25 marzo 2013

DEL CORREO DEL BLOG

Economía ayudará a materializar inversión para Mexicana, confía juez

archivado en: | Aéreo | Mexicana de Aviación
A días de que se venciera el plazo de la nueva convocatoria en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, la juez Edith Alarcón convocó la intervención de la Secretaría (Ministerio) de Economía a fin de que indique los mecanismos o instrumentos financieros que ofrezcan el beneficio de materializar eficazmente el depósito de los recursos económicos al inversionista interesado en adquirir y capitalizar a la concursada.
A través de un acuerdo, la juez enumera las razones por las que solicita la intervención de la dependencia que encabeza Idelfonso Guajardo, entre ellas destaca que debe indicar las modalidades, procesos, requisitos, o bien, los vehículos legales y financieros que un inversionista debe cumplir para internar al territorio nacional una inversión directa e, incluso, para hacer líquidos y aplicar dichos recursos económicos del extranjero dentro de la República Mexicana.
La Secretaría de Economía está en aptitud de facilitar al inversionista, por conducto de juez federal como rectora del procedimiento, todas las alternativas, mecanismos e instrumentos financieros que le permitan de forma legal, ágil y eficaz materializar dentro del territorio nacional su inversión directa.
Asimismo puede gestionar ante la Secretaría (Ministerio) de Hacienda y Crédito público (SCHCP), los estímulos fiscales necesarios para el fomento de la atracción de la inversión extranjera, creando un escenario apropiado con un entorno ideal que logre estimular en mejor proporción el ánimo del inversionista en la adquisición y capitalización de la empresa concursada y sus filiales.
Edith Alarcón solicitó a la Secretaría de Economía indicar si puede fungir como órgano de enlace ante instituciones bancarias o entes financieros internacionales en los que el inversionista tenga depositados los recursos financieros, que utilizará para adquirir y capitalizar a la comerciante y sus filiales.
La juez concluye que en caso de que la secretaría no brinde respuesta a las peticiones del mandato judicial dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación se le impondrá una multa consistente en 450 días de salario mínimo general vigente.