Mexicana: crónica de una muerte anunciada
JULIO SERRANO
Por fin, a casi cuatro años de que dejara de volar, pasó lo que se veía inevitable desde hace tiempo: una juez declaró la quiebra de Mexicana de Aviación. La triste saga de su concurso mercantil debe servir de ejemplo de cómo no se debe realizar este proceso.
El concurso mercantil estuvo plagado de problemas de principio a fin. De entrada no se cumplió con el límite teórico de un año para reestructurar la aerolínea. No es por capricho que este periodo es relativamente corto. La idea es que un año es, por un lado, tiempo suficiente para tratar de reestructurar una empresa y, por el otro, no demasiado tiempo para que se deterioren en exceso sus activos en caso de que se tengan que liquidar.
Tres años siete meses —que es el tiempo que transcurrió para que Mexicana pasara del concurso mercantil a la quiebra— está claramente fuera del parámetro de lo prudente. Como era de esperarse, activos que podrían haber recibido un precio atractivo hace tres años (la marca, por ejemplo) hoy valen poco o nada. Otros activos, como rutas y slots en aeropuertos, han sido apropiados por otras líneas aéreas. Y no veo nada fácil que hoy los pueda monetizar Mexicana a un valor razonable.
Los errores que se cometieron por parte de las autoridades durante el concurso mercantil fueron muchos. Se consideraron decenas de propuestas de inversión, aun cuando una buena parte de ellas ni siquiera pasaba la prueba de la risa. La gran mayoría no tenía ni la solidez económica ni la seriedad necesarias para ser tomada en cuenta. Definitivamente ninguna ameritaba prolongar el concurso mercantil más allá del año estipulado.
El valor que se ha destruido por esperar tanto tiempo en declarar la quiebra es enorme. Grupos que en el pasado podrían haber recibido algo en una liquidación (bancos privados, por ejemplo), hoy no recibirán nada. Quienes saldrán mejor librados de lo que les tocaba son los diversos sindicatos.
Bancomext es un acreedor de Mexicana, que por tener garantizado su crédito tiene derecho a recibir dinero en la liquidación antes que los empleados. En un aparente gesto de generosidad, el banco de desarrollo decidió aportar los recursos que le corresponden “en beneficio de los trabajadores”. No importa que esos recursos (más de mil millones de pesos) fueran recursos públicos y, por lo tanto, de los contribuyentes. Tampoco que el gobierno haya jurado y perjurado que no habría rescate de Mexicana (incluidos sus trabajadores). Al final de un proceso plagado de errores, el gobierno cerró con uno más.
