MEXICANA Y LA FAMILIA AZCÁRRAGA
Revista Fortuna Redacción 14 enero de 2014
El conflicto de Mexicana de Aviación dividió a la familia Azcárraga y no sólo fueron los empleados de la aerolínea los que, hasta ahora, han aportado información a las autoridades bursátiles y hacendarias para cuadrar los delitos por los que podría ser detenido el ex presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios durante el gobierno de Vicente Fox.
Habrían sido los propios familiares y accionistas del Grupo Posadas los que entregaron información valiosa para determinar que sí, en efecto, se generó una actitud dolosa al no emitir en tiempo información y la comunicación con el mercado de valores en la que se reportara la situación real de la aerolínea, pero tampoco ciertos movimientos contables. El interés de los accionistas del Grupo Posadas era aislar a la compañía de probables acciones legales que perjudicaran el patrimonio familiar.
Con todo y eso, no fue un camino sencillo el que siguieron los representantes de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) para obligar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, emitiera una opinión de delito respecto a las omisiones de información por parte de los accionistas y el Consejo de Administración del Grupo Posadas, a propósito del cierre de operaciones de Mexicana de Aviación.
La CNBV recibió hace más de un año la petición de los pilotos, vía sus denuncias ante las autoridades judiciales, de establecer —como perito en la materia— si Azcárraga había incurrido en delitos contemplados en la Ley del Mercado de Valores.
La primera sorpresa fue la intención de cuadrar el delito en las sanciones contempladas con prisión de 1 a 5 años en el Artículo 383 de esta legislación. En efecto, ASPA integró varios tomos de evidencias que demostrarían la omisión de información por parte de Posadas.
El 30 de septiembre de 2011, ASPA presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia que después se radicó en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros bajo el número de averiguación previa UEIDFF/FINM13/223/2011.
Esa investigación fue remitida a la CNBV para determinar si los hechos que se investigaban, en efecto, podrían ser sancionados con una pena de prisión. Finalmente, fue hasta el pasado 25 de octubre cuando las autoridades bursátiles aceptaron emitir una opinión en la que ratificaron la "conducta dolosa desplegada por Gastón Azcárraga, en su carácter de director general de Grupo Posadas", en la época de los hechos denunciados.
En la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, no se tiene registro de la emisión del evento relevante, como lo marca la Circular Única de Emisoras. Por ello, a Gastón Azcárraga la CNBV lo ubica como probable responsable de delitos bursátiles que ameritan que las autoridades judiciales libren en su contra una orden de aprehensión.
Esta acusación de tipo penal sólo sería, sin embargo, la punta del iceberg, porque en contra del empresario se han presentado varias denuncias que podrían culparlo de administración fraudulenta y hasta de evasión de impuestos.
En septiembre, además, tan sólo unas semanas antes de que la CNBV liberara esta opinión, Gastón Azcárraga vendió su participación en la empresa en medio del enrarecido ambiente que dejaron los meses previos al inicio de investigaciones formales dirigidas a deslindar responsabilidades en este caso que mantiene sin empleo a 7 mil trabajadores.
Un dato curioso para el anecdotario y la numeralia del caso: si la exprocuradora suiza, Carla del Ponte, reveló que en el búnker que resguardaba sus oficinas en la ciudad de Berna varias habitaciones se llenaron de documentos para demostrar la culpabilidad de Raúl Salinas de Gortari en la transferencia de recursos a bancos helvéticos —resultado (aseguraba Del Ponte) del tráfico de influencias— en México ya se engrosaron al menos 10 tomos con documentación que demostraría que Azcárraga sí buscó beneficiarse con la debacle de Mexicana de Aviación.
