2012-11-27 | Hora de creación: 22:00:59 |
Ultima modificación: 00:15:26
Ya en las postrimerías del sexenio, los administradores calderonistas
se han apresurado a cerrar expedientes para dejar la menor cantidad
posible de huellas que los inculpen en el futuro por las muchas
tropelías cometidas en estos años. Hubo algunos que no pudieron cerrar
como hubieran querido, como el caso de Mexicana de Aviación que quedará
para siempre como un estigma en la del sexenio del subempleo.
Entre varios de los desaguisados que dejan tras de sí, como si fueran
Atilas que incendian los campos por los que pasan huyendo, en estas
últimas semanas les ha entrado la euforia desregulatoria que, entre
otras lindezas, nos legará el que las Normas Oficiales Mexicanas puedan publicadas en CUALQUIER IDIOMA, es decir, que si la norma viene de , podrá ser publicada en ese idioma que posee tantos miles de símbolos que ni los chinos educados conocen a profundidad.
Como quien dice retrocedimos décadas en el tiempo y una vez más, los
mexicanos deberemos plegarnos a cosas que no son nuestras y que,
incluso, son imposibles de comprender para la mayoría.
En el ámbito aeronáutico no llegaron a conformar nunca la política de
Estado y de largo plazo que se les pidió durante años (desde antes de
que Fox tomara posesión como presidente y el propio Calderón era
coordinador de su bancada en San Lázaro). Pero eso no fue óbice para que
en la retirada, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)
cuyo nombre en este caso que vamos a relatar parece más un sarcasmo que
una intención, elaborara un proyecto para modificar el Reglamento para
la Expedición de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Técnico Aeronáutico.
Se trata de eliminar algunas fracciones de artículos relativos a la expedición y revalidación de licencias de
de aerolíneas comerciales, privados y de helicóptero. Y lo que se
pretende eliminar es –ni más ni menos- el requisito para que estos
tripulantes exhiban su cédula profesional.
Es decir, con el pretexto de abonar a la facilitación de trámites, se
está haciendo una legislación laxa, aún más laxa que aquella donde se
incubaron algunos de los accidentes de aviación que más perjudicaron al
gobierno saliente y a miembros importantes de la comunidad empresarial
de este país.
La regulación de las profesiones en México prevé la obtención de cédula
profesional para aquellas actividades que son ejercidas por personal
que tiene a su cargo acciones que tienen que ver con la vida,
e integridad de las personas que son atendidas por ellos. O sea:
estamos hablando de profesiones sensibles y donde una falla puede ser
mortal y tener un perjuicio directo en los seres humanos.
Así, los médicos o los pilotos aviadores tienen la obligación de
obtener una cédula profesional que los acredite precisamente como
profesionales en su ramo para que al desempeñar sus actividades lo hagan
apegados a los lineamientos de su carrera y por tanto, no pongan en
peligro la vida o la integridad de las personas bajo su .
En los varios accidentes de aviación que en los años recientes han
enlutado a familias y al propio gobierno federal, se advierte la
necesidad no de hacer más laxas las regulaciones en materia de obtención
y revalidación de licencias, así como de adiestramientos necesarios,
sino precisamente lo contrario: es decir, se requiere mayor rigor, tanto
en la formación y certificación de los tripulantes, como en las
dependencias públicas encargadas de vigilar que estos requisitos se
cumplan.
No sólo no deberían eliminarse estos requisitos en el Reglamento
mencionado, sino que deberían hacerse más estrictos. Esto se desprende
claramente de los reportes de las investigaciones, de las prácticas en
esta materia y del sentido común.
El
hecho de que exista este anteproyecto listado en el expediente
10/0621/061112 de la Cofemer, enviado nada menos que por la propia SCT
el 6 de noviembre pasado, habla de la absoluta ineptitud que caracterizó
a sus funcionarios en este sexenio.
No entendieron nada: ni por qué la aviación es segura, ni por qué es
importante, ni por qué debería ser estratégica y prioritaria para un
país como el nuestro. No entendieron tampoco cuál era su función como
autoridad y menos aún entendieron lo que sucedió en los accidentes de
Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake, más todos
los demás que fallecieron en estos lamentables hechos.
Tan sólo este planteamiento es una bofetada a la memoria de las
víctimas de los accidentes y es un insulto a la inteligencia de los
ciudadanos. Se van, pues, dando un portazo, de la peor manera
