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Opinión de (Rosario Avilés) |
¡A desenredar la madeja!
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Rosario Avilés |
Opinión
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Fecha:
2013-04-30
| Hora de creación:
02:20:10
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Ultima modificación:
02:20:10
Como si fuera una mala comedia de equivocaciones, el asunto de Mexicana
de Aviación ha pasado del cajón del ostracismo al cajón de los
condenados. Soto voce se dice que a más tardar en un mes la aerolínea
será declarada en quiebra y sólo se filtran aquí y allá algunos detalles
—según sea el interés del declarante— como para cerrar entre brumas un
asunto que nació en la más absoluta opacidad el día en que el IPAB le
entregó a Gastón Azcárraga las llaves de la nave que habría de llevar al
naufragio.
Es casi cómico —si no fuera trágico— que en este país sea más fácil salir en primera plana, y merecer la respuesta inmediata de la Presidencia, por un asunto de prepotencia de la hija de un funcionario —que a lo más le amargó la tarde a la propietaria de un pequeño negocio, según sus propias palabras—, que la tragedia de 8,600 familias que hace tres años viven en la angustia de haber perdido los ahorros de toda su vida y su trabajo.
Como las autoridades judiciales no han tocado ni con el pétalo de una averiguación previa el caso del muy posible desfalco y muy probable quiebra fraudulenta de quienes detentaron la propiedad de la aerolínea más antigua del país, el asunto amenaza con pasar al archivo muerto de los casos irresolubles. No importa que haya ocho denuncias interpuestas ante la PGR y la PGJDF: pareciera que el pecado de los demandantes es ser pobres y asalariados.
Hay innumerables conjeturas acerca de si el Concurso Mercantil ha estado o no bien manejado, si las marcas son propiedad de personas ajenas y si están embargadas; si el MRO (la empresa de mantenimiento de aeronaves que todavía funciona) es parte de la masa concursal o no; si Bancomext, ASA, Seneam y el fisco aceptan los términos del concurso, etc.
Lo cierto es que, como en su momento determinó el juez Consuelo, la situación de crisis de Mexicana no se gestó en los 180 días anteriores a la declaratoria del Concurso Mercantil, sino mucho antes, quizás desde el momento mismo en que el IPAB decidió vender las aerolíneas del modo como lo hizo. Como sea, este juez de lo concursal llevó la investigación hasta el 2006, fecha en que se empezó la operación de desmantelamiento sistemático de la empresa con la venta de la Torre de Xola, construida, por cierto, por el recientemente desaparecido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Entre las muchas operaciones extrañas, están el crédito para solventar la deuda de los aviones Airbus de Mexibus, que fue otorgado a Mexicana (y no a los dueños de la empresa) y cuyo pago, servicio y otras comisiones quedaron en la opacidad; también está el traspaso de los créditos de la aerolínea a Banorte y la creación de los fideicomisos atados a éste.
Más aún, está la operación de desagregación de las acciones de Compañía
Mexicana de Aviación en la holding Nuevo Grupo Aeronáutico, que hoy
tienen absolutamente enredadas las garantías de unas y otras, así como
la propiedad de las marcas, el MRO y los diversos activos de la empresa.
Ni hablar de los contratos millonarios a otras empresas del Grupo propietario, los contratos de arrendamiento y muchas otras operaciones atípicas, que constan en los expedientes hoy en manos de las autoridades.
Si se investigara con rigor, todo ello llevaría a encontrar la pista del dinero, su ubicación y sobre todo, llevaría a la identidad de los responsables de los quebrantos.
Pero no todo debe quedar así. A riesgo de romper el Pacto político, habría que delimitar las responsabilidades de los funcionarios que, en su turno, no hicieron su trabajo. Tal vez por esa indagación encontrarían que Juan Molinar Horcasitas o, en su caso, Felipe Duarte, debieron sancionar (en sus dos sentidos primordiales) el traspaso de acciones de una empresa titular de una concesión federal de servicio público.
Todo esto —que para alguien que conozca la ley salta a la vista— es facultad de las autoridades analizarlo y, en su caso, revertirlo. No habría que nacionalizar nada: los actos ilegales se invalidan y punto. Tal vez en eso no pensaron quienes compraron en mil pesos unas acciones que prometían, pero que son en sí mismas una mala decisión.
La culpa no la tienen los trabajadores ni las actuales autoridades de Trabajo, sino quien las vendió y quien decidió tomarlas. La virulencia que hoy exhiben en su defensa los sedicentes titulares de esos derechos están mal direccionados: de encontrarse culpables, los ex dueños de Mexicana deben responder, hasta con sus activos y propiedades, de los quebrantos que provocaron. ¿O no, abogados?
raviles_2@prodigy.net.mx
