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Felipe Consuelo, juez del concurso mercantil de Mexicana, puso en duda que la aerolínea sea una empresa privada.
Foto: Óscar Mireles
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Incluso, el juzgador Felipe Consuelo regañó al Secretario Javier Lozano por sus declaraciones recientes
Víctor Fuentes
Ciudad de México (29 noviembre 2011).- El
juez encargado del concurso mercantil de Mexicana de Aviación exigió a
autoridades federales le informen de inmediato sobre las medidas que
están tomando para proteger los derechos de los trabajadores e
inversionistas interesados en rescatar a la empresa.
En un largo
acuerdo, el juez Felipe Consuelo Soto cuestionó a las secretarías de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Trabajo y Previsión Social
(STPS), y en el caso de esta última prácticamente regañó al Secretario
Javier Lozano por sus declaraciones recientes.
"Son un hecho
notorio las declaraciones a los medios de comunicación del señor
secretario del Trabajo , relativas a que la aerolínea entró en una ruta
crítica, que el Gobierno federal no rescatará una empresa fallida 'del
sector privado' y que los activos de la empresa se desvanecen",
establece en el acuerdo.
El impartidor de justicia agrega que
Lozano está obligado a hacer cumplir el artículo 123 de la Constitución,
la Ley Federal del Trabajo y el capítulo de ésta relativo a la labor de
las tripulaciones aeronáuticas.
"Gírese atento oficio al señor
secretario del Trabajo para que informe al suscrito sobre las acciones y
medidas que ha implementado o implementará con el fin de garantizar el
pleno respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los
trabajadores de la empresa en concurso mercantil tutelados tanto en
nuestra constitución, como en los tratados internacionales suscritos por
nuestro país, toda vez que los trabajadores no son responsables de que
la empresa se encuentre en tales condiciones", exigió.
Consuelo
también puso en duda que Mexicana sea una empresa "propiamente privada",
porque operaba un servicio concesionado en un sector estratégico.
"Mención
especial requiere la situación crítica de los jubilados y jubiladas de
la empresa fallida, toda vez que por cuestiones inexplicables, no
cuentan con pensión de jubilación por parte del IMSS o el ISSSTE, sino,
de manera inusual, cuentan con un fideicomiso que no les garantiza una
pensión digna, menos aún, si la empresa llega a la quiebra", agregó.
A
la SCT no le fue mejor, pues el juez criticó incluso la decisión de
permitir la suspensión de operaciones de Mexicana en agosto de 2010.
"No
se llevó a cabo, ni se informó en el expediente, de acción alguna para
solucionar el problema del transporte de pasajeros, sobre todo de
aquellos que ya habían adquirido boletos y prácticamente autorizó la
suspensión de los servicios, lo cual también constituye una violación a
los derechos humanos de los usuarios en cuanto a ser transportados,
máxime que se trata de un servicio público federal concesionado", señala
el acuerdo.
Consuelo requirió al titular de la SCT, Dionisio
Pérez-Jácome, para que ratifique el contenido de un comunicado de prensa
del 24 de noviembre donde se comprometió a apoyar a los inversionistas
que acrediten los fondos para rescatar a la empresa.
"Solicítese
mediante oficio al citado funcionario público, para que informe sobre
las acciones y medidas que en su caso ha dispuesto, dentro del ámbito de
sus facultades, para cumplir con el respeto, protección y garantía de
los derechos humanos de todos los involucrados en el concurso mercantil,
en especial respecto de la protección de los datos personales de los
inversionistas interesados así como para la transparencia del proceso",
ordenó el juzgador.
Otros que fueron requeridos son el director
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Héctor Velázquez,
quien tendrá que explicar por qué solicitó la presencia de la Policía
Federal en la base de mantenimiento de Mexicana el 9 de noviembre, así
como el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel
Mondragón.
Este último fue amenazado con multa de 250 días de
salario mínimo, unos 15 mil pesos, si no rinde un informe sobre el
desalojo de pilotos que protestaban frente a la SCT, orden que la SSP ha
resistido porque considera que el juez no tiene facultades para hacerle
este requerimiento.
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