Ordenan dar plazo a quiebra de Mexicana
Víctor Fuentes
El fallo, que es inapelable, fue dictado a favor de ASA, uno de los principales acreedores de Mexicana. Foto: Archivo
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Cd. de México, México (11 abril 2013).-
Un tribunal federal
ordenó reactivar el cómputo del plazo para declarar la quiebra de
Mexicana de Aviación, mismo que fue suspendido ilegalmente por un juez
desde hace año y medio.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que no existe ningún precepto en la Ley de Concursos Mercantiles que faculte a los jueces para suspender "por tiempo indefinido" el cómputo del periodo de conciliación de dichos procedimientos, que en teoría no pueden exceder un año.
En el caso de Mexicana, el juez que estuvo encargado originalmente del caso, Felipe Consuelo Soto, empezó a suspender el cómputo en septiembre de 2011 por petición de los sindicatos de Mexicana, y en febrero de 2012 decretó una suspensión indefinida a la espera de que algún inversionista aporte recursos para rescatar a la empresa.
De acuerdo al plazo previsto en la ley, la quiebra de Mexicana tenía que haberse dictado desde el 28 de septiembre de 2011, cuando se cumplió un año de la publicación de la sentencia que la declaró en estado de insolvencia, sin que se hubiera llegado a un convenio de reestructura con los acreedores.
"Desde el día 10 de febrero de 2012 en que se suspendió el procedimiento hasta el día de hoy, han transcurrido más de 366 días en que se encuentra ilegalmente suspendido en contravención al interés público de la ley que regula los Concursos Mercantiles, en detrimento de los acreedores y de la clase trabajadora porque la empresa ni reanuda actividades ni continúa en sus etapas, con inseguridad jurídica para todos y en perjuicio social", afirmó el tribunal en su sentencia.
"Suspender el procedimiento no puede depender de la voluntad o ejercicio discrecional del juez", agrega el fallo inapelable. "Demostrada la ilegalidad de la resolución que suspendió el procedimiento, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se resuelva levantar la suspensión del procedimiento y pueda continuar en sus trámites y se respeten los plazos y la naturaleza del juicio especial de concurso mercantil".
El tribunal amparó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al Banco Nacional de Comercio Exterior, que están entre los principales acredores de Mexicana, y lo hizo en términos inusualmente duros y de crítica contra las decisiones de Consuelo Soto, quien en agosto de 2012 fue enviado a otro juzgado y reemplazado por Edith Alarcón.
La sentencia en favor de ASA fue dictada por el tribunal colegiado en sesión del 22 de marzo, pero por las vacaciones de Semana Santa fue notificada hasta el primero de abril al juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil, que conoció en primera instancia del amparo.
Este juzgado, a su vez, notificará esta semana el amparo a la juez Alarcón, titular del juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil. Esta juzgadora ha mantenido la suspensión indefinida dictada por Consuelo, y han pasado dos meses y medio desde que cerró la convocatoria final que lanzó para invitar a cualquier inversionista interesado, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento público sobre el resultado.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que no existe ningún precepto en la Ley de Concursos Mercantiles que faculte a los jueces para suspender "por tiempo indefinido" el cómputo del periodo de conciliación de dichos procedimientos, que en teoría no pueden exceder un año.
En el caso de Mexicana, el juez que estuvo encargado originalmente del caso, Felipe Consuelo Soto, empezó a suspender el cómputo en septiembre de 2011 por petición de los sindicatos de Mexicana, y en febrero de 2012 decretó una suspensión indefinida a la espera de que algún inversionista aporte recursos para rescatar a la empresa.
De acuerdo al plazo previsto en la ley, la quiebra de Mexicana tenía que haberse dictado desde el 28 de septiembre de 2011, cuando se cumplió un año de la publicación de la sentencia que la declaró en estado de insolvencia, sin que se hubiera llegado a un convenio de reestructura con los acreedores.
"Desde el día 10 de febrero de 2012 en que se suspendió el procedimiento hasta el día de hoy, han transcurrido más de 366 días en que se encuentra ilegalmente suspendido en contravención al interés público de la ley que regula los Concursos Mercantiles, en detrimento de los acreedores y de la clase trabajadora porque la empresa ni reanuda actividades ni continúa en sus etapas, con inseguridad jurídica para todos y en perjuicio social", afirmó el tribunal en su sentencia.
"Suspender el procedimiento no puede depender de la voluntad o ejercicio discrecional del juez", agrega el fallo inapelable. "Demostrada la ilegalidad de la resolución que suspendió el procedimiento, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se resuelva levantar la suspensión del procedimiento y pueda continuar en sus trámites y se respeten los plazos y la naturaleza del juicio especial de concurso mercantil".
El tribunal amparó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y al Banco Nacional de Comercio Exterior, que están entre los principales acredores de Mexicana, y lo hizo en términos inusualmente duros y de crítica contra las decisiones de Consuelo Soto, quien en agosto de 2012 fue enviado a otro juzgado y reemplazado por Edith Alarcón.
La sentencia en favor de ASA fue dictada por el tribunal colegiado en sesión del 22 de marzo, pero por las vacaciones de Semana Santa fue notificada hasta el primero de abril al juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil, que conoció en primera instancia del amparo.
Este juzgado, a su vez, notificará esta semana el amparo a la juez Alarcón, titular del juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil. Esta juzgadora ha mantenido la suspensión indefinida dictada por Consuelo, y han pasado dos meses y medio desde que cerró la convocatoria final que lanzó para invitar a cualquier inversionista interesado, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento público sobre el resultado.
