20 enero 2014

DEL CORREO DEL BLOG

AICM vs. Fumisa, debe intervenir SCTEl Lun, 20 de Enero de 2014, 00:19 am, por Maricarmen Cortés

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, no se ha pronunciado hasta el momento en torno a la batalla jurídica entre Fumisa de Fondo Advent y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la zona comercial y estacionamientos de la Terminal 1.
El pleito se ha acrecentado y ha puesto en una verdadera encrucijada a aerolíneas y locatarios que no saben a quién pagarle la renta ni la validez jurídica de los contratos que a partir del inicio de año está firmando el AICM ya en forma directa.
El AICM, que dirige Alfonso Sarabia, insiste en que el contrato con Fumisa venció el pasado 31 de diciembre tras 20 años de concesión, y, aunque no ha procedido al desalojo del personal de Fumisa, sí ejerce una fuerte presión para que desalojen las oficinas que ocuparon durante 20 años. El AICM emitió el viernes un comunicado informando que el Juez 29 de lo Civil emitió un acuerdo en el que deja sin efecto el interdicto que le permitía a Fumisa subarrendar 732 locales comerciales, 42% de dos mil cajones de estacionamiento internacional y 11 pasillos telescópicos en la terminal 1.
Para el Juez, el interdicto que se desprende de la resolución de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal sólo surtía efecto durante la vigencia del contrato que venció el pasado 31 de diciembre.
Sin embargo, Fumisa, que dirige Ruffo Pérez, insiste en que el AICM viola la ley y ahora acusa también al juez Francisco Sergio Lira de pasar por encima de una decisión de un tribunal superior, y reitera que el contrato sigue vigente porque no ha alcanzado su tasa de retorno de 12.8% anual.
Evidentemente, Ruiz Esparza debe dejar muy clara la postura de la SCT para darle una mayor certidumbre a aerolíneas y locatarios porque no estamos hablando de un pleito mercantil entre particulares. El AICM es una empresa que depende directamente de la SCT; son terrenos federales y el gobierno federal debe dejar muy claro que sí respeta la ley y los contratos con particulares.