La pugna por los fondos de Mexicana
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LA PUGNA POR LOS FONDOS DE LAS PENSIONES DE MEXICANA
El inversionista Juan Antonio Santana Ayala, quien ha dicho
que para rescatar de la quiebra a Mexicana de Aviación ya tiene listos
390 millones de dólares, mantiene reuniones con los trabajadores de la
aerolínea con el propósito de afinar la oferta que entre hoy y mañana
martes hará llegar formalmente a las autoridades judiciales que se
encargan del concurso mercantil de la aerolínea.
El proceso está a cargo de la juez Edith Alarcón, quien en los
próximos días también se reunirá con los accionistas de Tenedora K y
los principales acreedores de Mexicana para buscar nuevos acuerdos
conciliatorios.
Fue el pasado 11 de octubre cuando en teoría vencieron los plazos
para exhibir liquidez ante el juzgado; sin embargo, hasta ahora sólo se
tiene noticia de los pasos que sigue dando Santana Ayala.
Mientras tanto los trabajadores de Mexicana preparan a título
individual nuevos recursos legales ante los tribunales para defender el
fondo de pensiones de Mexicana, en donde deberían reportarse recursos
por aportaciones laborales de al menos 400 millones de pesos que fueron
constituidos con fondos directos de pilotos, sobrecargos y trabajadores
de tierra.
El caso se documentará desde la venta de Mexicana de Aviación al Grupo Posadas -proceso que estuvo a cargo de Andrés Conesa, actual director general de Aeroméxico- quien en 2005 dirigía Cintra como funcionario del gobierno federal.
Los trabajadores argumentarán que como parte de la venta de Mexicana el gobierno federal -vía Cintra- descontó a Gastón Azcárraga,
del precio ofrecido por los activos de la aerolínea, al menos 260
millones de dólares que incluían todos los fondos y reservas actuariales
en materia de pensiones y fondos para el retiro de la empresa. Así, la
oferta por 165.5 millones de dólares que Azcárraga ofreció por Mexicana
fue mucho menor. Azcárraga tenía, por lo tanto, la obligación de
constituir las reservas para los fondos de pensiones. Pero no sólo no se
constituyeron esas reservas, sino que, además, Azcárraga -dicen los
trabajadores y sus abogados- habría utilizado, sin autorización de los
empleados, 400 millones de pesos que hoy no deberían formar parte de la
masa concursal de bienes y activos, si se decide por la quiebra de la
aerolínea.
El proceso judicial para defender estos fondos se presentará de una
manera distinta al resto de las demandas. Debido a que en los sindicatos
de pilotos, sobrecargos y empleados de tierra participan también
dirigentes que colaboran con Aeroméxico y a que su director general,
Andrés Conesa, podría ser uno de los personajes que se citen a declarar y
a quien, eventualmente, se le finquen responsabilidades; las demandas
se presentarían de manera independiente y no a través de las bases
sindicales.
