Mexicana: esclarecimiento necesario
E
n coincidencia con la
decisión de la juez encargada del concurso mercantil de Mexicana de
Aviación, Edith Alarcón, de abrir una nueva convocatoria a potenciales
inversionistas de la aerolínea, la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión emitió un punto de acuerdo en el que solicita a la Comisión
Federal de Competencia investigar presuntas prácticas monopólicas de
Grupo Aeroméxico, principal beneficiario de la larguísima agonía a que
ha sido sometida su anterior competidora. En tanto, en la Terminal 1 del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de
trabajadores de Mexicana se manifestó para exigir a las autoridades que
expliquen los avances de las demandas en contra del empresario Gastón
Azcárraga –antiguo propietario de la aerolínea– y de Andrés Conesa, ex
presidente de la concentradora gubernamental de acciones Cintra, por las
presuntas irregularidades durante y después del proceso de
reprivatización de la empresa.
El impasse en que se encuentra la más antigua línea aérea
del país desde hace más de dos años, y la falta de avances en los
prolongados esfuerzos por revivirla, resultan particularmente
exasperantes si se toman en cuenta las afectaciones que ese periodo de
espera ha producido para los trabajadores –a quienes en un principio
incluso se responsabilizó de la situación financiera de la aerolínea y
quienes han carecido, en todo este tiempo, de una fuente de sustento
estable–; para el público usuario de los servicios de transportación
aérea, que han tenido que padecer incrementos hasta de 40 por ciento en
los boletos de avión y ha quedado a merced de una mayor concentración en
ese mercado y para el país en su conjunto, que ha perdido presencia y
competitividad internacional en el terreno de la aeronáutica civil.Tales afectaciones contrastan con la escandalosa impunidad que gozan los responsables del desastre que afronta la aerolínea, empezando por su anterior propietario, Gastón Azcárraga, cuya conducción empresarial fue tan turbia y cuestionable que consiguió, en cosa de cinco años, llevar a la compañía de una situación de bonanza económica a una de quiebra. No menos grave ha sido la inacción de las autoridades de la pasada administración federal, que primero toleraron tales manejos y posteriormente declinaron emprender una investigación seria para esclarecer las presumibles responsabilidades mercantiles, civiles y penales incurridas.
Por lo demás, la apertura de una nueva convocatoria para
potenciales inversionistas de Mexicana obliga a recordar que la falta de
solución al larguísimo conflicto de la empresa aérea no se debe a la
ausencia de grupos o individuos interesados en capitalizarla, ni a la
falta de voluntad de los trabajadores, sino a los persistentes
obstáculos impuestos desde oficinas de funcionarios gubernamentales,
entre los que pueden inscribirse los episodios de hostigamiento de
autoridades contra potenciales inversionistas, denunciados en su momento
por trabajadores, por el anterior juez del concurso, Felipe Consuelo
Soto, y por los propios empresarios.
Ahora que la administración federal entrante ha asumido el compromiso
público de recomponer las distintas rutas de catástrofe heredadas por
su antecesora, lo menos que cabe esperar es que emprenda las acciones de
esclarecimiento necesarias para despejar, o confirmar, la sospecha de
que en los últimos dos años ha existido la consigna de impedir que
Mexicana vuelva al espacio aéreo; para hacer visibles los motivos de
este encarnizamiento contra la empresa y sus trabajadores y para
determinar qué intereses inconfesables y qué complicidades
político-empresariales se han conjurado para evitar la reactivación de
la línea aérea.
