El juez, el sindicato y Mexicana de Aviación
20-febrero-2012
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El juez Felipe Consuelo Soto, -quien lleva el proceso de concurso mercantil de Mexicana de Aviación-, parece estar de parte de los sindicatos de esa empresa, según algunos medios como los periódicos La Jornada, Reforma y otros.
Se hace referencia en estos medios a la reunión de este juez con los líderes de los sindicatos de trabajadores de la aerolínea en las oficinas de la empresa el pasado 29 de noviembre.
El Reforma menciona que el juez despotricó contra el gobierno como negligente ante la desaparición de la empresa y que incluso asumió ante los trabajadores que el gobierno debiese asumir los costos del problema.
La Jornada menciona que el juez expresó que “al gobierno federal le valió un cacahuate el cese de operaciones de la aerolínea”, lo cual es un juicio emitido en el lugar y momento incorrecto, pues si así lo considera debiese haber hecho algo al respecto tiempo atrás.
Hay varias perspectivas respecto de este hecho.
Primeramente es necesario entender el hecho de que los propietarios de la aerolínea no hayan asumido sus responsabilidades, acogiéndose a la protección que les da la ley respecto a que el problema corresponde sólo a la persona moral, -o sea la aerolínea-, y no se debe afectar a los propietarios en su patrimonio familiar, es correcto jurídicamente, aunque cuestionable éticamente por la forma en que lo hicieron. También hay que tomar en cuenta que el gobierno podría haber presionado a los propietarios para que resolvieran los problemas de la aerolínea afectando lo menos posible a los trabajadores y sus acreedores y no lo hizo. Esto también es real, pues las autoridades competentes parecen haber sido complacientes frente a la actitud desobligada de los propietarios.
También hay un aspecto a considerar y que ha sido ignorado. La marca Mexicana de Aviación, pertenece a la tercera aerolínea más antigua del mundo. Simplemente su marca comercial era un activo vinculado al desarrollo turístico de México, -y por tanto-, proteger dicha marca se convierte en un asunto de interés público.
Sin embargo, que el juez asuma una postura a favor de una de las partes, falta al principio de equidad en su encomienda como funcionario público.
Lo que queda claro es que el sistema de impartición de justicia, -en general-, se vuelve vulnerable si las decisiones dependen sólo del criterio personal de un juez.
Este caso y muchos otros nos debiesen remitir a un problema generar de nuestro modelo de impartición de justicia y resolución de conflictos por la vía legal.
El común de las personas, -y por tanto también podría suceder con los jueces-, es que éstos podrían ser corruptibles si se les llega al precio, en el caso probable que éstos no tengan una base moral personal sólida.
Vale la pena preguntar cuál es la prueba a la que se somete a un candidato al cargo de juez para identificar su solvencia moral y ética.
También debemos considerar los riesgos de que éstos puedan ser amenazados en su integridad física o la de sus familias y de este modo podrían ceder ante la presión a favor de un inculpado.
Por tanto, es necesario replantear el modelo para quitarle la discrecionalidad personal a las decisiones de los jueces y establecer filtros que garanticen -a través de revisiones colegiadas por otros jueces-, transparencia.
Regresando al caso del juez Felipe Consuelo Soto en su posible participación parcial favoreciendo indebidamente a una de las partes, -los sindicatos-, asesorándolos según acusan los periódicos antes mencionados, para que exijan al gobierno federal resolver el problema, significa regresar al modelo tradicional de cargarle a éste, -bajo el argumento de salvar empleos-, los pasivos laborales con el dinero que via impuestos pagamos cada uno de los mexicanos.
Es importante crear conciencia de que el gobierno sólo es el administrador del dinero de los ciudadanos y nosotros no tenemos por qué financiar los errores de empresarios exitosos y muy solventes que son los que debiesen hacerse cargo de sus responsabilidades laborales. Desde esta perspectiva la responsabilidad gubernamental se agota en hacer que se cumpla la ley sin favoritismos.
20-febrero-2012
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El juez Felipe Consuelo Soto, -quien lleva el proceso de concurso mercantil de Mexicana de Aviación-, parece estar de parte de los sindicatos de esa empresa, según algunos medios como los periódicos La Jornada, Reforma y otros.
Se hace referencia en estos medios a la reunión de este juez con los líderes de los sindicatos de trabajadores de la aerolínea en las oficinas de la empresa el pasado 29 de noviembre.
El Reforma menciona que el juez despotricó contra el gobierno como negligente ante la desaparición de la empresa y que incluso asumió ante los trabajadores que el gobierno debiese asumir los costos del problema.
La Jornada menciona que el juez expresó que “al gobierno federal le valió un cacahuate el cese de operaciones de la aerolínea”, lo cual es un juicio emitido en el lugar y momento incorrecto, pues si así lo considera debiese haber hecho algo al respecto tiempo atrás.
Hay varias perspectivas respecto de este hecho.
Primeramente es necesario entender el hecho de que los propietarios de la aerolínea no hayan asumido sus responsabilidades, acogiéndose a la protección que les da la ley respecto a que el problema corresponde sólo a la persona moral, -o sea la aerolínea-, y no se debe afectar a los propietarios en su patrimonio familiar, es correcto jurídicamente, aunque cuestionable éticamente por la forma en que lo hicieron. También hay que tomar en cuenta que el gobierno podría haber presionado a los propietarios para que resolvieran los problemas de la aerolínea afectando lo menos posible a los trabajadores y sus acreedores y no lo hizo. Esto también es real, pues las autoridades competentes parecen haber sido complacientes frente a la actitud desobligada de los propietarios.
También hay un aspecto a considerar y que ha sido ignorado. La marca Mexicana de Aviación, pertenece a la tercera aerolínea más antigua del mundo. Simplemente su marca comercial era un activo vinculado al desarrollo turístico de México, -y por tanto-, proteger dicha marca se convierte en un asunto de interés público.
Sin embargo, que el juez asuma una postura a favor de una de las partes, falta al principio de equidad en su encomienda como funcionario público.
Lo que queda claro es que el sistema de impartición de justicia, -en general-, se vuelve vulnerable si las decisiones dependen sólo del criterio personal de un juez.
Este caso y muchos otros nos debiesen remitir a un problema generar de nuestro modelo de impartición de justicia y resolución de conflictos por la vía legal.
El común de las personas, -y por tanto también podría suceder con los jueces-, es que éstos podrían ser corruptibles si se les llega al precio, en el caso probable que éstos no tengan una base moral personal sólida.
Vale la pena preguntar cuál es la prueba a la que se somete a un candidato al cargo de juez para identificar su solvencia moral y ética.
También debemos considerar los riesgos de que éstos puedan ser amenazados en su integridad física o la de sus familias y de este modo podrían ceder ante la presión a favor de un inculpado.
Por tanto, es necesario replantear el modelo para quitarle la discrecionalidad personal a las decisiones de los jueces y establecer filtros que garanticen -a través de revisiones colegiadas por otros jueces-, transparencia.
Regresando al caso del juez Felipe Consuelo Soto en su posible participación parcial favoreciendo indebidamente a una de las partes, -los sindicatos-, asesorándolos según acusan los periódicos antes mencionados, para que exijan al gobierno federal resolver el problema, significa regresar al modelo tradicional de cargarle a éste, -bajo el argumento de salvar empleos-, los pasivos laborales con el dinero que via impuestos pagamos cada uno de los mexicanos.
Es importante crear conciencia de que el gobierno sólo es el administrador del dinero de los ciudadanos y nosotros no tenemos por qué financiar los errores de empresarios exitosos y muy solventes que son los que debiesen hacerse cargo de sus responsabilidades laborales. Desde esta perspectiva la responsabilidad gubernamental se agota en hacer que se cumpla la ley sin favoritismos.
