2012-09-25 | Hora de creación: 21:27:23 |
Ultima modificación: 00:03:47
El signo distintivo de este sexenio será el doble discurso. Es un
gobierno que dice una cosa y hace otra, que pregona un ideal y premia lo
contrario, que en debería tener una actuación apegada a ciertos principios y en cambio, ha decidido ser pragmático y negociarlos.
La reforma laboral quiere venderse como una necesidad para que exista
transparencia, rendición de cuentas y procedimientos democráticos al
de los sindicatos. No dicen que así se disfrazan la cancelación de
derechos básicos como el de huelga y, en resumidas cuentas, la capacidad
de la organización de los sindicatos para equilibrar los factores de la
producción.
Pero ¿cómo creerle al gobierno que de verdad quiere que los sindicatos sean
de democracia y rendición de cuentas si cuando esto se da realmente en
un sindicato, sus funcionarios se dedican a atacar a ese de asociaciones y privilegian a las empresas que tienen sindicatos de protección y prácticas antidemocráticas?
Y para de muestra está la aviación. Mexicana, una empresa con contratos
de sindicatos gremiales democráticos, que se lanzaron a defender sus
fuentes de empleo, ha sido combatida desde el interior mismo del poder.
En vez de apoyarse en ese sindicalismo, de predicar con el ejemplo su
apoyo real a este tipo de prácticas laborales, la dependencia encargada
del caso, la SCT, se ha dedicado a debilitarlo y a privilegiar a
empresas que tienen contratos con sindicatos de muy dudosa factura (como
el STIAS, de Ramón Gámez, de quien no se sabe que haya realizado democráticas en años, sólo por poner el ejemplo de quien detenta el de Volaris).
Del sindicato gremial de pilotos, por ejemplo, se tiene evidencia de 54
años de vida democrática, en la que no ha habido una sola elección
cuestionada, la asamblea conoce y aprueba de antemano los presupuestos
de cada secretario y tienen sistemas internos de seguimiento y libre
expresión que ya quisieran muchos.
Y eso, lo único que ha suscitado es incomprensión y desdén por parte de
nuestros funcionarios públicos. Es decir, o hay una esquizofrenia entre
la Secretaría del Trabajo y la SCT (una sirve a un jefe y la otra a
otro jefe) o hay un doble discurso: ustedes decidan, señores.
Y por cierto, la subsecretaría de Transporte se quedó con un palmo de
narices una vez que, grillas y descalificaciones de por medio, logró que
el juez Felipe Consuelo fuera removido del caso del Concurso Mercantil
de Mexicana de Aviación. Una vez logrado el primer objetivo, los
funcionarios se relamían los bigotes, pensando que la remoción del
conciliador, la declaratoria de quiebra y el borrón de toda
responsabilidad era cosa hecha.
Pero resulta que la nueva juez del caso, Edith Encarnación Alarcón,
emitió una resolución que ni el mismo juez Consuelo había hecho:
contundente, clara, precisa y dura. En ese resolutivo de 33 páginas
fechado el 13 de septiembre y donde expresamente se refiere a la
solicitud de SCT para remover al conciliador del caso, contesta con
argumentos sólidos y bien fundamentados y deja sentada la viabilidad de
la empresa.
A contrapelo de lo que Duarte y secuaces esperaban, la juez Alarcón
exhibió como “injustificados e improcedentes” los argumentos jurídicos
de la dependencia. Aclaró que la información del administrador/
conciliador fue entregada “en tiempo y forma”, que la documentación
contiene información “oportuna y eficaz” para garantizar una amplia
reestructura laboral, operativa y financiera (de Mexicana) y que los
informes que la dependencia dice que no le han sido entregados sí lo
fueron, como se prueba con los acuses de recibo por parte de SCT de
documentos que detallan todo lo que se ha requerido.
Aún más: afirma que en el juzgado se encuentran los nuevos contratos
colectivos que garantizan la viabilidad financiera, operativa, de
rentabilidad y productividad; que hay solidez en los acuerdos alcanzados
con distintos acreedores, lo que hace viable la firma del convenio
concursal y que en materia operativa y administrativa se han
implementado distintos mecanismos para mantener a la empresa en
condiciones mínimas de funcionamiento. Y se refiere a inversionistas
interesados serios.
En otras palabras: la juez Alarcón lanza un grito —más fuerte, más
contundente aún— que exhibe a los funcionarios de la SCT como omisos,
renuentes a encontrar una solución que ayude a la empresa a salir
adelante y que los hace directamente responsables de la situación de sus
trabajadores, desde los efectos de estar sin trabajo, hasta la falta de
pago de los jubilados, quienes tienen ya dos meses sin cobrar.
¿Qué necesitan, señores? Ya tuvieron la cabeza del juez Consuelo. Ya
escucharon las palabras de la juez Alarcón. ¿Así… o más fuerte?
