Sólo el enganche El Mar, 15 de Octubre de 2013, 00:35 am, por David Páramo
En esta columna documentamos ayer la imposibilidad económica de que entregando la base de mantenimiento MRO de lo que fuera Mexicana de Aviación se cubra con el pasivo laboral que se tiene con los más de ocho mil 500 trabajadores de lo que alguna vez fue la línea aérea más grande del país y sus subsidiarias.
MRO tiene un valor de unos 20 millones de dólares y, tan sólo pagando liquidaciones en términos de ley, el pasivo se extiende a 600 millones de dólares. Ya el propio líder sindical de los pilotos, Carlos Morineau, estableció que dar esta base de mantenimiento no sería suficiente para cubrir los pasivos que se han acumulado a lo largo de más de tres años.
Así las cosas, la pregunta es cuáles serían los incentivos para que hoy la juez Edith Alarcón le entregara a los tres sindicatos la base de mantenimiento.
Para la juez que lleva este Concurso Mercantil podría significar que logró el “rescate” de la línea aérea y mantuvo la fuente de trabajo. No debe olvidarse que la base de mantenimiento es el único activo real del concurso, puesto que ni la marca Mexicana de Aviación es parte de la masa de este proceso.
No puede ni debe pasarse por alto que si bien los trabajadores son los primeros en derecho, no son los únicos puesto que hay otros acreedores entre los cuales están instituciones de fomento y bancos. Creer que ellos sí pueden aguantar perderlo todo cometen un error gravísimo puesto que las instituciones de crédito actúan por el interés de sus depositantes.
Lo que no ha logrado explicar la juez es de dónde pretende que salga el resto de los recursos tan sólo para pagar las liquidaciones. Quizá pretende un acuerdo similar al del SME según el cual unos mil 500 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que llegaron a la edad de jubilación recibirían 15 mil pesos mensuales el resto de sus vidas.
Independientemente de las justificaciones políticas que podría tener un convenio como el que se firmó con el sindicato encabezado por Martín Esparza unas horas antes de que se llegara al cuarto aniversario del decreto de liquidación de LyFC, el gobierno era patrón de esos trabajadores.
La utilidad del convenio fue prácticamente nula porque el SME sigue en pie de lucha pidiendo la recontratación de los que dicen ser 15 mil extrabajadores de la paraestatal.
En este caso es muy diferente. Se trata de una empresa privada y por lo tanto no hay justificación para usar fondos públicos en un asunto de privados por más derechos que puedan tener los trabajadores. Se pondría un antecedente mucho más que negativo en contra de la operación de las empresas privadas y sería una muestra de populismo inaceptable.
Quizá lo que pretenden la juez y quienes están atrás de esta medida es dar un dulce, un pequeño enganche a los líderes sindicales que no servirá absolutamente para nada positivo.
Los trabajadores de la línea aérea sólo recibirían entre 25 mil y 35 mil pesos, en casos de pilotos eso sería inferior a un mes de sueldo, lo cual es notoriamente inferior a los derechos que tienen por ley.
La pregunta que se mantiene es suponiendo que se les haga esta propuesta y la acepten los sindicatos de dónde saldrá el resto de las liquidaciones para los trabajadores y los derechos del resto de los acreedores que, reiteramos, actúan por cuenta de sus depositantes.
MRO tiene un valor de unos 20 millones de dólares y, tan sólo pagando liquidaciones en términos de ley, el pasivo se extiende a 600 millones de dólares. Ya el propio líder sindical de los pilotos, Carlos Morineau, estableció que dar esta base de mantenimiento no sería suficiente para cubrir los pasivos que se han acumulado a lo largo de más de tres años.
Así las cosas, la pregunta es cuáles serían los incentivos para que hoy la juez Edith Alarcón le entregara a los tres sindicatos la base de mantenimiento.
Para la juez que lleva este Concurso Mercantil podría significar que logró el “rescate” de la línea aérea y mantuvo la fuente de trabajo. No debe olvidarse que la base de mantenimiento es el único activo real del concurso, puesto que ni la marca Mexicana de Aviación es parte de la masa de este proceso.
No puede ni debe pasarse por alto que si bien los trabajadores son los primeros en derecho, no son los únicos puesto que hay otros acreedores entre los cuales están instituciones de fomento y bancos. Creer que ellos sí pueden aguantar perderlo todo cometen un error gravísimo puesto que las instituciones de crédito actúan por el interés de sus depositantes.
Lo que no ha logrado explicar la juez es de dónde pretende que salga el resto de los recursos tan sólo para pagar las liquidaciones. Quizá pretende un acuerdo similar al del SME según el cual unos mil 500 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro que llegaron a la edad de jubilación recibirían 15 mil pesos mensuales el resto de sus vidas.
Independientemente de las justificaciones políticas que podría tener un convenio como el que se firmó con el sindicato encabezado por Martín Esparza unas horas antes de que se llegara al cuarto aniversario del decreto de liquidación de LyFC, el gobierno era patrón de esos trabajadores.
La utilidad del convenio fue prácticamente nula porque el SME sigue en pie de lucha pidiendo la recontratación de los que dicen ser 15 mil extrabajadores de la paraestatal.
En este caso es muy diferente. Se trata de una empresa privada y por lo tanto no hay justificación para usar fondos públicos en un asunto de privados por más derechos que puedan tener los trabajadores. Se pondría un antecedente mucho más que negativo en contra de la operación de las empresas privadas y sería una muestra de populismo inaceptable.
Quizá lo que pretenden la juez y quienes están atrás de esta medida es dar un dulce, un pequeño enganche a los líderes sindicales que no servirá absolutamente para nada positivo.
Los trabajadores de la línea aérea sólo recibirían entre 25 mil y 35 mil pesos, en casos de pilotos eso sería inferior a un mes de sueldo, lo cual es notoriamente inferior a los derechos que tienen por ley.
La pregunta que se mantiene es suponiendo que se les haga esta propuesta y la acepten los sindicatos de dónde saldrá el resto de las liquidaciones para los trabajadores y los derechos del resto de los acreedores que, reiteramos, actúan por cuenta de sus depositantes.
