Ayer por la mañana se realizó en el juzgado de Edith Alarcón la reunión entre los acreedores de la base de mantenimiento de Mexicana de Aviación y quienes detentan las acciones en la cual básicamente se mantuvieron las mismas posturas.
Los accionistas de Aeropuertos y Terrenos, así como Nuevo Grupo Aeroportuario aceptaron en principio la oferta de capitalización ofrecida por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bancomext y Banorte.
Los accionistas propusieron que se nombre a un perito designado por el juzgado que se encargue de determinar qué porcentaje tienen los actuales accionistas, así como los acreedores reconocidos. La intención es que se determine claramente cuál es el porcentaje de cada uno considerando que, dijeron, el importe de algunos créditos reconocidos debe ser disminuido en función de los recursos provenientes del fideicomiso de garantía.
NGA y AT mantuvieron su postura de que no conocen formalmente la propuesta de los acreedores para la capitalización de la empresa. De hecho, insistieron en que existe un acuerdo en el juzgado para que se pueda determinar cuál es el monto de los créditos, así como el monto de deuda que conservará la empresa.
Los actuales accionistas de la base de mantenimiento además, dicen, que no les han explicado con claridad cómo se integrará el fideicomiso consolidado para liquidar a los ocho mil 500 trabajadores.
Los representantes del AICM, Banorte y Bancomext negaron la posibilidad que se determine un perito valuador por parte del juzgado y establecieron que el monto de sus créditos se debe aplicar íntegramente, es decir, sin ningún descuento al momento de fijar la capitalización que se hará y la distribución de los porcentajes accionarios.
Ante la falta de acuerdo de las posturas, la juez Alarcón convocó a las partes para que hoy por la mañana tengan una nueva reunión de trabajo.
Lectura
Hay dos posiciones encontradas. La de quienes tienen las acciones de la base de mantenimiento MRO y la de los acreedores. Como hemos planteado en esta columna, los primeros quieren no sólo mayores precisiones, sino además un manejo del proceso.
La posición de los acreedores es que ellos tienen 82% de las acciones y que Tenedora K y/o el despacho de Jorge Gastélum sólo tienen 8% de los títulos y pretenden quedarse con la mitad de la base de mantenimiento.
Señalan que están obstaculizando un acuerdo que beneficiaría no sólo a los mil 200 trabajadores que hoy tiene la base de mantenimiento, sino también a todos los que en su momento perdieron el trabajo hace 38 meses por culpa de Gastón Azcárraga y que suman los ocho mil 500 en total.
Mucho más allá de las posiciones de una y otra parte, la realidad es que se deben comprender varios puntos:
Primero. A nadie beneficia la falta de un acuerdo que podría derivar en la pérdida de viabilidad de MRO, una empresa que tiene licencias internacionales para atender aviones Boeing, Airbus y Fokker.
Segundo. Que la falta de un acuerdo de capitalización de estos adeudos prontos perjudica absolutamente a todos.
Así las cosas, se tienen que buscar medidas no sólo por los acreedores, la juez y los tenedores de las acciones para garantizar que este convenio funcione en beneficio de los afectados.
Los accionistas de Aeropuertos y Terrenos, así como Nuevo Grupo Aeroportuario aceptaron en principio la oferta de capitalización ofrecida por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bancomext y Banorte.
Los accionistas propusieron que se nombre a un perito designado por el juzgado que se encargue de determinar qué porcentaje tienen los actuales accionistas, así como los acreedores reconocidos. La intención es que se determine claramente cuál es el porcentaje de cada uno considerando que, dijeron, el importe de algunos créditos reconocidos debe ser disminuido en función de los recursos provenientes del fideicomiso de garantía.
NGA y AT mantuvieron su postura de que no conocen formalmente la propuesta de los acreedores para la capitalización de la empresa. De hecho, insistieron en que existe un acuerdo en el juzgado para que se pueda determinar cuál es el monto de los créditos, así como el monto de deuda que conservará la empresa.
Los actuales accionistas de la base de mantenimiento además, dicen, que no les han explicado con claridad cómo se integrará el fideicomiso consolidado para liquidar a los ocho mil 500 trabajadores.
Los representantes del AICM, Banorte y Bancomext negaron la posibilidad que se determine un perito valuador por parte del juzgado y establecieron que el monto de sus créditos se debe aplicar íntegramente, es decir, sin ningún descuento al momento de fijar la capitalización que se hará y la distribución de los porcentajes accionarios.
Ante la falta de acuerdo de las posturas, la juez Alarcón convocó a las partes para que hoy por la mañana tengan una nueva reunión de trabajo.
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Hay dos posiciones encontradas. La de quienes tienen las acciones de la base de mantenimiento MRO y la de los acreedores. Como hemos planteado en esta columna, los primeros quieren no sólo mayores precisiones, sino además un manejo del proceso.
La posición de los acreedores es que ellos tienen 82% de las acciones y que Tenedora K y/o el despacho de Jorge Gastélum sólo tienen 8% de los títulos y pretenden quedarse con la mitad de la base de mantenimiento.
Señalan que están obstaculizando un acuerdo que beneficiaría no sólo a los mil 200 trabajadores que hoy tiene la base de mantenimiento, sino también a todos los que en su momento perdieron el trabajo hace 38 meses por culpa de Gastón Azcárraga y que suman los ocho mil 500 en total.
Mucho más allá de las posiciones de una y otra parte, la realidad es que se deben comprender varios puntos:
Primero. A nadie beneficia la falta de un acuerdo que podría derivar en la pérdida de viabilidad de MRO, una empresa que tiene licencias internacionales para atender aviones Boeing, Airbus y Fokker.
Segundo. Que la falta de un acuerdo de capitalización de estos adeudos prontos perjudica absolutamente a todos.
Así las cosas, se tienen que buscar medidas no sólo por los acreedores, la juez y los tenedores de las acciones para garantizar que este convenio funcione en beneficio de los afectados.
