Divide y... ¿vencerás?
Rosario Avilés
Jueves 8 de Marzo de 2007 Hora de publicación: 22:37
La dirección de Mexicana de Aviación ha tomado la ofensiva y ha planteado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico para obligar a los sobrecargos a sujetarse a las condiciones laborales que la empresa presentó en el famoso convenio-nuevo contrato, secuela del Pánzer 2 que le aplicaron a los pilotos, con objeto de ahorrarse 25 millones de dólares anuales.
El problema de plantear un conflicto económico ante las autoridades laborales es que Mexicana de Aviación opera bajo una concesión pública, por lo que, antes de que la Secretaría del Trabajo pudiera iniciar alguna acción como lo haría en el caso de cualquier empresa privada de otros sectores, sería la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de revisar a fondo la situación real de la empresa y, en su caso, requisarla y asignar la concesión a quien sí pueda cumplirla.
Es decir, la aerolínea ha soslayado a la principal autoridad en la materia, pues, en este caso, las concesiones las otorga el Estado y, de no poder cumplir sus compromisos, Grupo Posadas se vería en la necesidad de devolverle a la administración pública el permiso de operación.
Al respecto, conviene recordar que, apenas en octubre de 2006, la Dirección General de Aeronáutica Civil respondió a una solicitud de los sobrecargos de Mexicana, quienes pidieron una verificación mayor a la aerolínea y/o a Grupo Posadas para saber si estaban en condiciones de continuar operando la concesión.
En su respuesta, reiterada después en diciembre y enero pasados, el director de DGAC afirma que, de la información disponible, no se desprende que Grupo Posadas tenga problemas económicos que justifiquen que puedan dejar de operar sus concesiones.
En otras palabras, el supuesto problema de orden económico debería desembocar en una revisión a fondo tanto de los compromisos que adquirió Grupo Posadas cuando se le otorgó la aerolínea como de la situación real de la empresa, datos todos ellos que servirían para que las autoridades revoquen la concesión y se la otorguen a algún grupo que sí pueda cumplir con sus compromisos de inversión.
Toda esta información debería ser del dominio público, ya que estamos hablando de una empresa a la que el pueblo mexicano le ha invertido muchos recursos y que, a través del IPAB, también recibió dinero del erario público.
Sería una muestra de su voluntad de transparencia, contribuiría a que se hiciera una verdadera reestructura operativa y esto, a su vez, ayudaría a que los sacrificios que han hecho los otros sindicatos realmente tengan fruto.
Y es que la simple modificación de las condiciones laborales no garantiza por sí misma la viabilidad de Mexicana si no existe, además, una verdadera reestructura operativa que permita obtener ahorros substanciales.
Por ejemplo, como ya se ha mencionado en este espacio, habría que hacer bases en Guadalajara y Cancún, con lo que se ahorrarían muchos miles de millones, y modificar las reservas de pilotos y sobrecargos, lo que permitiría tener una mejor distribución de las horas de vuelo y también generaría ahorros importantes.
Por lo pronto, la ofensiva de la aerolínea en contra de sus sobrecargos incluye una circular que han repartido entre pilotos, personal de tierra y confianza para mover el ánimo contra los sobrecargos que se han resistido a aceptar como única verdad lo que la empresa quiere obtener y que, en cambio, han presentado una contrapropuesta para ahorrar 15 millones de dólares a través de mecanismos de productividad.
Es claro que, al acudir a la Junta de Conciliación, Mexicana pretende obtener por la fuerza lo que no pudo negociar con razones en la mesa y que al promoverla en los medios muestra, cuando menos, que la información que se le ha dado al director general no es exacta: las 52 horas promedio de vuelo, por ejemplo, que se dice vuelan los sobrecargos corresponden al rol que se les entrega al principio del mes, en el cual se anotan también las reservas que cubrirán en ese período.
Al finalizar el mes es cuando realmente se aprecia la cantidad de horas que volaron efectivamente y ahí el promedio sube hasta 70 horas mensuales. Otro punto es el relativo al salario, pues se están contabilizando 37 mil pesos mensuales, pero en esta cuenta se incluyen los viáticos, que, como se sabe, son obligación de la empresa otorgar, ya que se saca a los trabajadores de su base laboral, y el costo de los hoteles y transportaciones hotel-aeropuerto, que tampoco son su responsabilidad y que, por supuesto, no forman parte del salario.
Son, en todo caso, costos operativos y así debieran anunciarse.Veremos en qué termina este nuevo capítulo de la batalla por la aviación mexicana.
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