea, una especie de cártel de aerolíneas mexicanas, a fin de hacer rentable su operación y maximizar sus utilidades. Se impidió que ello sucediera, en virtud de las condiciones monopólicas o de dominancia que se generarían en el mercado nacional. Sin embargo, el gobierno encontró una vía alterna para alcanzar ese propósito: impedir a toda costa que Mexicana regrese a las pistas.
¿A quién beneficia “el crimen” comercial que significaría quebrar de manera definitiva a Mexicana? En primer lugar, a Aeroméxico, que ha impuesto precios estratosféricos en algunas rutas, a ciencia y paciencia de las autoridades. Cuestión de ver las ganancias de esta empresa en los últimos 15 meses. ¿Quién es el inversionista principal de Aeroméxico? El ex banquero Roberto Hernández, quien desde el gobierno de Vicente Fox ha sido constantemente beneficiado con decisiones económicas y fiscales del gobierno, como haberle permitido la venta de Banamex a Citigroup, sin pagar un peso de impuestos. Por su parte, Roberto Hernández ha cubierto debidamente estos favores. Fue uno de los principales patrocinadores de la Fundación Vamos México, de Marta Fox; del mismo Centro Fox; pero, sobre todo, de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006 y de la campaña negra contra López Obrador, para presentarlo como “un peligro para México”.
Éstos y no otros son los “intereses siniestros” denunciados por el juez Felipe Consuelo Soto, que tratan de impedir que Mexicana regrese a las pistas. Éste y no otro es el motivo por el que la SCT pide el cambio del juez del caso, una vez que el Rey ha quedado desnudo. A Mexicana, el gobierno la quiere hundir para beneficiar a uno de los empresarios mecenas de su partido y de sus campañas. Éste y no otro es el trasfondo de Mexicana, la que algún día fue la “línea aérea de México”.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
