Aeroméxico, sobrevivir con el uniforme puesto
Arturo Alcalde Justiniani
E
l laudo dictado por la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con motivo del
conflicto colectivo de naturaleza económica presentado por Aeroméxico en
contra de sus sobrecargos, exhibe el verdadero rostro de la justicia
laboral en nuestro país y la actuación que en esta materia inaugura la
actual administración de Enrique Peña Nieto.
El juicio que dio cauce al reclamo de Aeroméxico para bajar salarios,
prestaciones y descansos e imponer jornadas inhumanas a los
sobrecargos, estuvo plagado de irregularidades; se suspendió y aceleró
arbitrariamente al gusto de la empresa, se negó a los trabajadores su
derecho a exhibir pruebas fundamentales tendientes a acreditar la
ilegalidad de los cambios propuestos y la sensible afectación a la
integridad física y mental de las y los sobrecargos y también a la
seguridad de la operación aérea. Se designaron peritos parciales y
carentes de conocimiento aeronáutico, quienes llegaron al extremo de
firmar el dictamen un día y cambiarlo al siguiente para responder a las
exigencias de la empresa. Obran en el expediente los dos dictámenes,
diferentes uno del otro, firmados por las mismas personas. Se ocultó
información esencial para acreditar la situación económica real como la
vinculación entre Aeroméxico y la empresa Connect, a la que traslada
vuelos y materia de trabajo constituyendo la misma unidad económica.El contenido del laudo ha generado una inmediata indignación en el medio laboral. La Unión Nacional de Trabajadores expresó su protesta por las injustas condiciones que impone. También, porque fue elaborado con extrema parcialidad, no explica el sinnúmero de cambios que se incluyen en textos que sólo reproducen documentos aportados por la empresa. Como muestra basta señalar que las 222 hojas de su contenido aparecen supuestamente redactadas en un solo día, el 20 de agosto de 2013, el mismo en que fue firmado por los integrantes de la junta y también notificado al sindicato. No cabe duda, tenían prisa.
El nuevo laudo impone sólo a los trabajadores de nuevo ingreso una reducción de prestaciones a niveles de ley y a los salarios en más del 50 por ciento. Se llega al extremo de suprimir la protección a la maternidad que en esta actividad es fundamental, no sólo porque 80 por ciento son mujeres, sino también porque las vibraciones del avión y presión en la cabina pueden afectar la fijación del producto en la matriz, razón que explica la recomendación médica vigente. El salario que se impone a los nuevos sobrecargos quedaría congelado por el término de 10 años, disposición absurda que no tiene precedente en nuestra historia laboral. Considerando las inhumanas condiciones impuestas en las jornadas, es esperable que se incremente la rotación y que exista deserción antes del periodo del congelamiento. Los sustitutos deberán también esperar otros 10 años y así sucesivamente.
En materia de jornadas, se faculta a la empresa asignar en ciertos vuelos 18 horas consecutivas que podrán ser extendidas tres horas más; ello viene acompañado de nuevas reglas para disponer del sobrecargo en cualquier día y hora. La nueva clausula 28 lo dice todo: “Asignación de servicio.- Los avisos de notificación de un nuevo servicio, de cancelación o cambio de servicio podrán ser notificados a los sobrecargos en su domicilio (incluso por vía telefónica), en los aeropuertos, en los hoteles de pernocta (incluso por vía telefónica), en la transportación, en las salas de reservas, en las oficinas que para el efecto disponga la empresa o en los aviones que vayan laborando o siendo transportados por la empresa…” Una sobrecargo afirmó que con esas condiciones las jóvenes apenas podrán sobrevivir y tendrán la obligación de mantenerse permanentemente con el uniforme puesto, para cuando sean llamadas a trabajar.
La JFCA es formalmente tripartita; en este caso el laudo
aparece firmado unánimemente por Diodoro J. Siller Arguello, presidente y
representante del gobierno; Jorge Mariscal Bustamante, supuesto
representante de los trabajadores (por cierto, perteneciente a la
sección XV de la CTM, la misma que administra el contrato de protección
patronal en Interjet y cuyos bajos salarios sirvieron de argumento a
Aeroméxico para su propuesta), y Humberto Guerra Correa, representante
patronal. Sin embargo, esta composición es una simulación, ya que el
gobierno federal es el que toma la decisión, los demás simplemente
firman y cobran. Ello no quiere decir que el presidente de la JFCA
decida por sí mismo, sino que en asuntos colectivos atiende la
instrucción del secretario de Trabajo y Previsión Social y este último,
en casos especiales, reserva la decisión al propio presidente de la
República. La conclusión es que no existen tribunales imparciales en
materia laboral y por ello no hay árbitro confiable. El procedimiento no
es más que el reflejo de influencias, totalmente alejado del debido
proceso que de acuerdo con la ley y los compromisos internacionales
debería prevalecer en nuestro país.
La decisión del gobierno federal en el caso Aeroméxico trasciende sus
límites y exhibe una nueva visión que no sólo rompe con principios
constitucionales tan claros como el contenido en la fracción VII, del
apartado
Adel artículo 123 constitucional, el cual garantiza que a igualdad de trabajo debe cubrirse salario igual, ello acredita además la intención de precarizar el futuro de los trabajadores del país y lesionar la contratación colectiva utilizando la fuerza del Estado para modificar condiciones laborales al gusto del sector empresarial, aún cuando carezca de argumentos técnicos. En el caso de los trabajadores de Aeroméxico, tienen en su favor la presencia de un sindicato de larga tradición democrática y de una directiva sindical que no ha claudicado; sin embargo, en otros centros de trabajo, no existe posibilidad de defensa alguna, como sucede en las líneas aéreas de bajo costo, cuyas miserables condiciones laborales se utilizan como argumento comparativo. El asalto al futuro que hoy impone el gobierno federal transita en sentido contrario al discurso oficial.
Falta un largo camino por recorrer antes de conocer si este viraje en
la política laboral gubernamental logrará su finalidad depredadora.
