Mexicana: ¿impunidad empresarial?
Ayer, a 11 días de que Mexicana de Aviación anunció la suspensión de sus operaciones, un juez federal declaró procedente la solicitud de concurso mercantil presentada por esa aerolínea el pasado 3 de agosto, ante la imposibilidad de hacer frente a sus adeudos. De tal forma, la compañía dispondrá de un periodo máximo de un año para negociar una restructuración financiera con sus acreedores y evitar la desaparición.
La decisión judicial comentada no sólo permite pasar la página a uno de los episodios más turbios del ámbito corporativo del país –y hay muchos–, sino remata la actitud indolente que el gobierno federal ha mostrado hacia la problemática que enfrenta la aerolínea. Desde finales del sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras ser sometida a un rescate que costó mucho dinero a los contribuyentes, las autoridades toleraron manejos empresariales dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía. Posteriormente, cuando el corporativo encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, los funcionarios calderonistas declinaron intervenir en forma decisiva y se limitaron a observar impávidos la cancelación de vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio y la suspensión total de sus operaciones. Ahora, con la declaratoria de concurso mercantil, las autoridades vuelven a lavarse las manos y dejan en la desprotección a miles de personas afectadas, entre las que se cuentan trabajadores, pasajeros y acreedores de la empresa.
Semejante actitud, que revela una fe ciega en el pensamiento neoliberal más recalcitrante, resulta tanto más grave si se toma en cuenta que en este episodio puede presumirse la existencia de responsabilidades mercantiles, civiles y penales que debieran ser investigadas. A la turbiedad en las prácticas empresariales que condujeron al desplome del valor de la compañía –que, pese a su posición estratégica, perdió por lo menos ocho veces su valor en un lustro– se suma el presumible fraude cometido contra cerca de un millón de usuarios, a quienes Mexicana vendió boletos a sabiendas de que iba a suspender sus vuelos. De acuerdo con un análisis entregado al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, esa operación representará a la aerolínea un monto equivalente a más de mil 500 millones de pesos por concepto de devoluciones, cantidad que ya forma parte de los pasivos de la empresa.
Ante los elementos de juicio mencionados, la decisión de confiar el destino de la aerolínea a un concurso mercantil, además de exhibir una creciente retiro del Estado de sus funciones como regulador de sectores estratégicos –y el aeronáutico es un caso claro–, pone de relieve una grave claudicación gubernamental en términos de transparencia y procuración de justicia. Si las autoridades no realizan cuanto antes las investigaciones correspondientes para esclarecer las múltiples irregularidades que concurren en la crisis de Mexicana, estarán sentando un precedente nefasto para el país y quedarán exhibidas ante la opinión pública como garantes de la impunidad empresarial.
Ayer, a 11 días de que Mexicana de Aviación anunció la suspensión de sus operaciones, un juez federal declaró procedente la solicitud de concurso mercantil presentada por esa aerolínea el pasado 3 de agosto, ante la imposibilidad de hacer frente a sus adeudos. De tal forma, la compañía dispondrá de un periodo máximo de un año para negociar una restructuración financiera con sus acreedores y evitar la desaparición.
La decisión judicial comentada no sólo permite pasar la página a uno de los episodios más turbios del ámbito corporativo del país –y hay muchos–, sino remata la actitud indolente que el gobierno federal ha mostrado hacia la problemática que enfrenta la aerolínea. Desde finales del sexenio foxista, cuando Mexicana fue reprivatizada tras ser sometida a un rescate que costó mucho dinero a los contribuyentes, las autoridades toleraron manejos empresariales dudosos que derivaron en la descapitalización de la compañía. Posteriormente, cuando el corporativo encabezado por Gastón Azcárraga declaró la inviabilidad operativa y financiera de la empresa, los funcionarios calderonistas declinaron intervenir en forma decisiva y se limitaron a observar impávidos la cancelación de vuelos de la aerolínea, el remate de sus activos a un precio irrisorio y la suspensión total de sus operaciones. Ahora, con la declaratoria de concurso mercantil, las autoridades vuelven a lavarse las manos y dejan en la desprotección a miles de personas afectadas, entre las que se cuentan trabajadores, pasajeros y acreedores de la empresa.
Semejante actitud, que revela una fe ciega en el pensamiento neoliberal más recalcitrante, resulta tanto más grave si se toma en cuenta que en este episodio puede presumirse la existencia de responsabilidades mercantiles, civiles y penales que debieran ser investigadas. A la turbiedad en las prácticas empresariales que condujeron al desplome del valor de la compañía –que, pese a su posición estratégica, perdió por lo menos ocho veces su valor en un lustro– se suma el presumible fraude cometido contra cerca de un millón de usuarios, a quienes Mexicana vendió boletos a sabiendas de que iba a suspender sus vuelos. De acuerdo con un análisis entregado al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, esa operación representará a la aerolínea un monto equivalente a más de mil 500 millones de pesos por concepto de devoluciones, cantidad que ya forma parte de los pasivos de la empresa.
Ante los elementos de juicio mencionados, la decisión de confiar el destino de la aerolínea a un concurso mercantil, además de exhibir una creciente retiro del Estado de sus funciones como regulador de sectores estratégicos –y el aeronáutico es un caso claro–, pone de relieve una grave claudicación gubernamental en términos de transparencia y procuración de justicia. Si las autoridades no realizan cuanto antes las investigaciones correspondientes para esclarecer las múltiples irregularidades que concurren en la crisis de Mexicana, estarán sentando un precedente nefasto para el país y quedarán exhibidas ante la opinión pública como garantes de la impunidad empresarial.
