Opinión de
Despegues y Aterrizajes(Rosario Avilés | )
(In) Seguridad jurídica
Rosario Avilés | Opinión
Martes 20 de Octubre, 2009 | Hora de modificación: 00:35
Entre los argumentos esgrimidos para intervenir y quebrar a Luz y Fuerza del Centro se encuentra la falta de inversión extranjera que —supuestamente— se ha detenido porque la ineficiencia de dicha empresa causaba incertidumbre a los inversionistas. Curioso argumento para justificar la desaparición de una empresa y de su contrato colectivo con la intervención de la fuerza pública, previo ambiente de linchamiento mediático que recuerda otras gestas similares donde, por cierto, no sucedió nada que cambiara verdaderamente la situación de los trabajadores y las empresas.
Y es que si algo puede desalentar la inversión extranjera en cualquier país es la inseguridad jurídica que se genera con un clima de violencia, la impunidad que impide que se haga justicia, las sobrecargas fiscales en los pocos que pagan o el desacierto para manejar las crisis; las decisiones discrecionales, la permanencia en sus puestos de secretarios de Estado que no dan resultados y los intereses creados que impiden que las licitaciones públicas se concreten, sean del sector que sean, signos que abundan en este país y que son más importantes a la hora de decidir las inversiones.
Otro factor es la falta de políticas de Estado y de largo plazo, algo de lo que adolece nuestro sector del transporte aéreo, por más que la oficina del subsecretario se encuentre hoy tratando de redactar un documento que justifique que sí existe tal política (como tip: pueden "fusilarse" el documento que se redactó y publicó en el 2001, que como es una colección de frases bonitas y buenos deseos para dejar contentos a los puristas pero descobijados a los actores económicos). La realidad pura y dura es que ese documento no sirvió de nada.
Y ahí tenemos varios botones de muestra que sirven para ilustrar lo poco que se hace para darle seguridad jurídica no sólo a los inversionistas extranjeros, sino a los nacionales y a los trabajadores que invierten su talento y su fuerza de trabajo en sacar adelante empresas que pueden desaparecer simplemente porque a un funcionario "ya no le gustaron".
Tomemos como ejemplo el caso de Aviacsa. En los hechos, Aviacsa fue una empresa que durante 17 años se mantuvo apegada a las reglas del sistema. No se creó al abrigo de una moda importada que estableciera "bajos costos" por decreto, sino que verdaderamente buscó un nicho de mercado que diera opciones a los usuarios que deseaban viajar punto a punto en rutas determinadas y no muy socorridas por las tradicionales. No tenía clase ejecutiva ni programas de viajero frecuente, pero se fue ganando la confianza de un segmento de la población, ocupando un lugar destacado en el mercado de migrantes.
Contrario a lo que ocurrió con otras empresas aéreas, creadas al vapor de intereses electorales o grupos políticos, sus trabajadores nunca se quejaron de que se les obligara a volar en condiciones de inseguridad. Más bien todo lo contrario: cuando sorpresivamente fue bajada de vuelo, los trabajadores de Aviacsa fueron sus más leales defensores. Pero ya sabemos que en el entorno actual, la opinión de los trabajadores no es considerada de la mayor importancia por las autoridades.
Otros ejemplos del sector también nos hablan de la poca seguridad jurídica que existe. Ahí está el conflicto de los sobrecargos con Mexicana, litigio que todavía no termina pero que muestra que los contratos colectivos (y por extensión cualquier contrato) se considera modificable de forma unilateral, lo que muestra que en este país no vale la negociación y el contrato (expresión de la voluntad de las partes) para hacer válida la palabra empeñada. Para quienes son "amigos" basta desdecirse y las autoridades cierran los ojos (justicia y gracia, decía Juárez).
Podrán hacerse todas las apologías de las decisiones de la actual administración en todos los espacios. Cuanto más resuenen los elogios hoy, más se escucharán las diatribas en cuanto se acabe su espacio de poder, como ha sucedido en innumerables ocasiones antes que ésta, porque las decisiones desaseadas que se tomen al amparo de la fuerza no tienen soporte válido.
Y los que hoy se sienten amparados por el manto del poder podrán perder ese privilegio si no existen las bases que les den verdadera seguridad jurídica, no la que se hace en el término de un sexenio desde un escritorio, sino la que nace del consenso y la verdadera visión de Estado, consensuada y con soporte de todos los involucrados. Esa sí sería una verdadera política pública
raviles_2@prodigy.net.mx
Despegues y Aterrizajes(Rosario Avilés | )
(In) Seguridad jurídica
Rosario Avilés | Opinión
Martes 20 de Octubre, 2009 | Hora de modificación: 00:35
Entre los argumentos esgrimidos para intervenir y quebrar a Luz y Fuerza del Centro se encuentra la falta de inversión extranjera que —supuestamente— se ha detenido porque la ineficiencia de dicha empresa causaba incertidumbre a los inversionistas. Curioso argumento para justificar la desaparición de una empresa y de su contrato colectivo con la intervención de la fuerza pública, previo ambiente de linchamiento mediático que recuerda otras gestas similares donde, por cierto, no sucedió nada que cambiara verdaderamente la situación de los trabajadores y las empresas.
Y es que si algo puede desalentar la inversión extranjera en cualquier país es la inseguridad jurídica que se genera con un clima de violencia, la impunidad que impide que se haga justicia, las sobrecargas fiscales en los pocos que pagan o el desacierto para manejar las crisis; las decisiones discrecionales, la permanencia en sus puestos de secretarios de Estado que no dan resultados y los intereses creados que impiden que las licitaciones públicas se concreten, sean del sector que sean, signos que abundan en este país y que son más importantes a la hora de decidir las inversiones.
Otro factor es la falta de políticas de Estado y de largo plazo, algo de lo que adolece nuestro sector del transporte aéreo, por más que la oficina del subsecretario se encuentre hoy tratando de redactar un documento que justifique que sí existe tal política (como tip: pueden "fusilarse" el documento que se redactó y publicó en el 2001, que como es una colección de frases bonitas y buenos deseos para dejar contentos a los puristas pero descobijados a los actores económicos). La realidad pura y dura es que ese documento no sirvió de nada.
Y ahí tenemos varios botones de muestra que sirven para ilustrar lo poco que se hace para darle seguridad jurídica no sólo a los inversionistas extranjeros, sino a los nacionales y a los trabajadores que invierten su talento y su fuerza de trabajo en sacar adelante empresas que pueden desaparecer simplemente porque a un funcionario "ya no le gustaron".
Tomemos como ejemplo el caso de Aviacsa. En los hechos, Aviacsa fue una empresa que durante 17 años se mantuvo apegada a las reglas del sistema. No se creó al abrigo de una moda importada que estableciera "bajos costos" por decreto, sino que verdaderamente buscó un nicho de mercado que diera opciones a los usuarios que deseaban viajar punto a punto en rutas determinadas y no muy socorridas por las tradicionales. No tenía clase ejecutiva ni programas de viajero frecuente, pero se fue ganando la confianza de un segmento de la población, ocupando un lugar destacado en el mercado de migrantes.
Contrario a lo que ocurrió con otras empresas aéreas, creadas al vapor de intereses electorales o grupos políticos, sus trabajadores nunca se quejaron de que se les obligara a volar en condiciones de inseguridad. Más bien todo lo contrario: cuando sorpresivamente fue bajada de vuelo, los trabajadores de Aviacsa fueron sus más leales defensores. Pero ya sabemos que en el entorno actual, la opinión de los trabajadores no es considerada de la mayor importancia por las autoridades.
Otros ejemplos del sector también nos hablan de la poca seguridad jurídica que existe. Ahí está el conflicto de los sobrecargos con Mexicana, litigio que todavía no termina pero que muestra que los contratos colectivos (y por extensión cualquier contrato) se considera modificable de forma unilateral, lo que muestra que en este país no vale la negociación y el contrato (expresión de la voluntad de las partes) para hacer válida la palabra empeñada. Para quienes son "amigos" basta desdecirse y las autoridades cierran los ojos (justicia y gracia, decía Juárez).
Podrán hacerse todas las apologías de las decisiones de la actual administración en todos los espacios. Cuanto más resuenen los elogios hoy, más se escucharán las diatribas en cuanto se acabe su espacio de poder, como ha sucedido en innumerables ocasiones antes que ésta, porque las decisiones desaseadas que se tomen al amparo de la fuerza no tienen soporte válido.
Y los que hoy se sienten amparados por el manto del poder podrán perder ese privilegio si no existen las bases que les den verdadera seguridad jurídica, no la que se hace en el término de un sexenio desde un escritorio, sino la que nace del consenso y la verdadera visión de Estado, consensuada y con soporte de todos los involucrados. Esa sí sería una verdadera política pública
raviles_2@prodigy.net.mx
