¿Y la justicia, apá?
Rosario Avilés | Opinión 2012-01-31 | Hora de creación: 21:27:50| Ultima modificación: 01:29:49
La semana pasada se difundió la noticia de que la PGR había girado orden de aprehensión en contra de Manuel Borja Chico, ex director de Mexicana y uno de los responsables de la situación que llevó a esta aerolínea a la debacle en la que hoy se encuentra. Apenas hace un par de días nos enteramos también de que un juez no consideró que Borja debiera ser aprehendido por la causa que se le imputa —la evasión de impuestos— y en su lugar se debiera perseguir al apoderado legal de la empresa.
No sabemos las razones verdaderas que llevaron al juez de marras a negar la orden de aprehensión solicitada, pero en realidad la noticia de que la PGR estaba persiguiendo a Borja por una de las muchas razones que se le imputan —ni la más importante, ni la más grave, ni la primera que fue esgrimida por quienes lo han demandado— sonó más a distracción que a una verdadera vocación de justicia.
Y aquí viene un segundo elemento que es fundamental: sin quitarle un ápice de su responsabilidad a Manuel Borja Chico, ni la PGR ni ninguno de los encargados de hacer justicia (o al menos de velar porque se haga justicia) pueden soslayar que el responsable de todos los atropellos, delitos, omisiones, etc., que se han cometido en el caso de Mexica es, en primera instancia, el jefe de este personaje, es decir Gastón Azcárraga.
Es bien sabido que, como en cualquier país bananero, en México el poder económico –la propiedad y decisión sobre las empresas más grandes e importantes— se concentra en unas cuantas familias (alrededor de 30, de donde salen esos 300 ricos a los que aludían las cúpulas empresariales) y que paulatinamente se ha ido concentrando más y más, ampliando la brecha social. De ahí que la falta de acción en este caso parezca más un tema de “captura regulatoria” (un eufemismo para decir impunidad y connivencia) que de falta de facultades de la autoridad “competente” (?).
En diversos espacios los funcionarios han difundido que no tienen por qué actuar en el caso de los problemas económicos de una empresa privada. Con estas declaraciones, se cometen varios errores: el primero es el desconocimiento absoluto de lo que dictan nuestras leyes.
Si la Constitución y la Ley de Aviación Civil son vigentes (y nadie las ha derogado todavía, que se sepa), el transporte aéreo tiene un régimen de concesión y es responsabilidad y obligación del Estado (y sus funcionarios, o sea, los que están sentados en las sillas de secretario, subsecretario, director en SCT, para no decir que las paredes son responsables) que los términos de dicha concesión sean cumplidos escrupulosamente por quienes la ostentan.
También es obligación de estos personajes denunciar los manejos ilícitos o al menos poco claros de quienes tienen bajo su supervisión. Y también es su obligación velar porque el servicio objeto de la concesión se siga otorgando y para ello tiene facultades como la requisa.
En todos estos rubros ha habido omisiones graves. No es esa la razón que ha llevado a Héctor González Weeks, hasta ayer director de Aeronáutica Civil, a presentar su renuncia. La verdad es que –como en el caso de Borja— han encontrado en González Weeks el hilo más delgado para dar la apariencia de que se está actuando.
Pero encontrar un par de chivos expiatorios a quienes se colgarán los sambenitos pero que tampoco cargarán con la responsabilidad porque uno no pisará la cárcel y el otro simplemente renunció, no significa hacer justicia.
Como en lo viejos tiempos que tanto criticó Gómez Morín y quienes lo siguieron en la aventura de crear un partido que a las primeras de cambio se mimetizó en aquello que combatía, hoy la impunidad se sienta entre nosotros y la irresponsabilidad (la incapacidad de responder debido a ineptitud o a connivencia o a ambas cosas) está afectando a un sector económico y minando la credibilidad de este gobierno.
La propaganda oficial dice que hay que recordar las épocas y tropelías del PRI para no regresar a esos tiempos. Bien se ve que no se han visto en un espejo: tienen razón, no hay que regresar a esos tiempos, no hay que permitir que estas administraciones regresen el reloj 40 años. Ya basta
raviles_2@prodigy.net.mx
Rosario Avilés | Opinión 2012-01-31 | Hora de creación: 21:27:50| Ultima modificación: 01:29:49
La semana pasada se difundió la noticia de que la PGR había girado orden de aprehensión en contra de Manuel Borja Chico, ex director de Mexicana y uno de los responsables de la situación que llevó a esta aerolínea a la debacle en la que hoy se encuentra. Apenas hace un par de días nos enteramos también de que un juez no consideró que Borja debiera ser aprehendido por la causa que se le imputa —la evasión de impuestos— y en su lugar se debiera perseguir al apoderado legal de la empresa.
No sabemos las razones verdaderas que llevaron al juez de marras a negar la orden de aprehensión solicitada, pero en realidad la noticia de que la PGR estaba persiguiendo a Borja por una de las muchas razones que se le imputan —ni la más importante, ni la más grave, ni la primera que fue esgrimida por quienes lo han demandado— sonó más a distracción que a una verdadera vocación de justicia.
Y aquí viene un segundo elemento que es fundamental: sin quitarle un ápice de su responsabilidad a Manuel Borja Chico, ni la PGR ni ninguno de los encargados de hacer justicia (o al menos de velar porque se haga justicia) pueden soslayar que el responsable de todos los atropellos, delitos, omisiones, etc., que se han cometido en el caso de Mexica es, en primera instancia, el jefe de este personaje, es decir Gastón Azcárraga.
Es bien sabido que, como en cualquier país bananero, en México el poder económico –la propiedad y decisión sobre las empresas más grandes e importantes— se concentra en unas cuantas familias (alrededor de 30, de donde salen esos 300 ricos a los que aludían las cúpulas empresariales) y que paulatinamente se ha ido concentrando más y más, ampliando la brecha social. De ahí que la falta de acción en este caso parezca más un tema de “captura regulatoria” (un eufemismo para decir impunidad y connivencia) que de falta de facultades de la autoridad “competente” (?).
En diversos espacios los funcionarios han difundido que no tienen por qué actuar en el caso de los problemas económicos de una empresa privada. Con estas declaraciones, se cometen varios errores: el primero es el desconocimiento absoluto de lo que dictan nuestras leyes.
Si la Constitución y la Ley de Aviación Civil son vigentes (y nadie las ha derogado todavía, que se sepa), el transporte aéreo tiene un régimen de concesión y es responsabilidad y obligación del Estado (y sus funcionarios, o sea, los que están sentados en las sillas de secretario, subsecretario, director en SCT, para no decir que las paredes son responsables) que los términos de dicha concesión sean cumplidos escrupulosamente por quienes la ostentan.
También es obligación de estos personajes denunciar los manejos ilícitos o al menos poco claros de quienes tienen bajo su supervisión. Y también es su obligación velar porque el servicio objeto de la concesión se siga otorgando y para ello tiene facultades como la requisa.
En todos estos rubros ha habido omisiones graves. No es esa la razón que ha llevado a Héctor González Weeks, hasta ayer director de Aeronáutica Civil, a presentar su renuncia. La verdad es que –como en el caso de Borja— han encontrado en González Weeks el hilo más delgado para dar la apariencia de que se está actuando.
Pero encontrar un par de chivos expiatorios a quienes se colgarán los sambenitos pero que tampoco cargarán con la responsabilidad porque uno no pisará la cárcel y el otro simplemente renunció, no significa hacer justicia.
Como en lo viejos tiempos que tanto criticó Gómez Morín y quienes lo siguieron en la aventura de crear un partido que a las primeras de cambio se mimetizó en aquello que combatía, hoy la impunidad se sienta entre nosotros y la irresponsabilidad (la incapacidad de responder debido a ineptitud o a connivencia o a ambas cosas) está afectando a un sector económico y minando la credibilidad de este gobierno.
La propaganda oficial dice que hay que recordar las épocas y tropelías del PRI para no regresar a esos tiempos. Bien se ve que no se han visto en un espejo: tienen razón, no hay que regresar a esos tiempos, no hay que permitir que estas administraciones regresen el reloj 40 años. Ya basta
raviles_2@prodigy.net.mx
