Gastón y Mexicana
Sergio Sarmiento
Analista y periodista | 2014-02-20 | 22:01
Distrito Federal— Un juez federal ha girado una orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga, ex presidente de Mexicana de Aviación y de Grupo Posadas, un consorcio hotelero. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), encabezada por Carlos Morinau, ha presentado la acción como un acto de justicia por las denuncias que ha promovido contra el empresario.
Hasta este momento es difícil saber si la orden de aprehensión procede de una de las denuncias presentadas por ASPA. La acción legal es por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Ésta es la designación que se utiliza comúnmente para identificar el lavado de dinero, pero se aplica también a otras faltas. La maestra Elba Esther Gordillo, por ejemplo, ha sido acusada de este delito, pero no porque haya lavado dinero del narco sino por haber desviado recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para su uso personal, aunque el sindicato no ha presentado acusaciones en su contra.
ASPA denunció a Azcárraga por varios presuntos ilícitos, entre otros defraudación fiscal, ya que Mexicana no enteró a Hacienda recursos retenidos como impuesto sobre la renta e IVA. También lo acusó de haber desviado recursos de un fideicomiso y de no haber informado a la Bolsa Mexicana de Valores de una transacción. No queda claro, empero, si alguna de estas acusaciones ha sido la razón por la que finalmente la PGR ha promovido la orden de aprehensión.
Me decía hace meses un funcionario público que sí hay razones para pensar que Azcárraga es responsable de varios ilícitos. Quizá el caso más claro es el de los impuestos retenidos y no enterados a Hacienda. Pero estos delitos no fueron la razón de la quiebra de Mexicana sino, en todo caso, una consecuencia más de los problemas financieros de la aerolínea.
Azcárraga y un grupo de socios compraron Mexicana en 2005 por 160 millones de dólares. A la aerolínea le tocó vivir un período de altos precios en los combustibles y cargar con contratos laborales más costosos que los de las nuevas aerolíneas que estaban entrando al mercado, particularmente Volaris e Interjet. Azcárraga trató de comprar Aeroméxico en 2007, lo cual quizá hubiera permitido la supervivencia de Mexicana, ya que las dos aerolíneas fusionadas habrían tenido una posición dominante en el mercado.
Mexicana por sí sola, sin embargo, mantuvo una política de fuerte expansión. Arrendó aviones, abrió nuevas rutas y lanzó dos aerolíneas regionales, Click y Link (que no tenían pérdidas porque sus contratos laborales eran menos costosos). Los sindicatos estaban entonces felices con Azcárraga porque Mexicana estaba creando empleos para sus agremiados.
El problema es que la empresa estaba creciendo con pérdidas y acumulando deudas cada vez mayores. Cuando Mexicana y sus filiales dejaron de volar, en agosto de 2010, la firma estaba ya quebrada.
La orden de aprehensión contra Azcárraga ha sido festejada como un triunfo por ASPA y los demás sindicatos de Mexicana. Azcárraga, de hecho, se ha convertido en uno de los villanos favoritos de quienes afirman que la quiebra fue producto de una conspiración y no de una política de expansión en un mercado adverso.
La aprehensión de Azcárraga, sin embargo, no resolverá la quiebra de Mexicana. La empresa no tiene recursos para volar, aun cuando pudiera utilizar nuevamente sus valiosos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La quiebra no fue producto de un desvío de recursos sino de la decisión de mantener una expansión con pérdidas. Mexicana cometió el mayor pecado de una empresa: tener gastos superiores a sus ingresos.
RESCATE
Los sindicatos quieren que el gobierno rescate a Mexicana. El gobierno, dicen, tiene la responsabilidad de recuperar los 8 mil empleos que se perdieron con la quiebra.
Pero al rescatar a Mexicana se pondrían en peligro los empleos de Volaris, Interjet y otras aerolíneas. ¿Por qué debe el gobierno favorecer con recursos públicos a unos en agravio de otros?
Hasta este momento es difícil saber si la orden de aprehensión procede de una de las denuncias presentadas por ASPA. La acción legal es por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Ésta es la designación que se utiliza comúnmente para identificar el lavado de dinero, pero se aplica también a otras faltas. La maestra Elba Esther Gordillo, por ejemplo, ha sido acusada de este delito, pero no porque haya lavado dinero del narco sino por haber desviado recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para su uso personal, aunque el sindicato no ha presentado acusaciones en su contra.
ASPA denunció a Azcárraga por varios presuntos ilícitos, entre otros defraudación fiscal, ya que Mexicana no enteró a Hacienda recursos retenidos como impuesto sobre la renta e IVA. También lo acusó de haber desviado recursos de un fideicomiso y de no haber informado a la Bolsa Mexicana de Valores de una transacción. No queda claro, empero, si alguna de estas acusaciones ha sido la razón por la que finalmente la PGR ha promovido la orden de aprehensión.
Me decía hace meses un funcionario público que sí hay razones para pensar que Azcárraga es responsable de varios ilícitos. Quizá el caso más claro es el de los impuestos retenidos y no enterados a Hacienda. Pero estos delitos no fueron la razón de la quiebra de Mexicana sino, en todo caso, una consecuencia más de los problemas financieros de la aerolínea.
Azcárraga y un grupo de socios compraron Mexicana en 2005 por 160 millones de dólares. A la aerolínea le tocó vivir un período de altos precios en los combustibles y cargar con contratos laborales más costosos que los de las nuevas aerolíneas que estaban entrando al mercado, particularmente Volaris e Interjet. Azcárraga trató de comprar Aeroméxico en 2007, lo cual quizá hubiera permitido la supervivencia de Mexicana, ya que las dos aerolíneas fusionadas habrían tenido una posición dominante en el mercado.
Mexicana por sí sola, sin embargo, mantuvo una política de fuerte expansión. Arrendó aviones, abrió nuevas rutas y lanzó dos aerolíneas regionales, Click y Link (que no tenían pérdidas porque sus contratos laborales eran menos costosos). Los sindicatos estaban entonces felices con Azcárraga porque Mexicana estaba creando empleos para sus agremiados.
El problema es que la empresa estaba creciendo con pérdidas y acumulando deudas cada vez mayores. Cuando Mexicana y sus filiales dejaron de volar, en agosto de 2010, la firma estaba ya quebrada.
La orden de aprehensión contra Azcárraga ha sido festejada como un triunfo por ASPA y los demás sindicatos de Mexicana. Azcárraga, de hecho, se ha convertido en uno de los villanos favoritos de quienes afirman que la quiebra fue producto de una conspiración y no de una política de expansión en un mercado adverso.
La aprehensión de Azcárraga, sin embargo, no resolverá la quiebra de Mexicana. La empresa no tiene recursos para volar, aun cuando pudiera utilizar nuevamente sus valiosos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La quiebra no fue producto de un desvío de recursos sino de la decisión de mantener una expansión con pérdidas. Mexicana cometió el mayor pecado de una empresa: tener gastos superiores a sus ingresos.
RESCATE
Los sindicatos quieren que el gobierno rescate a Mexicana. El gobierno, dicen, tiene la responsabilidad de recuperar los 8 mil empleos que se perdieron con la quiebra.
Pero al rescatar a Mexicana se pondrían en peligro los empleos de Volaris, Interjet y otras aerolíneas. ¿Por qué debe el gobierno favorecer con recursos públicos a unos en agravio de otros?
