A buen juez, mejor testigo
Rosario Avilés | Opinión 2012-02-21 | Hora de creación: 21:25:55| Ultima modificación: 00:14:28
Este título, que hemos tomado prestado del romancero español, sirve para ilustrar lo que hoy está sucediendo con el asunto de Mexicana de Aviación y de la dependencia oficial encargada de gestionar los asuntos del transporte de este país (o sea: SCT, aunque pareciera ser la STPS), así como la forma cómo se ha desarrollado el proceso de Concurso Mercantil y el juez encargado de la causa, Felipe Consuelo.
Sin duda que la actuación del juez ha sido sorprendente para muchos. Claro, en un país acostumbrado a que los jueces fallan a favor de los dictados oficiales en los que rara vez se defienden los intereses generales y de los trabajadores, causa sorpresa que exista un juez que:
En primer lugar, extienda el plazo de revisión de las causas que llevaron a la empresa en cuestión a solicitar el Concurso Mercantil, ya que –analizando el expediente— le quedó clarísimo que la situación de Mexicana no fue un proceso de deterioro normal, sino consecuencia de un manejo sospechoso de las finanzas de la empresa desde el momento mismo que le fue adjudicada como ganador de una licitación. Esto implicó que Grupo Posadas desmanteló de una forma premeditada el patrimonio de la aerolínea y al hacerlo, no sólo se benefició a sí mismo, sino que perjudicó deliberadamente el patrimonio de otros, entre ellos y en especial, los trabajadores de la empresa. Todo ello SIN CONSECUENCIAS.
En segundo lugar, Felipe Consuelo ha extendido ya varias veces el plazo para que se determine la situación del Concurso Mercantil y lo ha hecho porque –—según él mismo ha declarado— se ha comprobado el interés genuino de inversionistas por capitalizar a Mexicana. Y, según lo que él también ha denunciado y ahora los trabajadores reiteran, han sido las “autoridades” (?) de la SCT las que han obstaculizado el proceso de reestructura de la empresa.
Y en tercer lugar: El juez se ha indignado públicamente por esta actitud de parte de los funcionarios. Y al hacerlo (al indignarse por ello) está mostrando que existe todavía un sector de la administración pública (en este caso de la administración de justicia) en donde todavía cabe la búsqueda de la equidad, la valentía para defender lo que se estima justo y la voluntad de que no se permita la impunidad y la pérdida económica de quienes llevan toda su vida dedicados a servir a los usuarios del transporte aéreo.
Los testigos de todo esto, los trabajadores de Mexicana y la opinión pública nacional, son quienes toman nota de los hechos. Aunque quienes han procedido mal creen que no hay memoria y que no hay registro de sus iniquidades, deben saber que sí hay ambas cosas, que los testigos de todo este proceso saben –sabemos- quiénes han presionado, amenazado, obstaculizado que Mexicana regrese a operar.
Sabemos que Felipe Duarte ha dicho a empresarios que manifiestan su interés que “ni se metan” en ese problema; que Sánchez Henkel ha sido agresivo con inversionistas, que han descalificado en corto, en privado y a veces en círculos más amplios a quienes se han pronunciado a favor de una solución para Mexicana; sabemos que han propiciado que otras aerolíneas ambicionen quedarse con lo que fue de Mexicana, prometiendo que una vez que el asunto se liquide es a ellos a quienes favorecerán.
Por eso es notable que el presidente y propietario de Interjet, Miguel Alemán, solicite la inhabilitación del juez que lleva la causa de Mexicana. No había ninguna razón jurídica para que Alemán terciara como interesado en ello, sino fuera porque alguien le ha dado a entender que puede quedarse con los activos de Mexicana sin que se les retribuya a los trabajadores que colaboraron en lograr estos activos.
Esto no habla bien del presidente de Interjet, porque degrada su personalidad al colocarse a un nivel inferior al de Duarte, cuando de él cabría esperarse mayor altura de miras y de bonhomía.
Pero a esos niveles ha llegado la política mexicana. Según denunció la Auditoría Superior de la Federación, la Presidencia de la República excedió su presupuesto y en un año se gastó 6,500 millones de pesos en propaganda, más del doble de lo que requieren los trabajadores de Mexicana para que ésta vuelva a operar. Esto servirá para seguir con la borrachera del poder… ¿qué tal cuando los panistas despierten en la cruda? ¿qué quedará de los principios, de la “brega de eternidad”? Sólo despojos.
Lo oí en 123.45: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se apresuró a informar (sin que nadie la preguntara) que no le han pedido informes sobre le legitimidad de los recursos que pretende invertir Med-Atlántica (¿alguien le pregunta de la legitimidad de las inversiones que anuncia con bombo y platillo la Secretaría de Economía?). Pero la CNBV fue incapaz de sancionar los vacíos de información que cometió Grupo Posadas en el caso Mexicana. ¿Será por esas cosas que a tecnócratas como Babatz les dan premios al mérito profesional, el mérito de torcer la normatividad y la justicia?
raviles_2@prodigy.net.mx
Rosario Avilés | Opinión 2012-02-21 | Hora de creación: 21:25:55| Ultima modificación: 00:14:28
Este título, que hemos tomado prestado del romancero español, sirve para ilustrar lo que hoy está sucediendo con el asunto de Mexicana de Aviación y de la dependencia oficial encargada de gestionar los asuntos del transporte de este país (o sea: SCT, aunque pareciera ser la STPS), así como la forma cómo se ha desarrollado el proceso de Concurso Mercantil y el juez encargado de la causa, Felipe Consuelo.
Sin duda que la actuación del juez ha sido sorprendente para muchos. Claro, en un país acostumbrado a que los jueces fallan a favor de los dictados oficiales en los que rara vez se defienden los intereses generales y de los trabajadores, causa sorpresa que exista un juez que:
En primer lugar, extienda el plazo de revisión de las causas que llevaron a la empresa en cuestión a solicitar el Concurso Mercantil, ya que –analizando el expediente— le quedó clarísimo que la situación de Mexicana no fue un proceso de deterioro normal, sino consecuencia de un manejo sospechoso de las finanzas de la empresa desde el momento mismo que le fue adjudicada como ganador de una licitación. Esto implicó que Grupo Posadas desmanteló de una forma premeditada el patrimonio de la aerolínea y al hacerlo, no sólo se benefició a sí mismo, sino que perjudicó deliberadamente el patrimonio de otros, entre ellos y en especial, los trabajadores de la empresa. Todo ello SIN CONSECUENCIAS.
En segundo lugar, Felipe Consuelo ha extendido ya varias veces el plazo para que se determine la situación del Concurso Mercantil y lo ha hecho porque –—según él mismo ha declarado— se ha comprobado el interés genuino de inversionistas por capitalizar a Mexicana. Y, según lo que él también ha denunciado y ahora los trabajadores reiteran, han sido las “autoridades” (?) de la SCT las que han obstaculizado el proceso de reestructura de la empresa.
Y en tercer lugar: El juez se ha indignado públicamente por esta actitud de parte de los funcionarios. Y al hacerlo (al indignarse por ello) está mostrando que existe todavía un sector de la administración pública (en este caso de la administración de justicia) en donde todavía cabe la búsqueda de la equidad, la valentía para defender lo que se estima justo y la voluntad de que no se permita la impunidad y la pérdida económica de quienes llevan toda su vida dedicados a servir a los usuarios del transporte aéreo.
Los testigos de todo esto, los trabajadores de Mexicana y la opinión pública nacional, son quienes toman nota de los hechos. Aunque quienes han procedido mal creen que no hay memoria y que no hay registro de sus iniquidades, deben saber que sí hay ambas cosas, que los testigos de todo este proceso saben –sabemos- quiénes han presionado, amenazado, obstaculizado que Mexicana regrese a operar.
Sabemos que Felipe Duarte ha dicho a empresarios que manifiestan su interés que “ni se metan” en ese problema; que Sánchez Henkel ha sido agresivo con inversionistas, que han descalificado en corto, en privado y a veces en círculos más amplios a quienes se han pronunciado a favor de una solución para Mexicana; sabemos que han propiciado que otras aerolíneas ambicionen quedarse con lo que fue de Mexicana, prometiendo que una vez que el asunto se liquide es a ellos a quienes favorecerán.
Por eso es notable que el presidente y propietario de Interjet, Miguel Alemán, solicite la inhabilitación del juez que lleva la causa de Mexicana. No había ninguna razón jurídica para que Alemán terciara como interesado en ello, sino fuera porque alguien le ha dado a entender que puede quedarse con los activos de Mexicana sin que se les retribuya a los trabajadores que colaboraron en lograr estos activos.
Esto no habla bien del presidente de Interjet, porque degrada su personalidad al colocarse a un nivel inferior al de Duarte, cuando de él cabría esperarse mayor altura de miras y de bonhomía.
Pero a esos niveles ha llegado la política mexicana. Según denunció la Auditoría Superior de la Federación, la Presidencia de la República excedió su presupuesto y en un año se gastó 6,500 millones de pesos en propaganda, más del doble de lo que requieren los trabajadores de Mexicana para que ésta vuelva a operar. Esto servirá para seguir con la borrachera del poder… ¿qué tal cuando los panistas despierten en la cruda? ¿qué quedará de los principios, de la “brega de eternidad”? Sólo despojos.
Lo oí en 123.45: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores se apresuró a informar (sin que nadie la preguntara) que no le han pedido informes sobre le legitimidad de los recursos que pretende invertir Med-Atlántica (¿alguien le pregunta de la legitimidad de las inversiones que anuncia con bombo y platillo la Secretaría de Economía?). Pero la CNBV fue incapaz de sancionar los vacíos de información que cometió Grupo Posadas en el caso Mexicana. ¿Será por esas cosas que a tecnócratas como Babatz les dan premios al mérito profesional, el mérito de torcer la normatividad y la justicia?
raviles_2@prodigy.net.mx
