Opinión de (Rosario Avilés) |
Demasiado ruido, demasiadas manos
El aterrizaje de la quiebra de Mexicana puede terminar en un desplome con muchos más quebrantos de los previstos. Todo está en el cómo y en el quiénes deben manejar este asunto, para que un tema de por sí complicado y espinoso no termine por causar muchos más males que los que se pretende aminorar.
De entrada, las noticias que se tienen en las últimas semanas muestran que hay demasiadas manos metidas en las decisiones que tienen que ver con la aerolínea. Desde la Secretaría de Hacienda, la PGR, la Secretaría del Trabajo, el sector Economía hasta la propia SCT, no parece haber una visión de conjunto y desde luego, no existe la coordinación necesaria como para que unos y otros actúen de manera de lastimar lo menos posible a quienes de por sí ya fueron lastimados con los quebrantos que organizó Gastón Azcárraga y sus colaboradores.
De esta forma, vemos cómo mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirma que se buscará proteger el patrimonio de trabajadores y jubilados a través de la creación de un fideicomiso con lo que se recaude por la venta del MRO, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite un laudo favorable a la reclamación por 136 millones de pesos a un grupo de ex directivos de Mexicana, los cuales fueron en parte responsables de orquestar la quiebra planeada desde las oficinas de los abogados de Nuevo Grupo Aeronáutico.
Es decir, mientras a los sindicatos se les niega el embargo precautorio de los bienes de la empresa para resarcir el dinero que ellos ahorraron para sus jubilaciones y que fue sustraído de forma ilegal, a quienes fueron responsables de ese desfalco, entre ellos un ex miembro del Consejo de Administración, se les otorga el derecho de irse sobre esos bienes. ¡Para Ripley!
Por otra parte, la Dirección General de Aduanas, que encabeza Alejandro Chacón, quiere revocar al permiso que tienen los recintos fiscalizados de la empresa Borderless Aircargo, subsidiaria de Mexicana, aun cuando esta empresa es un activo que podría venderse para incrementar el monto que quede para las liquidaciones. Aunque no es muy grande, el negocio es rentable y genera ingresos anuales por 22 millones de pesos.
Además de que el juez de lo concursal protegió este activo, lo que Aduanas, que depende de Hacienda, quiere hacer iría en perjuicio directo de los acreedores y estaría en conflicto claro con la intención declarada por el presidente de la República de apoyar a los trabajadores que se quedaron sin sus ahorros y sin empleo.
Como si esto no fuera poco, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del sector Economía, otorgó en febrero pasado la marca Click Mexicana a Jacobo Lainado en varias de las 45 clases de que constan los registros de marca.
Aunque en las clases 39 y 43 que se refieren a transportación aérea y servicios de comida aún no se libera la marca para este solicitante, el marco legal le permitiría a este personaje que ya posee los derechos sobre casi todas las demás clases AUNQUE NO LAS HAYA UTILIZADO NUNCA, iniciar una demanda por caducidad en virtud de que hace más de tres años que el titular (es decir Nuevo Grupo Aeronáutico) no la ha utilizado porque no ha volado. Encima hay declaraciones oficiales respecto a que “pronto” se volverá a utilizar la marca Mexicana. ¿Pues que no está claro que ambas marcas SON UN ACTIVO que también vale y que puede ayudar a resarcir los daños?
Además, este derecho de marca está garantizado por una resolución del juez de lo concursal pero se ve que en el IMPI, de Miguel Ángel Margain, no se tomaron el trabajo de consultar el asunto a pesar de que la marca Click es más que notoria.
Para colmo, la semana pasada la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su dirección de Asuntos Jurídicos, propuso que el juzgado nombre a Alfonso Ascencio Trujeque como síndico de la quiebra. Sin duda que el Dr. Ascencio tiene conocimientos, pero el problema es que, además de haber trabajado para una empresa competidora, Volaris, y haber solicitado para ésta y en contra de los derechos de Mexicana algunas de las rutas de la aerolínea en Estados Unidos, aparece aún como representante de Volaris ante Canaero.
Si, como solía decir Don Jesús Reyes Heroles (quien fuera ideólogo del PRI), “en política la forma es fondo” esta designación no sólo no ayuda a concertar el acuerdo, sino que exacerba los enconos que ya existen con relación a la declaración de quiebra y afila las suspicacias acerca del destino de los activos de Mexicana de manera innecesaria. ¿Pos quién los asesora?
En fin, que para ser un proceso que lleva meses pensándose y preparándose para hacerlo como Dios manda (o al menos como Dios sugiere) las cosas no están resultando de la mejor manera y esta administración corre el riesgo de que se le haga bolas el engrudo.
Lo oí en 123.45: Una buena noticia es que existe ya un acuerdo entre la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para empezar un programa de auditorías internas para proveedores de servicios en tierra (servicios de rampa en aeropuertos), conocida como ISAGO. El programa inicia con un seminario esta semana en el Centro de Capacitación “Roberto Kobeh” de ASA.
Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
raviles_2@prodigy.net.mx
De entrada, las noticias que se tienen en las últimas semanas muestran que hay demasiadas manos metidas en las decisiones que tienen que ver con la aerolínea. Desde la Secretaría de Hacienda, la PGR, la Secretaría del Trabajo, el sector Economía hasta la propia SCT, no parece haber una visión de conjunto y desde luego, no existe la coordinación necesaria como para que unos y otros actúen de manera de lastimar lo menos posible a quienes de por sí ya fueron lastimados con los quebrantos que organizó Gastón Azcárraga y sus colaboradores.
De esta forma, vemos cómo mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirma que se buscará proteger el patrimonio de trabajadores y jubilados a través de la creación de un fideicomiso con lo que se recaude por la venta del MRO, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite un laudo favorable a la reclamación por 136 millones de pesos a un grupo de ex directivos de Mexicana, los cuales fueron en parte responsables de orquestar la quiebra planeada desde las oficinas de los abogados de Nuevo Grupo Aeronáutico.
Es decir, mientras a los sindicatos se les niega el embargo precautorio de los bienes de la empresa para resarcir el dinero que ellos ahorraron para sus jubilaciones y que fue sustraído de forma ilegal, a quienes fueron responsables de ese desfalco, entre ellos un ex miembro del Consejo de Administración, se les otorga el derecho de irse sobre esos bienes. ¡Para Ripley!
Por otra parte, la Dirección General de Aduanas, que encabeza Alejandro Chacón, quiere revocar al permiso que tienen los recintos fiscalizados de la empresa Borderless Aircargo, subsidiaria de Mexicana, aun cuando esta empresa es un activo que podría venderse para incrementar el monto que quede para las liquidaciones. Aunque no es muy grande, el negocio es rentable y genera ingresos anuales por 22 millones de pesos.
Además de que el juez de lo concursal protegió este activo, lo que Aduanas, que depende de Hacienda, quiere hacer iría en perjuicio directo de los acreedores y estaría en conflicto claro con la intención declarada por el presidente de la República de apoyar a los trabajadores que se quedaron sin sus ahorros y sin empleo.
Como si esto no fuera poco, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, del sector Economía, otorgó en febrero pasado la marca Click Mexicana a Jacobo Lainado en varias de las 45 clases de que constan los registros de marca.
Aunque en las clases 39 y 43 que se refieren a transportación aérea y servicios de comida aún no se libera la marca para este solicitante, el marco legal le permitiría a este personaje que ya posee los derechos sobre casi todas las demás clases AUNQUE NO LAS HAYA UTILIZADO NUNCA, iniciar una demanda por caducidad en virtud de que hace más de tres años que el titular (es decir Nuevo Grupo Aeronáutico) no la ha utilizado porque no ha volado. Encima hay declaraciones oficiales respecto a que “pronto” se volverá a utilizar la marca Mexicana. ¿Pues que no está claro que ambas marcas SON UN ACTIVO que también vale y que puede ayudar a resarcir los daños?
Además, este derecho de marca está garantizado por una resolución del juez de lo concursal pero se ve que en el IMPI, de Miguel Ángel Margain, no se tomaron el trabajo de consultar el asunto a pesar de que la marca Click es más que notoria.
Para colmo, la semana pasada la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de su dirección de Asuntos Jurídicos, propuso que el juzgado nombre a Alfonso Ascencio Trujeque como síndico de la quiebra. Sin duda que el Dr. Ascencio tiene conocimientos, pero el problema es que, además de haber trabajado para una empresa competidora, Volaris, y haber solicitado para ésta y en contra de los derechos de Mexicana algunas de las rutas de la aerolínea en Estados Unidos, aparece aún como representante de Volaris ante Canaero.
Si, como solía decir Don Jesús Reyes Heroles (quien fuera ideólogo del PRI), “en política la forma es fondo” esta designación no sólo no ayuda a concertar el acuerdo, sino que exacerba los enconos que ya existen con relación a la declaración de quiebra y afila las suspicacias acerca del destino de los activos de Mexicana de manera innecesaria. ¿Pos quién los asesora?
En fin, que para ser un proceso que lleva meses pensándose y preparándose para hacerlo como Dios manda (o al menos como Dios sugiere) las cosas no están resultando de la mejor manera y esta administración corre el riesgo de que se le haga bolas el engrudo.
Lo oí en 123.45: Una buena noticia es que existe ya un acuerdo entre la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para empezar un programa de auditorías internas para proveedores de servicios en tierra (servicios de rampa en aeropuertos), conocida como ISAGO. El programa inicia con un seminario esta semana en el Centro de Capacitación “Roberto Kobeh” de ASA.
Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio.
raviles_2@prodigy.net.mx