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Además de tener “puentes” vacacionales, los días como hoy sirven para
recordarnos que somos un país con fundamentos y que el haber tolerado a
quienes los olvidaron o los pasaron por alto no tiene por qué cancelar
para siempre nuestra identidad y nuestro derecho a pedir que se cumpla
con un mínimo de compromisos.
Si hace 95 años que se promulgó la Constitución, hoy es una buena fecha
para exigir que sus principios sean respetados y que quienes los
infringieron o los pasaron por alto —habiéndose comprometido a
respetarlos y a hacerlos respetar—, sufran, al menos, las consecuencias
de su poco cuidado.
La Constitución y la legislación que de ella emana dice que el espacio
aéreo es propiedad de la Nación y que el Estado (y el gobierno que lo
representa) tiene que vigilar que aquello que concesiona (los permisos,
las rutas, las frecuencias, las designaciones en los bilaterales del
transporte aéreo) esté en manos de personas que cumplan con sus
obligaciones jurídicas, operativas, financieras y administrativas.
Todo este recordatorio no sería necesario si estas obligaciones de la
administración pública se hubieran cumplido en el caso de Mexicana de
Aviación. No hay que buscarle muy lejos: la “culpa” de lo que hoy sucede
con la Primera Línea Aérea de Latinoamérica no la tiene la juez del
Concurso, ni la directora del IFECOM, ni siquiera los escasos postores
que —una vez que fueron desanimados por los funcionarios del
calderonismo— quedan hoy en la puja.
En un país de leyes esto no hubiera sucedido. No tendríamos por ahí,
campantes y rampantes, a los dueños de un Grupo hotelero que
desvalijaron a una empresa cuyos trabajadores cometieron el error de
creer en ellos. Por eso hoy esos trabajadores están sin trabajo y sin el
dinero de sus pensiones.
Lo peor es que —como en la selva— no parece haber ley que los ampare ni
autoridades que hagan valer esas leyes. Muchos tripulantes –cansados de
esperar- se han contratado en otras empresas por el sueldo que sea y
algunos han tenido que emigrar a otros lares donde el trabajo
especializado que saben hacer es muy apreciado y se les paga bien por
ello. Por desgracia, esto implica fuga de cerebros para México y un gran
sacrificio para las familias de los tripulantes y para ellos mismos.
Todo esto trae un sufrimiento que no es justo que paguen los
trabajadores mientras los causantes y sus solapadores andan por ahí con
buenos cargos, gozando de recursos así obtenidos.
Como en diciembre del 2011 un comandante de Mexicana, hoy dos
sobrecargos, Dulce Mejía y Cecilia Bertrand, han decidido iniciar una
huelga de hambre, a ver si así alguien toma en serio las demandas del
grupo de trabajadores de esta empresa.
Dulce y Cecilia eran jubiladas. Sus pensiones primero se redujeron al mínimo y hace meses dejaron de pagarse.
No basta con que el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete, declare
que habrá apoyo para los 8,650 trabajadores de Mexicana. Es
indispensable que el apoyo se vea en la vida real. Y, claro, Navarrete
no es responsable ni de las razones que llevaron a Mexicana a la
situación en la que está ni de que cada día se agote más el fondo de
esta empresa, ni de que un abogado listo tenga secuestradas las acciones
de la aerolínea y en sus manos el destino de la única empresa del grupo
que sigue teniendo operaciones e ingresos (el MRO). Pero ahora es el
secretario de Trabajo, y él y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT,
tienen en sus manos el destino de la aerolínea.
Dicho sea de paso, la empresa que —se supone— es propietaria de las
acciones de Mexicana (y que obtuvo en una operación irregular que nunca
se supo si fue autorizada por los funcionarios de la SCT), hablamos de
Tenedora K, fue la directamente responsable de que Mexicana suspendiera
operaciones.
En cualquier otro país la ley se hubiera cumplido para subsanar esta
violación que comete un permisionario al suspender un servicio público,
aplicando la requisa que es una figura que está en la legislación y que
las autoridades pueden utilizar para impedir que sucedan semejantes
atropellos en perjuicio de los usuarios del transporte aéreo.
Buena fecha esta del 5 de febrero, día de la Constitución, para
restituirle a este país un poco del estado de Derecho que ha sido
atropellado arteramente para beneficiar a unos cuantos. Las nuevas
autoridades no tienen por qué tolerar que lo que ocurrió antes siga
lastimando a los trabajadores y a los usuarios de los servicios
públicos, es decir, a los ciudadanos.
Y, si de paso empiezan a fincarse responsabilidades sobre los que incumplieron la legislación, también se habrá hecho justicia
raviles_2@prodigy.net.mx
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