| Mexicana: apología del desastre 03-septiembre-2012 | ||||||
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En tierra.
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Víctor Alberto Marín Limón
v.marinlimon@gmail.com
Egresado Sociología
UAM-Azcapotzalco
A dos años de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y de declarado el concurso mercantil, los grandes ausentes son el empleo para sus trabajadores y los beneficios para los consumidores. Al final, Mexicana sigue en tierra y nadie, ni Mead Atlántica, ha demostrado tener los 250 millones de dólares necesarios para pagar a sus acreedores, a sus trabajadores, y responder a sus compromisos fiscales, pero sobre todo para ponerla en el aire, en síntesis esos son los hechos.
Vayamos por partes; en términos laborales se perdieron 8 mil 500 puestos de trabajo de las distintas agrupaciones sindicales que mantienen relación laboral con la aerolínea, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) que comanda Carlos Manuel Díaz Chávez ; la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) que dirige Ricardo del Valle; y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformaciones, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS) dirigido por Miguel A. Yúdico, lo anterior no solo daña seriamente los ingresos de miles de familias mexicanas, marca el sello distintivo del gobierno de Felipe Calderón: el fracaso de la política laboral , el desempleo masivo y la torpeza en el sector de comunicaciones y transportes.
Desde que comenzó el proceso de concurso mercantil diversos inversionistas han estado interesados en rescatar a Mexicana: PC Capital, TG Group, Avanza Capital, Union Swiss, Iván Barona, FIDES, Altus Prot y Med Atlántica. La pregunta es: ¿Por qué no se concreta si hay interesados? ¿Preocupa la certidumbre jurídica del proceso? ¿Esperan al nuevo secretario de comunicaciones y transportes? ¿Simplemente no tienen el dinero? ¿Hay falsos inversionistas? ¿La SCT ha obstaculizado el rescate de la aerolínea? O peor aún, ¿hay a quién le interesa que Mexicana no vuelva a volar? ¿Por qué Mead Atlántica mantiene el supuesto dinero en el extranjero? ¿Por qué ocultar la identidad de los inversionistas? ¿Por qué no concretar un rescate de una empresa que originalmente estaba valuada por la Corporación internacional de transporte aéreo (CINTRA) en mil 465 millones de dólares? Pareciera un buen negocio invertir 250 millones de dólares si hubiera garantías de slots y rutas, ante los intereses de Volaris e Interjet. Pero no, los inversionistas, si es que los hay, no están seguros de invertir porque simplemente, el Estado no brinda certidumbre jurídica.
El mensaje a la opinión pública es confuso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo momento se pronuncia por el mantenimiento de rutas y slots y manifiesta disposición por entregar el certificado de operador aéreo al nuevo inversionista en cuanto se demuestre la solvencia financiera, pero nada. A pesar de que aparentemente se han dado las condiciones para concretar el rescate, tanto el convenio de acreedores e inversionistas como la validación lícita de los recursos de Mead Atlántica por parte del juez Felipe Consuelo, al final, nada.
Lejos de ello y a petición de los mismos acreedores (del gobierno), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); el Consejo de la Judicatura Federal decidió remover al juez Felipe Consuelo y designar a la jueza Edith Encarnación Alarcón para darle un nuevo aire al proceso, y paralelamente se dio la designación por parte de la SCT de Humberto Murrieta Romo, en substitución de Gerardo Badín como administrador de Mexicana.
Todo apunta a que la SCT apuesta a limpiar el proceso con nuevos jugadores, sin embargo lo que no debemos dejar de lado en toda esta complejidad es que lo último que le ha importado al Gobierno Federal es juzgar al verdadero o verdaderos responsables de que Mexicana esté donde esté.
La prioridad no está bien dibujada, la recuperación de los puestos de trabajo, la competitividad del mercado aeronáutico mexicano y la viabilidad de una de las aerolíneas más representativas del país quedan en segundo término. Se ha olvidado el objetivo primordial de la ley de concursos mercantiles: “Salvar la empresa” y por ende, los empleos de miles de personas.
v.marinlimon@gmail.com
Egresado Sociología
UAM-Azcapotzalco
A dos años de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación y de declarado el concurso mercantil, los grandes ausentes son el empleo para sus trabajadores y los beneficios para los consumidores. Al final, Mexicana sigue en tierra y nadie, ni Mead Atlántica, ha demostrado tener los 250 millones de dólares necesarios para pagar a sus acreedores, a sus trabajadores, y responder a sus compromisos fiscales, pero sobre todo para ponerla en el aire, en síntesis esos son los hechos.
Vayamos por partes; en términos laborales se perdieron 8 mil 500 puestos de trabajo de las distintas agrupaciones sindicales que mantienen relación laboral con la aerolínea, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) que comanda Carlos Manuel Díaz Chávez ; la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) que dirige Ricardo del Valle; y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformaciones, Aviación y Servicios Similares (SNTTTASS) dirigido por Miguel A. Yúdico, lo anterior no solo daña seriamente los ingresos de miles de familias mexicanas, marca el sello distintivo del gobierno de Felipe Calderón: el fracaso de la política laboral , el desempleo masivo y la torpeza en el sector de comunicaciones y transportes.
Desde que comenzó el proceso de concurso mercantil diversos inversionistas han estado interesados en rescatar a Mexicana: PC Capital, TG Group, Avanza Capital, Union Swiss, Iván Barona, FIDES, Altus Prot y Med Atlántica. La pregunta es: ¿Por qué no se concreta si hay interesados? ¿Preocupa la certidumbre jurídica del proceso? ¿Esperan al nuevo secretario de comunicaciones y transportes? ¿Simplemente no tienen el dinero? ¿Hay falsos inversionistas? ¿La SCT ha obstaculizado el rescate de la aerolínea? O peor aún, ¿hay a quién le interesa que Mexicana no vuelva a volar? ¿Por qué Mead Atlántica mantiene el supuesto dinero en el extranjero? ¿Por qué ocultar la identidad de los inversionistas? ¿Por qué no concretar un rescate de una empresa que originalmente estaba valuada por la Corporación internacional de transporte aéreo (CINTRA) en mil 465 millones de dólares? Pareciera un buen negocio invertir 250 millones de dólares si hubiera garantías de slots y rutas, ante los intereses de Volaris e Interjet. Pero no, los inversionistas, si es que los hay, no están seguros de invertir porque simplemente, el Estado no brinda certidumbre jurídica.
El mensaje a la opinión pública es confuso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en todo momento se pronuncia por el mantenimiento de rutas y slots y manifiesta disposición por entregar el certificado de operador aéreo al nuevo inversionista en cuanto se demuestre la solvencia financiera, pero nada. A pesar de que aparentemente se han dado las condiciones para concretar el rescate, tanto el convenio de acreedores e inversionistas como la validación lícita de los recursos de Mead Atlántica por parte del juez Felipe Consuelo, al final, nada.
Lejos de ello y a petición de los mismos acreedores (del gobierno), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA); el Consejo de la Judicatura Federal decidió remover al juez Felipe Consuelo y designar a la jueza Edith Encarnación Alarcón para darle un nuevo aire al proceso, y paralelamente se dio la designación por parte de la SCT de Humberto Murrieta Romo, en substitución de Gerardo Badín como administrador de Mexicana.
Todo apunta a que la SCT apuesta a limpiar el proceso con nuevos jugadores, sin embargo lo que no debemos dejar de lado en toda esta complejidad es que lo último que le ha importado al Gobierno Federal es juzgar al verdadero o verdaderos responsables de que Mexicana esté donde esté.
La prioridad no está bien dibujada, la recuperación de los puestos de trabajo, la competitividad del mercado aeronáutico mexicano y la viabilidad de una de las aerolíneas más representativas del país quedan en segundo término. Se ha olvidado el objetivo primordial de la ley de concursos mercantiles: “Salvar la empresa” y por ende, los empleos de miles de personas.
