Inversionistas judíos oficializan hoy interés Mexicana.Con Oscar M Beteta
15 de Junio, 2011
La entrega de la carta de intención será entregada esta tarde al conciliador Gerardo Badín, por un nuevo grupo de inversionistas encabezado por Jacobo Laniado, presidente de la empresa COX. Este grupo cuenta con la asistencia de una de las asesoras y operadoras de los activos más importantes de Nueva York, que es Perella Weinberg, reveló el analista financiero Mauricio Flores.
El analista Mauricio Flores, informó que hoy por la tarde, un nuevo grupo de inversionistas, encabezado por Jacobo Laniado Cattán, presidente de la empresa COX, entregará al conciliador del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín, su carta de intención y demostración de recursos para el rescate de la aerolínea.
En el espacio de Oscar Mario Beteta, Flores, explicó que Laniado Cattán, va junto con diversos inversionistas de la comunidad judía, así como, con la asistencia de una de las asesoras y operadoras de los activos más importantes de Nueva York, que es Perella Weinberg, de Joseph Perella y Peter Weinberg.
Asimismo, dijo, que con ello, esperan demostrar que cuentan con los fondos fideicomitados para de una vez entrar al rescate de Mexicana.
De acuerdo con el analista, este nuevo grupo ha dicho que de aceptar su propuesta, ellos otorgarían 150 millones de dólares para pagar los pasivos laborales que son los más urgentes y empezarían a operar con nueve aviones.
Además, de ser aceptados, mañana mismo estarían firmando la adquisición de las acciones.
CHEQUEN QUIEN ES EL NUEVO INVERSIONISTA:
Detectaron irregularidades en reclusorios por 100 mdp
Miércoles 06 de octubre de 1999
Miguel Badillo | El Universal
Según reportes de la Dirección de Auditoría de la Contraloría General del DF quedaron al descubierto anomalías en los reclusorios de la capital por unos 100 millones de pesos en los rubros de adquisiciones, obras, caja chica y gasto social, principalmente.
Del presunto fraude por la fabricación de pinturas en los reclusorios, que le causó un daño patrimonial al gobierno capitalino por unos 20 millones de pesos, la Dirección de Legalidad de la Contraloría integró los expedientes y analiza las sanciones administrativas que aplicará en contra de los últimos tres directores generales de Reclusorios y algunos funcionarios menores que se habrían beneficiado con la producción de pintura de mala calidad y que fue vendida a dependencias del gobierno capitalino sin control alguno.
El empresario Jacobo Laniado Cattan, propietario de la compañía Pro 2000 y quien utilizaba como prestanombres a Noemí Alemán Balboa, empleada de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino y representante de la empresa Industrias de Readaptación Social, fue uno de los beneficiados con la venta de pintura y asfalto para las delegaciones Acapotzalco, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, así como el Sistema de Transporte Colectivo Metro. En entrevista, el empresario rechazó haber cometido ilícito alguno, aunque reconoció que había creado la empresa Industrias de Readaptación Social y utilizó a Noemí Alemán Balboa para que apareciera como propietaria, "pues mi nombre no podía aparecer en una empresa que utiliza como obreros a rateros (70) presos en el reclusorio, porque yo tengo otras empresas y debo de cuidar mi imagen". El empresario aseguró que no hay forma de que se le vincule con la empresa involucrada en la venta de pintura y azfalto a la Dirección General de Reclusorios, y reconoció que fue la misma Subsecretaría de Gobierno, entonces a cargo de Leonel Godoy, la que recomendaba mediante oficios, "que yo puedo mostrar en cuanto me los soliciten", para que delegaciones políticas y otras dependencias del gobierno como el Metro adquirieran los productos.
La historia del fraude
A finales de 1997,el entonces director general de Reclusorios, Julio Pérez Benítez, firmó un convenio de colaboración en materia de trabajo penitenciario con la empresa Industrias de Readaptación Social, representada por Noemí Alemán Balboa, prestanombres de Jacobo Laniado, fabricante de pinturas, impermeabilizantes y asfalto en frío.
El contador Roberto Apolinar Lezama, titular de la Dirección de Trabajo Penitenciario, inició la comercialización de los productos según pedidos 073 y 074 signados con la Delegación Iztapalapa. Lo extraño de estos contratos de compra veta es que tienen fecha del 4 de abril de 1997.
Durante ese año, la Dirección General de Reclusorios recibió 13 pedidos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco e Iztapalapa, así como con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyo monto de ventas ascendió a 23 millones 416 mil 426 pesos. Con la llegada del actual director general de Reclusorios, Jaime Alvarez Ramos, quien se desempeñaba como director técnico y de readaptación social, solicitó que se realizara una auditoría con carácter de urgente, por haber encontrado anomalías en el manejo de recursos en el área de Industria Penitenciaria. Por ello, con fecha del 1 de julio de 1998, la Contraloría Interna inició la auditoría número 6M clave 320, de donde se desprendieron ocho observaciones, en las cuales nunca se puso en duda el contrato para la producción y venta de pintura.
El 8 de enero de 1999 se inició otra auditoría número 6E y concluyó el 2 de julio anterior, en donde el órgano de control emitió nuevamente ocho observaciones, de las que destacan la número uno, en donde se indica que la Dirección General de Reclusoros realizó actos de comercialización de productos con la empresa Industrias de Readaptación Social, la cual era promocionada como si se tratara de trabajo exclusivo de los internos, cuando éstos sólo producían el 15 por ciento. En la observación número dos, el órgano de control señaló que, el Metro y la Dirección de Servicios Urbanos determinaron que la pintura era de mala calidad e inservible, y su precio era superior al del mercado hasta en un 200%, lo que determinó un daño patrimonial al gobierno capitalino por 20 millones 867 mil 612.16 pesos. La supuesta finalidad de la empresa propiedad de Jacobo Laniado Cattan era proporcionar trabajo a los internos mediante la fabricación de pinturas; sin embargo, la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General descubrió que dicha pintura no era fabricada al interior de los penales.
15 de Junio, 2011
La entrega de la carta de intención será entregada esta tarde al conciliador Gerardo Badín, por un nuevo grupo de inversionistas encabezado por Jacobo Laniado, presidente de la empresa COX. Este grupo cuenta con la asistencia de una de las asesoras y operadoras de los activos más importantes de Nueva York, que es Perella Weinberg, reveló el analista financiero Mauricio Flores.
El analista Mauricio Flores, informó que hoy por la tarde, un nuevo grupo de inversionistas, encabezado por Jacobo Laniado Cattán, presidente de la empresa COX, entregará al conciliador del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín, su carta de intención y demostración de recursos para el rescate de la aerolínea.
En el espacio de Oscar Mario Beteta, Flores, explicó que Laniado Cattán, va junto con diversos inversionistas de la comunidad judía, así como, con la asistencia de una de las asesoras y operadoras de los activos más importantes de Nueva York, que es Perella Weinberg, de Joseph Perella y Peter Weinberg.
Asimismo, dijo, que con ello, esperan demostrar que cuentan con los fondos fideicomitados para de una vez entrar al rescate de Mexicana.
De acuerdo con el analista, este nuevo grupo ha dicho que de aceptar su propuesta, ellos otorgarían 150 millones de dólares para pagar los pasivos laborales que son los más urgentes y empezarían a operar con nueve aviones.
Además, de ser aceptados, mañana mismo estarían firmando la adquisición de las acciones.
CHEQUEN QUIEN ES EL NUEVO INVERSIONISTA:
Detectaron irregularidades en reclusorios por 100 mdp
Miércoles 06 de octubre de 1999
Miguel Badillo | El Universal
Según reportes de la Dirección de Auditoría de la Contraloría General del DF quedaron al descubierto anomalías en los reclusorios de la capital por unos 100 millones de pesos en los rubros de adquisiciones, obras, caja chica y gasto social, principalmente.
Del presunto fraude por la fabricación de pinturas en los reclusorios, que le causó un daño patrimonial al gobierno capitalino por unos 20 millones de pesos, la Dirección de Legalidad de la Contraloría integró los expedientes y analiza las sanciones administrativas que aplicará en contra de los últimos tres directores generales de Reclusorios y algunos funcionarios menores que se habrían beneficiado con la producción de pintura de mala calidad y que fue vendida a dependencias del gobierno capitalino sin control alguno.
El empresario Jacobo Laniado Cattan, propietario de la compañía Pro 2000 y quien utilizaba como prestanombres a Noemí Alemán Balboa, empleada de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino y representante de la empresa Industrias de Readaptación Social, fue uno de los beneficiados con la venta de pintura y asfalto para las delegaciones Acapotzalco, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, así como el Sistema de Transporte Colectivo Metro. En entrevista, el empresario rechazó haber cometido ilícito alguno, aunque reconoció que había creado la empresa Industrias de Readaptación Social y utilizó a Noemí Alemán Balboa para que apareciera como propietaria, "pues mi nombre no podía aparecer en una empresa que utiliza como obreros a rateros (70) presos en el reclusorio, porque yo tengo otras empresas y debo de cuidar mi imagen". El empresario aseguró que no hay forma de que se le vincule con la empresa involucrada en la venta de pintura y azfalto a la Dirección General de Reclusorios, y reconoció que fue la misma Subsecretaría de Gobierno, entonces a cargo de Leonel Godoy, la que recomendaba mediante oficios, "que yo puedo mostrar en cuanto me los soliciten", para que delegaciones políticas y otras dependencias del gobierno como el Metro adquirieran los productos.
La historia del fraude
A finales de 1997,el entonces director general de Reclusorios, Julio Pérez Benítez, firmó un convenio de colaboración en materia de trabajo penitenciario con la empresa Industrias de Readaptación Social, representada por Noemí Alemán Balboa, prestanombres de Jacobo Laniado, fabricante de pinturas, impermeabilizantes y asfalto en frío.
El contador Roberto Apolinar Lezama, titular de la Dirección de Trabajo Penitenciario, inició la comercialización de los productos según pedidos 073 y 074 signados con la Delegación Iztapalapa. Lo extraño de estos contratos de compra veta es que tienen fecha del 4 de abril de 1997.
Durante ese año, la Dirección General de Reclusorios recibió 13 pedidos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Azcapotzalco e Iztapalapa, así como con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuyo monto de ventas ascendió a 23 millones 416 mil 426 pesos. Con la llegada del actual director general de Reclusorios, Jaime Alvarez Ramos, quien se desempeñaba como director técnico y de readaptación social, solicitó que se realizara una auditoría con carácter de urgente, por haber encontrado anomalías en el manejo de recursos en el área de Industria Penitenciaria. Por ello, con fecha del 1 de julio de 1998, la Contraloría Interna inició la auditoría número 6M clave 320, de donde se desprendieron ocho observaciones, en las cuales nunca se puso en duda el contrato para la producción y venta de pintura.
El 8 de enero de 1999 se inició otra auditoría número 6E y concluyó el 2 de julio anterior, en donde el órgano de control emitió nuevamente ocho observaciones, de las que destacan la número uno, en donde se indica que la Dirección General de Reclusoros realizó actos de comercialización de productos con la empresa Industrias de Readaptación Social, la cual era promocionada como si se tratara de trabajo exclusivo de los internos, cuando éstos sólo producían el 15 por ciento. En la observación número dos, el órgano de control señaló que, el Metro y la Dirección de Servicios Urbanos determinaron que la pintura era de mala calidad e inservible, y su precio era superior al del mercado hasta en un 200%, lo que determinó un daño patrimonial al gobierno capitalino por 20 millones 867 mil 612.16 pesos. La supuesta finalidad de la empresa propiedad de Jacobo Laniado Cattan era proporcionar trabajo a los internos mediante la fabricación de pinturas; sin embargo, la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General descubrió que dicha pintura no era fabricada al interior de los penales.
